MARTES Ť 22 Ť MAYO Ť 2001

Ť Expresa la preocupación de Naciones Unidas por el racismo que existe en México

Impunidad, origen de la crisis de credibilidad en el sistema judicial, afirma relator de la ONU
 
Ť Advierte que se requerirá mucho tiempo para erradicar la desconfianza de la población

VICTOR BALLINAS ENVIADO

Tepic, Nay., 21 de mayo. "Se va a requerir todavía mucho tiempo para consolidar los cambios que se están emprendiendo en materia de justicia en México, porque el pasado pesa mucho. La gente, la sociedad, todavía sospecha demasiado y no tiene confianza en las instituciones encargadas de procurar y administrar justicia", aseveró hoy aquí el relator de la ONU para la Independencia de Jueces y Abogados, Dato'Param Cumaraswamy.

Durante la reunión que sostuvo con los magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado, y luego en las reuniones de trabajo con el procurador de Justicia estatal, Jorge Armando Bañuelos, el relator manifestó que "a menos que la población vea resultados concretos de los cambios es que podrá creer en lo que se les dice. Porque no es fácil aceptar lo que se está diciendo tanto ahora acerca del cambio, porque en el pasado no se actuó como se debía y se cobijó la impunidad".

param_onu1El relator insistió luego en entrevista que en el pasado, esa manera de no investigar, de no atender los casos y las averiguaciones previas, generó una crisis de credibilidad en las instituciones y que no haya confianza en la administración de justicia. "Están realizando cambios, pero habrá que esperar a que haya resultados".

El presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Jesús Ramírez García, dijo que Cumaraswamy le recomendó que para ganar la credibilidad es necesario acercarse a las ONG, a los detenidos y a los familiares de las víctimas. "La credibilidad se va a ganar con el tiempo, pero ahora hay muchos agraviados, se han solapado muchos casos de corrupción y la población no tiene confianza".

Reconoció que en el país se abandonó durante muchos años la justicia. Ahora se ubica en los primeros lugares de la preocupación gubernamental, pero antes la importancia que se le dio, era mínima y se solapó la corrupción y la impunidad.

Más tarde, en la entrevista con el procurador de justicia del estado, Jorge Armando Bañuelos, el relator inquirió sobre qué acciones llevaba a cabo esa dependencia para ganarse la confianza ciudadana. "Le manifesté que estamos trabajando a favor de los derechos humanos, que estamos dando la batalla contra la impunidad porque antes ésta existía donde los ministerios públicos y jueces no eran profesionales, capaces ni eficientes. Hoy estamos en una campaña para erradicar la impunidad en todas sus formas, sostuvo".

El procurador no aceptó que exista una crisis de las instituciones y dijo que es uno de los funcionarios del "cambio", porque la gente votó por el cambio, votó en contra del PRI, y desde que el gobernador ganó, la confianza se siente".

Por su parte, en la entrevista con el secretario de Gobierno del estado, Adam Meza Barajas, quien es impugnado por PRI y PAN debido a que ocupa un puesto gubernamental pero no ha renunciado a su cargo como magistrado, indicó que en la reunión con el relator éste preguntó si el gobierno del estado aceptaría una recomendación de la ONU para que Nayarit fuera un estado piloto para modernizar la justicia, para poner en marcha novedosas acciones que recuperen la confianza.

El relator precisó: "yo estaba hablando en voz alta cuando dije que si se aceptaría que Nayarit fuera un estado piloto. Quería ver cuál era la respuesta del gobierno y cómo aceptaba el cambio. Pero todavía tardará un poco en que haya propuestas concretas para hacerlo un plan piloto".

Meza Barajas insistió en que es cierto que hay impunidad y corrupción, pero que se están dando los pasos para acabar con esos vicios. Agregó que también es cierto que no se acabarán de la noche a la mañana y por ello debe haber paciencia en la sociedad.

Luego dijo que en un rápido análisis que se le hizo al relator se dejó claro que la impunidad no es privativa de México y que la crisis de las instituciones se vive en varias naciones de América y Europa. Este, añadió, es un problema que tiene que atenderse de manera integral, no sólo con capacitación y equipamiento.

El relator de la ONU insistió ante ONG en que en el gobierno se están llevando a cabo cambios, algunos están en marcha, hay que darle tiempo a las autoridades para que se consoliden y entonces analizar los resultados que se obtengan.

A las ONG que nuevamente le expusieron casos de impunidad, de corrupción y de que el actual gobernador solapa a criminales, Cumaraswamy los instó a que interpongan denuncias ante las autoridades correspondientes. "No pueden nada más sospechar que no se les va a atender y no recurrir a sus autoridades, tienen que hacerlo, y sólo en el caso de que no se les atienda o no se investigue su denuncia entonces recurran a los organismos internacionales, porque hay casos que me exponen que ya son de años, y otros en los que no han presentado denuncias. Les recomiendo que lo hagan para fortalecer su lucha y, al mismo tiempo, enfrentar la impunidad".

Para concluir su visita a Nayarit se entrevistó con la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del estado, Luz María Parra Cabeza de Vaca, quien dijo al relator que en esa entidad no se aceptan algunas de las recomendaciones emitidas por esa instancia y en concreto, le entregó la recomendación 2001, en la que resalta el hecho de que la Policía Judicial del estado asesinó a un joven indígena de 15 años de nombre José Reynaldo de la Cruz. La procuraduría del estado no aceptó la recomendación y se dedicó a denostar a la comisión, "cuando en las investigaciones se desprende la responsabilidad de la Policía Judicial en el asesinato, y en lugar de investigar y castigar a los responsables, la procuraduría del estado se ha dedicado a protegerlos y solaparlos".

El relator guardó el expediente y le planteó a la ombudsman que lo estudiará con cuidado para emitir alguna recomendación al respecto. Subrayó que le preocupa que en México haya racismo y discriminación hacia los indígenas por parte de autoridades, jueces y magistrados.