domingo Ť 27 Ť mayo Ť 2001

Néstor de Buen

Entre prosperidades anunciadas y despidos masivos

Si hacemos caso de los discursos optimistas de Vicente Fox, vivimos en la antesala de la total prosperidad. El dólar se inclina reverente ante la fortaleza del peso; las reservas en divisas alcanzan cifras inimaginables, sube la Bolsa y nuestro Presidente vendedor viaja por todos los rumbos del planeta (eso sí es globaliflia) ofreciendo en venta lo que México produce o tiene.

šExcelente!

Pero el problema es otro. En estos días se han presentado en mi despacho varias personas que tienen en común que trabajan o trabajaban para el Estado, para organismos descentralizados o para la banca de desarrollo, con antigüedades notables y derechos en curso para ser jubilados a los que, olímpicamente, les enseñan la puerta y les dicen que se vayan buscando otra cosa que hacer.

A algunos les ofrecen lo que eufemísticamente se denomina "retiro voluntario", que de lo primero tiene mucho y de lo segundo nada. Podría calificarse, desde la perspectiva del empleado, de "despido involuntario". Pero esa oferta, que ni a generosa llega, olvida algo muy importante: los derechos pasivos que se han ido creando, no por virtud de la ley o de las leyes, sino en función de planes de jubilación convencionales, para los cuales esos trabajadores han hecho aportaciones importantes y que no se ofrece devolverles, si es que esa devolución, con sus beneficios financieros, fuese una solución, que no lo es del todo.

El tema se arma con base en la majadería de la ley burocrática de excluir de sus reglas, sin razón constitucional alguna, a los empleados de confianza, a los que se despide creyendo que se puede hacerlo libremente. Y respecto del apartado A o de ese engendro que es la Ley Reglamentaria de la fracción 13 bis del apartado B del artículo 123 constitucional (para la banca de desarrollo), notablemente inconstitucional (salvo para la querida Suprema Corte) porque la fracción 13 bis ya no es igual que cuando se promulgó ni existe tampoco el párrafo quinto del artículo 28 constitucional, que dio origen a esa ley, aunque tienen los de confianza derecho a la indemnización, se hacen los occisos con sus derechos jubilatorios convencionales.

En otras palabras: a los simples burócratas de confianza (la inmensa mayoría) les dicen "adiós, que te vaya bien", y se acabó el jaleo. A los desarrollistas bancarios les pagan indemnizaciones, pero se comen sus fondos de retiro. A los miembros de organismos descentralizados (IMSS, por si no lo saben) les ofrecen las indemnizaciones importantes del CCT (šmuy importantes!), pero se guardan las aportaciones hechas al Plan de Pensiones, que también son parte del mismo CCT. Y con el supuesto ejercicio de ese derecho de despedir a quienes no tienen derecho a la estabilidad en el empleo, les privan, muchas veces a unos cuantos meses de la jubilación, de su derecho a jubilarse. Y que conste: no son las pensiones para los asegurados del IMSS. Son planes internos.

Es obvio que esas conductas son tramposas. Y yo digo que están muy cerca de convertirse en fraudes si no se les pone remedio, porque tranquilamente se deshacen del compromiso de jubilar, despidiendo. Y se quedan, muy contentos, con los fondos de retiro.

He dicho a quienes me consultan que lo visible es que independientemente de resolver el problema del despido, en algunos casos con el ejercicio de la opción constitucional de demandar o la indemnización o la reinstalación (trabajadores de planta y de base), lo que se tiene que hacer es que si el patrón despide sin causa justificada y se niega a reinstalar por ser el trabajador de confianza, le caerá en la cabeza, por lo menos, una demanda de daños y perjuicios, si es que no hay otras responsabilidades (ya dirá algún penalista) que le obligará a entregar el capital constitutivo de la pensión cuando las circunstancias lo exijan o a devolver con los intereses compuestos generados los fondos de retiro convencionales independientemente de los pagos laborales.

El problema, desde la otra perspectiva, es que por lo visto somos un país tan rico, tan rico, que hemos decidido que la gente ya no trabaje. Les puede hacer daño.

Eso sólo alcanza una conclusión: el señor gobierno nos cree idiotas y pretende tomarnos el pelo. Con esas prosperidades anunciadas, preferimos la pobreza modesta, pero con empleo.