MARTES Ť 29 Ť MAYO Ť 2001
Ť Los diputados amplían el interinato de Barba García
No logró elegir el Congreso jalisciense al nuevo presidente de la CEDH
CAYETANO FRIAS FRIAS CORRESPONSAL
Guadalajara, Jal., 28 de mayo. Luego de tres rondas de votación, el Congreso no logró elegir -como marcan los estatutos- con sufragios de las dos terceras partes de sus miembros a un nuevo presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH). Ante la situación, los diputados aprobaron un acuerdo económico por el cual ampliaron indefinidamente el interinato al frente de la institución de Carlos Manuel Barba García, quien el lunes cumplió un mes en el cargo.
Cuestionaron esta decisión las organizaciones no gubernamentales (ONG) que promovieron la candidatura de María Guadalupe Morfín Otero, y señalaron que los legisladores violentaron la Ley Estatal de Derechos Humanos, que obliga al Congreso a designar un nuevo presidente a más tardar en 30 días, plazo que venció.
En la última ronda de votación, Morfín Otero recibió el respaldo de 23 diputados, pero no alcanzó los 27 votos requeridos, mientras que Guillermo Meza García -abogado electoral del gobernador Francisco Ramírez Acuña- alcanzó seis; Carlos Sepúlveda Valle logró siete y Jorge Alarcón Alvarez ganó cuatro. Al no sumar ninguno las dos terceras partes el dictamen fue desechado.
Legisladores priístas y perredistas acusaron a sus homólogos panistas de bloquear las aspiraciones de Morfín Otero, quien como titular de la CEDH durante los últimos cuatro años dirigió varias recomendaciones a Ramírez Acuña cuando éste fungía como presidente municipal de Guadalajara.
El panista José Antonio Cabello Gil aseguró en la tribuna que al interior de su fracción no llegaron a ningún acuerdo, que no había "línea como en el PRI" y por lo tanto su voto fue emitido "en conciencia".
Carlos Peralta, vocero de 108 ONG que recolectaron 5 mil 667 firmas para apoyar la reelección de Morfín Otero, aseveró que la mayoría de los legisladores panistas pretendieron "descalificarla". Acotó que las ONG que representa temen que más adelante, la Legislatura de Jalisco imponga a un ombusdman "que esté supeditado a los intereses del gobierno, y no comprometido a defender los derechos humanos de los ciudadanos".