El jefe de Gobierno del Distrito Federal continuó con su campaña en la que da voz a buena parte de la opinión pública contra las condiciones en que está por efectuarse la compra de Banamex por Citigroup. Sus argumentos son contundentes: 

1) Esa compra-venta por 112 mil 500 millones de pesos (a cotización actual), si se realiza como operación bursátil, no pagaría impuestos, lo cual, además de privilegiar a los banqueros sobre los demás ciudadanos que sí están obligados a pagarlos, permitiría una evasión impositiva de los hombres más ricos del país que ascendería nada menos que a poco más de 30 mil millones de pesos, suma equivalente al recorte presupuestal o ahorro en los gastos para este año proyectado por el gobierno federal y que, además, representaría una cuarta parte de los ingresos que el Ejecutivo federal pretende obtener con su reforma haciendaria que incluye IVA en alimentos y medicinas. 

2) La transacción representa más del doble del presupuesto autorizado a la capital del país para obras y servicios. 

3) El Distrito Federal dejaría de percibir 3 mil millones de pesos. 

4) Al vender la institución financiera a Citigroup, los banqueros ganarían alrededor de 80 mil millones de pesos limpios una vez descontado el precio que pagaron para comprarle Banamex al Estado, que lo saneó con dinero del pueblo mexicano. 

5) Citigroup cobraría anualmente al Estado, sólo por intereses, más de 9 mil millones de pesos. 

Por consiguiente, el jefe de Gobierno del DF solicitó nuevamente al Presidente de la República que condicione la venta de Banamex al cobro de impuestos a la renta y a la aclaración sobre el costo de los pagarés entregados a las instituciones bancarias como parte del rescate de las mismas. 

Es un buen momento, dijo López Obrador, para ver si el gobierno representa al pueblo mexicano o está al servicio de los grupos financieros y minorías más ricas del país. Ante estas declaraciones no faltarán quienes dirán que el tema desborda el marco de la política capitalina, pero, en primer lugar, se supone que el DF forma parte de México y que su jefe de gobierno cuenta con los mismos derechos que todos los otros ciudadanos del país y, además, a falta de quien explique y defienda dichos derechos, tiene el deber cívico de entrar en la liza. 

A este respecto, llama la atención que esta cruzada emprendida por López Obrador en pro de la transparencia del sistema financiero, contra las secuelas del Fobaproa-IPAB y por la justicia en el campo impositivo, sea prácticamente una acción solitaria. Es comprensible que PRI y PAN, que votaron el Fobaproa, y muchos de cuyos dirigentes están involucrados en esa turbia operación, nada hagan en contra de la venta de Banamex y del regalo anual de jugosas tarascadas --según el término utilizado por el mandatario del DF-- de casi 5 mil millones de pesos que saldrán de los bolsillos de los contribuyentes. 

Pero es mucho menos lógico que el partido al cual pertenece López Obrador, que formalmente se opone al Fobaproa-IPAB y a la transacción entre Banamex y el Citigroup, no participe en la campaña de concientización popular, colonia por colonia, emprendida por el jefe de Gobierno del DF. 

Surgiría la impresión de que los problemas internos partidarios y el temor a romper puentes con el gobierno del presidente Fox se han impuesto sobre las promesas de defender los intereses nacionales y la economía popular. 

¿Cómo hablar de una alternativa a la ley haciendaria presentada por el gobierno federal si no se recurre a la conciencia y la movilización populares en el mismo momento en que se intenta tasar los bienes de primerísima necesidad -- alimentos, medicinas, libros-- mientras se condonan simultáneamente 30 mil millones de pesos a los ya millonarios?