Ť Riesgo de que prescriban

Deben dictaminarse anomalías halladas en reclusorios: PAN

RICARDO OLAYO GUADARRAMA

El diputado Ernesto Herrera, representante de los asambleístas en la comisión interinstitucional de vigilancia de los reclusorios del DF, pidió a la Contraloría General capitalina dictaminar las irregularidades encontradas en la gestión del ex director de los centros de reclusión, Jaime Alvarez Ramos.

Para evitar el riesgo de que prescriban algunas faltas, el asambleísta del Partido Acción Nacional (PAN), dijo que se debe resolver el nivel de responsabilidad del funcionario, declaró.

Dijo que le causó extrañeza la forma repentina en que renunció Alvarez Ramos, quien estuvo al frente de reclusorios, pues había ocupado el cargo por casi tres años tras la renuncia obligada del primer titular en el gobierno de Cuauhtémoc Cárdenas, Carlos Tornero Díaz.

En lugar de Alvarez Ramos, quedó Jaime Gutiérrez Quiroz, quien fue director jurídico precisamente durante la gestión del primero.

Herrera puntualizó que hay múltiples testimonios de internos, custodios y otro personal sobre irregularidades en el funcionamiento de los centros de reclusión, lo que constituye "un secreto a voces", pero que no tiene una prueba contundente que ofrecer.

Por ello, dijo que es mayor la responsabilidad de la contralora, Bertha Elena Luján Uranga, pues en su área se investigan desde hace tres años algunos expedientes y desde hace dos otro paquete.

Hizo un "extrañamiento" a la contraloría porque pueden prescribir algunas faltas o dar pie a que los funcionarios sean alertados. No se puede esperar una resolución que podría darse a destiempo, dijo el asambleísta.

Expresó su disposición a promover una reunión con la contralora, en su calidad de miembro de la comisión de procuración de justicia.

Algunas de las probables irregularidades administrativas conocidas a Alvarez Ramos tienen que ver con la firma de contratos (en total por 20 millones de pesos), negocio con reos para la administración de tiendas paralelas a las autorizadas; suspensión del trabajo de los internos a pesar de su recomendación para reintegrarlos socialmente, faltas administrativas en autorizaciones de compras.