En su estancia en nuestro país, el secretario de Justicia de Estados Unidos, John Ashcroft, se reunió con el presidente Vicente Fox, con el procurador Rafael Macedo de la Concha, con el canciller Jorge G. Castañeda, con el secretario de Gobernación, Santiago Creel, y con el comisionado de Seguridad Nacional, Adolfo Aguilar Zinser. En tales reuniones se abordó temas cruciales para la relación bilateral, en los cuales las actitudes de Washington deben ser redefinidas. 

Sin duda, el asunto de la cooperación en materia de narcotráfico es, para el gobierno de la nación vecina, el de mayor relevancia y valor político interno, y en esta materia Ashcroft logró el compromiso de ambas partes de fortalecer la lucha contra las drogas. Tal compromiso no necesariamente refleja, sin embargo, la actualización de percepciones y mentalidades que empieza a tener lugar en la clase política de Washington, la cual ha comenzado a descubrir --con décadas de retraso-- que para erradicar el contrabando de sustancias ilícitas hacia Estados Unidos el primer paso obligado consiste en combatir la demanda de tales sustancias entre los consumidores estadunidenses, y no pretender la erradicación de la producción y el trasiego de drogas en los países de origen y tránsito sin reducir, en forma paralela, el vastísimo e insaciable mercado interno para tales drogas. 

Nuestro país, ciertamente, tiene la obligación de Estado de perseguir a las mafias del narcotráfico, pero no con el propósito de dar gusto a los vecinos ni para pretender la solución de su problema de salud pública, sino para cumplir con la legislación nacional en la materia. Sin embargo, para México el conflicto prioritario de la agenda bilateral es la protección de los trabajadores nacionales que acuden a la nación vecina en busca de oportunidades laborales y que son tratados como criminales por las autoridades estadunidenses, e incluso por sectores patológicos y delictivos de la propia sociedad. 

En este punto las actitudes de Washington también han ido evolucionando, si bien con una lentitud exasperante, y desde la presidencia de Clinton empezó a reconocerse, en círculos oficiales, el gran aporte económico, cultural y social que realizan los migrantes mexicanos a la Unión Americana. En sintonía con los deseos de George W. Bush de mejorar las relaciones con México, Ashcroft y el canciller Castañeda abordaron algunas perspectivas positivas a este respecto, como la de aumentar la cuota de visados para trabajadores mexicanos y regularizar, mediante programas de trabajadores huéspedes, las dolorosas e injustas circunstancias que enfrentan nuestros connacionales en el país vecino. 

Ante la necesaria adopción de políticas de fronteras abiertas al trabajo --en concordancia con la apertura comercial vigente--, las mencionadas son acciones insuficientes que ni siquiera han sido llevadas a la práctica, pero significarían, de adoptarse, un avance plausible con respecto a la terrible situación actual de la migración mexicana a Estados Unidos.