jueves Ť 24 Ť mayo Ť 2001

Soledad Loaeza

Abuso de confianza

En México una de las experiencias más atractivas del cambio político de los últimos veinte años ha sido la expresión y redefinición de una diversidad ideológica que las pretensiones del unanimismo priísta habían negado. No hay más que leer los encabezados de los muchos diarios que se publican en el país para toparse con esta diversidad. Un periódico le da las ocho columnas a las opiniones del arzobispo x sobre la publicidad más reciente del pan Bimbo; pero otro las dedica a la denuncia de los costos del IPAB para los contribuyentes; mientras que el periódico de enfrente destaca las ventajas de la venta de Banamex para la empresa privada y, por ende, nos dice, para todo el país. Los titulares bastan para reconocer las diferencias ideológicas que, a su vez, traducen no sólo opiniones, sino intereses encontrados, y desde luego, filias y fobias partidistas. Casi ningún medio de comunicación en México hoy en día se escapa a estos condicionamientos. No obstante este hecho que constatamos todos los días al escuchar el radio, ver la televisión o leer los periódicos, en el democrañol que muchos se empeñan en hablar no se reconoce esta diversidad y se defiende una supuesta asepsia ideológica que, según decía el filósofo francés Alain, es una característica de la derecha.

Por reacción al control sobre la información que ejercían los gobiernos del pasado autoritario, ante su derrumbe la opinión pública ha sido generosa con los medios y les ha otorgado el beneficio de la duda en el proceso de cambio político: los ha reconocido más como agentes de democratización que como empresas. Por ejemplo, el antigobiernismo, que fue para muchos políticos primerizos la escalera más corta al poder, en los medios se convirtió en una fórmula segura de éxito comercial que en más de un caso no estaba vinculado con una postura ideológica, sino con la simple supervivencia o la búsqueda de más clientes. Como es evidente, a estos medios que buscaban abrirse paso en un mercado en expansión --gracias a la creciente politización de la sociedad-- lo que menos les interesaba era una identidad ideológica explícita. La estrategia de revestir sus preferencias se ha visto favorecida por una opinión pública dispuesta que ha aceptado de buena fe la fantasía de que al soltar los amarres de la información, se ha liberado al medio periodístico de sus peores vicios del pasado. Sin embargo, todo sugiere que en ese plano los cambios se han producido con más lentitud que entre los priístas, y en el peor de los casos la confianza de la opinión pública y la ausencia de controles ha dado pie a la manipulación y la desinformación. Hay columnistas que todos los días publican, a su manera, sus muy personales listas de amigos y de enemigos.

La confianza de la opinión pública y el peso que ésta ha adquirido sobre las decisiones gubernamentales ha hecho de los medios un factor de poder; sin embargo, pocos de ellos se han reconocido como tal, porque hacerlo supondría asumir una responsabilidad social que los obligaría a renunciar a métodos y estilos poco elegantes, que han utilizado para ampliar su influencia. Hasta ahora la gran mayoría acepta sólo la autoridad del mercado para regular su comportamiento. En medio de la confusión en cuanto a los límites y las reglas de la democracia, los medios han creído que pueden sustituir a instituciones políticas fundamentales: algunos gustan de erigirse en autoridad electoral; otros pretenden usurpar las funciones del Congreso y de los partidos, mediante "consultas directas" en las que promueven causas o denuncias, por las que el medio en cuestión ha mostrado un interés particular.

Uno de los casos más graves de esta suplantación de funciones y de abuso de poder de los medios estuvo a cargo de la televisora que levantó una "encuesta" telefónica preguntando al público si se debía dictar arraigo domiciliario contra la ex jefa de gobierno del Distrito Federal, Rosario Robles, luego de la denuncia hecha por un diario a propósito de supuestas irregularidades durante su gestión. Esta iniciativa es equivalente a los linchamientos en los que unos manipulan los prejuicios y la ignorancia de muchos, haciendo caso omiso de la ley, promoviendo acciones bárbaras e incontrolables. La televisora no podía y no debía difundir información pertinente en torno a una investigación en curso, y los televidentes no contamos con la autoridad ni los elementos de juicio para responder a la consulta, pero el resultado fue aterrador: más de 90 por ciento de los encuestados se pronunció a favor del arraigo domiciliario. La señora Robles fue condenada en una suerte de juicio popular, que nada tiene que ver con la democracia, pero mucho en cambio con las formas más primitivas de ejercicio del poder. Más allá de las responsabilidades en que pudo haber incurrido la funcionaria, aquí la televisora cometió un acto de intimidación y provocación. En cualquier país civilizado semejante irresponsabilidad habría sido multada por la autoridad. Este es sólo un ejemplo de muchas acusaciones sin fundamento, escándalos de papel, vendettas personales, mensajitos entre funcionarios y advertencias siniestras que invaden los medios del México democrático y erosionan los principios mismos en que se funda. Y nadie hace nada.

En el largo proceso de aprendizaje que ha sido la democratización mexicana, los medios han sido incentivo y riesgo; y más lo segundo que lo primero. Como lectores, radioescuchas y televidentes hemos tenido que sufrir la irresponsabilidad, la estridencia, el amarillismo, los equívocos y la grosería de los medios. Lo peor de todo es que mucho de eso no es más que otra manifestación del subdesarrollo.