MIERCOLES Ť 30 Ť MAYO Ť 2001
Ť Invalida el Congreso local exención de impuesto
Aguascalientes: invalidan decisión que beneficiaba a asociaciones religiosas
JESUS ARANDA Y ANGELES MARISCAL CORRESPONSAL
A dos meses de que la Procuraduría General de la República (PGR) interpuso una acción de inconstitucionalidad contra la Ley de Ingresos del municipio de Tepezalá, Aguascalientes, la cual permitía la exención de impuestos sobre adquisición de inmuebles a asociaciones religiosas que adquirieran un bien dentro de los seis meses de su constitución legal, el Congreso de esa entidad decretó en sesión extraordinaria la invalidez del artículo de la Hacienda municipal que contemplaba dicha posibilidad.
El 25 de diciembre del año pasado, el Periódico Oficial de Aguascalientes publicó la Ley de Ingresos del Municipio de Tepezalá, que en su artículo 23 establecía la exención del pago de impuesto de 2 por ciento por adquisiciones de inmuebles "que realicen las asociaciones religiosas constituidas en la ley de la materia, siempre que la adquisición se realice dentro de los seis meses siguientes a su constitución".
La PGR interpuso el 24 de enero pasado la acción de inconstitucionalidad número 10/2001 contra el referido artículo, por considerar que violaba la Constitución, toda vez que los municipios no están facultados para eximir del pago de impuestos a persona o institución alguna, "salvo que se trate de bienes del dominio público de la Federación, de los estados o de los municipios".
La Constitución de Aguascalientes precisa a su vez que las leyes locales no establecerán exenciones o subsidios respecto de contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, a favor de personas físicas o morales, ni de instituciones oficiales o privadas, y que sólo los bienes de dominio público -federales, estatales o municipales- quedan exentos de dicho pago.
La PGR llamó la atención en su demanda que el Congreso de la Unión es el único facultado para legislar en materia de culto público, iglesias y agrupaciones religiosas.
Sigue la controversia entre magistrado y Salazar Mendiguchía
Jorge Clemente Pérez, quien se ostenta como presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE) de Chiapas -a pesar que oficialmente es Juan Roque Flores-, aseguró que el gobernador Pablo Salazar impuso diversos cambios en el Poder Judicial estatal, "para neutralizar a quienes exigen la autonomía de dicho órgano". El magistrado mantiene una controversia ante la SCJN contra el mandatario, a quien acusó de violar la autonomía del STJE.