JUEVES Ť 24 Ť MAYO Ť 2001
Ť La escasez de fondos pone en riesgo el funcionamiento del aparato de justicia, indica
Góngora: las restricciones presupuestales afectan negativamente al Poder Judicial
Ť Propone que en la Constitución se fije un porcentaje mínimo de los recursos del sector
Ť El magistrado participa en la cumbre iberoamericana de presidentes de Cortes Supremas
En el marco de las recientes acusaciones sobre la impunidad que hay en México, por parte del relator especial de la ONU para la Independencia de Jueces y Abogados, Dato'Param Cumaraswamy, el presidente de la Suprema Corte, ministro Genaro Góngora Pimentel, criticó los señalamientos con los que "se busca calificar a las justicias únicamente en función de sus debilidades internas, dejando fuera factores externos, como es el caso de las restricciones presupuestales que repercuten directa y negativamente en el funcionamiento del Poder Judicial".
Al participar ayer en la sexta Cumbre Iberoamericana de Presidentes de Cortes Supremas y Tribunales Supremos de Justicia en Tenerife, España, Góngora señaló que un mal funcionamiento del Poder Judicial aleja el acceso a la justicia de los ciudadanos.
En el marco de esa reunión, las delegaciones participantes aprobaron la propuesta de México para promover acciones que lleven al establecimiento de un porcentaje mínimo en las Constituciones destinado a los poderes judiciales.
Ello en virtud de que las limitaciones presupuestales afectan gravemente el acceso a la justicia y amplían la brecha entre la demanda y el servicio efectivo.
En el foro que tiene lugar en Tenerife, las delegaciones asistentes coincidieron en que las limitaciones presupuestales afectan gravemente el acceso a la justicia, negándose así la posibilidad de que los poderes judiciales cumplan con su obligación de impartir justicia pronta, completa e imparcial.
Al presentar su propuesta, denominada Previsión presupuestal constitucional, Góngora Pimentel reconoció que "hay una gran preocupación en México por no contar en la Constitución con un porcentaje mínimo para el presupuesto del Poder Judicial, lo que ha obligado a éste a someterse al cabildeo anual con los partidos políticos representados en el Congreso, con la intención de no verse sorpresivamente afectado por disminuciones que han puesto en riesgo el funcionamiento y crecimiento de la justicia federal mexicana".
Precisó que la declaración de la Cumbre Iberoamericana de Presidentes de Cortes Supremas respecto a la autonomía presupuestal de los poderes judiciales se produce en un momento en que se busca calificar a las justicias únicamente en función de sus debilidades internas, dejando fuera factores externos, como es el caso de las restricciones presupuestales que repercuten directa y negativamente en el funcionamiento del Poder Judicial.
Góngora Pimentel señaló que la viabilidad de los poderes judiciales no puede concretarse si, desde las esferas políticas y desde los órganos legalmente facultados para aprobar el presupuesto, se establecen limitaciones económicas.
El también presidente del Consejo de la Judicatura Federal advirtió que un Poder Judicial puede debilitarse si no cuenta con los recursos económicos suficientes, lo que tendría efectos lamentables para el fortalecimiento de las democracias emergentes.
En respuesta a su demanda presupuestal, Góngora aceptó que "debemos corresponder con el ejercicio eficiente y transparente de los recursos económicos, porque éstos provienen de los ciudadanos".
En la cumbre se indicó que las aprobación del presupuesto del Poder Judicial implica el deber de transferencia efectiva y oportuna de los recursos correspondientes a éste.
En la reunión iberoamericana participan, entre otras naciones: Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Colombia, Venezuela, Uruguay, Chile, Argentina, Cuba, Puerto Rico, República Dominicana, España y Portugal.