Ť Se actúa con autonomía y sin consignas, afirma

Luján: la Contraloría no acepta presiones de ninguna especie

Ť Ofrece transparencia en investigaciones de esa instancia

RICARDO OLAYO GUADARRAMA

El trabajo de la Contraloría General del Distrito Federal se realiza con autonomía, sin consigna ni someterse a presiones o pugnas de partidos o autoridades, estableció su titular, Bertha Elena Luján.

La contienda política es para otra arena de disputa, subrayó la funcionaria, quien es la responsable de investigar la denuncia que interpuso el Partido Acción Nacional en contra de Rosario Robles por supuestos malos manejos en el área de Comunicación Social.

"No queremos caer en el juego de inculpar a la gente antes de que los procedimientos se desahoguen y tampoco de exonerar porque no somos una dependencia que pueda hacerlo antes de que se siga el procedimiento. En este sentido no aceptamos ninguna presión ni de partido políticos ni de autoridades", dijo la contralora.

Las acusaciones en contra de Robles suponen la contratación indebida de la empresa Publicorp pues Comunicación Social no lo sometió a concurso; sin embargo, Bertha Luján precisó que de acuerdo con la norma aplicable no necesariamente se deben licitar los contratos tratándose de un servicio que se considera artístico.

Y de la otra queja contra la gestión de Robles, por un sobrejercicio presupuestal en el área de Comunicación Social, comentó que tampoco se trata de una falta administrativa en sí misma, pues el Ejecutivo tiene facultades para hacer transferencias siempre y cuando respete la asignación para programas prioritarios.

--¿El área de Comunicación Social tenía la obligación de licitar el contrato?

--Depende del tipo de gasto, la licitación es el procedimiento más común, pero prevé también la adjudicación directa e invitaciones restringidas. En este caso si se mezcla lo artístico, en este trabajo no es raro ver que se den (los contratos) por adjudicación directa, no conozco que en algún Estado o la Federación se den estos contratos por licitación, es un trabajo especializado que se otorga a empresas que llenan determinadas características, es el caso de los artistas.

Por ejemplo, mencionó, las quejas en contra del ex director del Instituto de Cultura del DF, Alejandro Aura --hechas también por panistas-- se le criticó por no licitar los conciertos de ciertos artistas.

En los conciertos de Joan Manuel Serrat o Tania Libertad, por citar algunos casos, no se les sometió a concurso, pues lo que se buscaba era precisamente su estándar de calidad, dijo la contralora, para demostrar que no en todos los casos los contratos se someten a concurso.

En el caso del área de Comunicación Social hay elementos de este tipo que serán analizados oportunamente, dijo la funcionaria.

Por lo pronto, comentó que la adjudicación directa no esta condicionada al costo más bajo que se pueda obtener en el mercado. En todo caso, comentó, "es difícil valorar si es alto o es bajo lo que cobra Serrat".

Con Aura hubo ataques de los legisladores de Acción Nacional, pero recibió el viernes pasado de parte del gobierno federal que encabeza Vicente Fox, la invitación para ser agregado cultural en España, lo que constituye "un reconocimiento a su labor", puntualizó Luján.

Apego a la normatividad

En noviembre pasado los legisladores del blanquiazul se quejaron ante la Contraloría General de las transferencias al área de Comunicación Social, lo cual ya se investiga. "Pedimos documentos a la Secretaría de Finanzas y con ello vamos a resolver", además de que se ha pedido informes a la ex jefa de Gobierno del DF, Rosario Robles, y el ex secretario de Gobierno y hoy titular de la policía preventiva, Leonel Godoy.

En este caso la norma es clara: no hay falta si se respetan los programas prioritarios y tampoco es necesario solicitar la autorización de la Asamblea Legislativa para hacer tales transferencias.

En cuanto concluyan las investigaciones se darán a conocer a la opinión pública en forma transparente y mientras tanto se dará a conocer en Internet el estado en que se encuentra el procedimiento.

--¿Existe una presión adicional en este expediente por tratarse de Robles?

--Es un asunto público y con aspectos más políticos pero tenemos que mantener la misma objetividad, la misma autonomía de criterio que tenemos frente al resto de los asuntos. Nosotros tenemos que atenderla más allá de que sean miembros de un partido.

--El PAN aludió un argumento moral por los gastos de difusión.

--Se trata de una valoración política y obviamente esas valoraciones no pueden ser tomadas en cuenta por nosotros, tenemos un marco normativo en el que nos tenemos que mover y nuestras resoluciones tienen que estar fundamentadas en la ley. Las resoluciones están frente a la opinión pública y necesitamos responder por ellas.

--Tras el caso de Oscar Espinosa, los partidos recurren cada vez más a la Contraloría ¿Qué se les puede pedir?

--La petición a los partidos políticos y a los legisladores es que nos dejen hacer nuestro trabajo. Vamos a ir dando resultados y vamos a dar información sobre lo que estamos haciendo pero que nos dejen trabajar, que no politicemos los casos y que tomen en cuenta que para hacer su trabajo esta Contraloría requiere de los tiempos que los propios procesos demandan. Vamos a cumplir con la norma.