Ť Responsabiliza al gobierno argentino de la agresión a su hija

Hebe de Bonafini acusa de "asesino" al gobernador de Buenos Aires

STELLA CALLONI CORRESPONSAL

Buenos Aires, 28 de mayo. Hebe de Bonafini, presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, calificó como "asesino" al gobernador justicialista de la provincia de Buenos Aires, Carlos Ruckauf, y también responsabilizó al gobierno nacional por la brutal agresión que sufrió su hija María Alejandra el viernes pasado, cuando fue torturada por dos personas en su casa en La Plata, donde entraron simulando ser técnicos teléfonicos.

Por otra parte, esta noche cientos de trabajadores de Aerolíneas Argentinas (AA), a quienes no se les paga sus salarios desde abril pasado, retrasaron esta noche la salida de un vuelo de Iberia en el aeropuerto internacinal de Ezeiza. Portando una enorme bandera argentina, los trabajadores sostuvieron forcejeos con personal aeronáutico, lo que provocó nerviosismo entre pasajeros de otras aerolíneas, aunque no hubo detenidos.

Con su peculiar estilo Bonafini, quien preside una de las dos organizaciones de Madres de Plaza de Mayo -la otra es Madres Fundadoras, después de su división en 1986- dijo que no atenderá llamadas ni del Ejecutivo nacional ni del provincial, ni de los organismos de derechos humanos oficiales y rechazó todo ofrecimiento de custodia policial.

María Alejandra fue golpeada, torturada, quemada con cigarrillos y se le sometió al llamado "submarino seco", le envolvieron la cabeza con una bolsa de plástico y estuvo a punto de morir asfixiada el viernes pasado.

Bonafini acusó en términos muy duros a los políticos en general. Hablando con La Jornada dijo que posiblemente pensaban secuestrarla a ella y que "nada de lo que sucede es extraño porque estamos viendo un genocidio de gente hambrienta y de pobres a los que se les responsabiliza de la violencia impuesta desde arriba. Todos los días fusilan jóvenes pobres a los que ellos arrojan a la delincuencia". También afirmó que nada de lo que hace Ruckauf le sorprende, porque "él firmó como ministro del Interior los decretos que se usaron para matar a nuestros hijos, en el gobierno de Isabel Perón" (1975).

Consideró también que los gobiernos de la nación y la provincia están empeñados en "hacer callar a los organismos humanitarios, y acabar violentamente con la protesta social".

En tanto, el general Ricardo Brinzoni, jefe del ejercito y otros 31 militares, gendarmes y policías fueron denunciados ante la justicia de la provincia de Chaco acusados del asesinato de 22 detenidos políticos el 13 de diciembre de 1978, en lo que se conoció como "la masacre de Margarita Belén", durante la pasada dictadura. La querella fue presentada por el Centro de Estudios Legales y Sociales, que preside el periodista Horacio Verbitsky solicitando que se resuelva la anulación también en este caso de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final (1987), que legalizaron la impunidad para los responables de estos delitos de lesa humanidad.

El juicio contra el Plan Cóndor

En tanto, el juez argentino Rodolfo Canicoba Corral, quien investiga el Plan Cóndor, una coordinación criminal entre las dictaduras del Cono Sur, podría citar a declarar al ex secretario de Estado estadunidense Henry Kissinger, aunque lo considera muy difícil debido a la reticencia de Washington a responder a la justicia argentina en sonados casos de corrupción, que involucran a ciudadanos de ese país.

El juez no descarta incluso citarlo como sospechoso, y considera que aunque no se pueda llegar a las máximas instancias "existiría una condena social inevitable". Canicoba solicitó ya la detención para su posterior extradición de los generales Alfredo Stroessner, ex dicatdor de Paraguay y asilado en Brasil, y Manuel Contreras, ex jefe de la DINA, la policía secreta pinochetista, y considerado el Cóndor 1.

En tanto, el Plan Cóndor ha llegado a París a través de los juicios que lleva adelante el juez Roger Leeloir, quien investiga en Francia la desaparición de ciudadanos de ese origen en Argentina y Chile. Sus investigaciones están demostrando que desde 1957 los militares franceses instruyeron a sus pares argentinos en técnicas de guerra sucia, lo que implicaba enseñanzas sobre secuestros, torturas y desapariciones.

Tras la reciente declaración pública del general Paul Aussaresses reconociendo los crímenes y torturas cometidos por el ejército francés en argelia, el juez Leeloir citó al militar para que informara si conocía las implicaciones de militares franceses con el Plan Cóndor.

El ex general era en los 70 embajador de Francia en Brasil, y difícilmente podría ignorar lo que sucedía, ya que como indican documentos desclasificados en París, muchos militares franceses que actuaron en Indochina y Argelia, dictaron cursos a sus pares argentinos responsables de delitos de lesa humanidad, reportó Eduardo Febbro, corresponsal de Página 12 en la capital francesa.