Ť Cuatro presidentes han tratado de avanzar en su reglamentación y todo sigue igual

Derecho a la información, un diferendo de 24 años; ley mordaza, la principal acusación

Ť Se incorporó como garantía constitucional en 1977 Ť Motivó decenas de foros y conferencias

ALONSO URRUTIA Y CLAUDIA HERRERA BELTRAN

Desde que el derecho a la información se incorporó como garantía constitucional, en 1977, diversas administraciones han hecho intentos, frustrados todos ellos, de avanzar en su reglamentación. Veinticuatro años después, prácticamente no ha cambiado nada.

Primer intento

José López Portillo. En el marco del impulso a la reforma electoral, López Portillo promueve la reforma que incluye el derecho a la información como garantía constitucional. En junio de 1978, el entonces mandatario define la reglamentación del derecho a la información como la gran tarea legislativa pendiente, porque aún no está suficientemente garantizado. En 1980, se iniciarían las audiencias públicas para avanzar en su regulación, pero el proyecto concluye en medio de las acusaciones de ley mordaza y autoritarismo.

Consulta a la sociedad

Miguel de la Madrid Hurtado. El plan de gobierno del presidente electo, Miguel de la Madrid, contempla concretar el derecho a la información con la ley reglamentaria de los artículos constitucionales. Dos años después, arranca el Foro de Consulta Pública en Comunicación Social, para captar la opinión de la sociedad sobre el tema. La intención corre el mismo destino: ley mordaza.

Institucionalizar prebendas

Carlos Salinas de Gortari. Durante su gestión, prácticamente no hubo ningún intento de modificar el marco jurídico, como se hizo en sexenios anteriores. En contraparte, Salinas de Gortari pretendió institucionalizar los apoyos oficiales que otorgaban las dependencias a los reporteros. Su objetivo: transparentar el gasto que le implicaba al gobierno, que se entregaran recibos de honorarios y, en consecuencia, fueran sujetos de pago de impuestos. De igual forma, otro cambio en el trato con los medios de comunicación fue que éstos se hicieran cargo de los gastos de sus reporteros que asistieran a las giras internacionales.

Preferible, la tolerancia

Ernesto Zedillo Ponce de León. El 7 de junio de 1995, el presidente Zedillo fija su postura sobre normar el ámbito de la comunicación e información: es preferible la tolerancia que el costo que supondría limitar o constreñir el derecho a la información. Para la sociedad es más útil que de ella surgiera un código de ética que diera vigencia a los postulados de los artículos sexto y séptimo constitucionales.

En 1997, durante el último periodo de sesiones de la 56 Legislatura, se presenta la iniciativa de Ley Federal de Comunicación Social, emanada de una consulta realizada por el Congreso de la Unión. En su exposición de motivos se acusa al gobierno de una doble moral, al responsabilizarle de ser quien rompió el consenso partidista: motivar la salida del PRI, a pesar del discurso oficial a favor de reglamentar en la materia.

Para 1998, la 57 Legislatura retoma la iniciativa de Ley Federal de Comunicación y, como parte de la ruta hacia su dictamen, organiza la conferencia internacional El derecho a la información en el marco de la reforma del Estado en México, que dura varios días.

Su realización no cambiaría el juicio de los medios electrónicos y algunos de medios impresos, que de inmediato la calificaron de ley mordaza. La iniciativa en cuestión permanece en la congeladora del Congreso de la Unión.