JUEVES Ť 31 Ť MAYO Ť 2001
Jenaro Villamil Rodríguez
La polémica por los gastos en comunicación
En el debate abierto ya por dos legisladores locales panistas sobre presuntas irregularidades en los gastos de comunicación de la ex jefa de Gobierno del Distrito Federal (GDF), Rosario Robles, existen tres aristas fundamentales que conviene analizar como parte de un fenómeno más amplio, que es la comunicación política y la existencia de un proyecto político alternativo, de izquierda, en el país:
1. En primer lugar, se ha debatido si las autoridades -capitalinas o no- cometen una irregularidad cuando no licitan los contratos de servicios de comunicación, publicidad y difusión a empresas externas.
2. En segundo lugar, está el origen y la calidad de las denuncias que, sin prueba documental alguna, presuponen que los "gastos excesivos" tuvieron otros objetivos distintos a la difusión de la obra de gobierno.
3. El debate de fondo, el que está pendiente, es sobre la necesidad de un marco que efectivamente regule la contratación de servicios de comunicación para todos los gobiernos y la necesidad de contrarrestar o poner límites legales y éticos a los excesos del marketing político y a las tendencias preocupantes de confundir la información con especulación y emprender campañas sesgadas de linchamiento.
En el primer punto, el diputado local Armando Quintero ha coincidido con la contralora capitalina, Bertha Luján, quienes han afirmado que no hay ningún mandato en el Distrito Federal, en el gobierno federal o en los gobiernos estatales que obligue a licitar este tipo de servicios. Este es un fenómeno generalizado y los costos en este terreno son realmente disparados en la medida que en prácticamente todos los ámbitos políticos se ha privilegiado el marketing (la elaboración de spots, la compra de espacios publicitarios en medios electrónicos, etcétera) al grado de confundirla con la comunicación política.
Recordemos la campaña de promoción, ésa sí, personal y muy costosa, del gobernador de Tabasco, Roberto Madrazo, en todos los medios nacionales con el lema: "Gracias a Dios, no soy el candidato oficial... Dale un madrazo al dedazo". Madrazo no licitó este servicio, al igual que muchos otros políticos. Y así como no hay obligación de licitar, tampoco existe un marco ético mínimo que regule los excesos o abusos del marketing. ƑRecuerda usted el spot del actual gobernador del estado de México, Arturo Montiel, de que "los derechos humanos son para los humanos, no para las ratas?
Curiosamente, en ambos casos -Madrazo y Montiel- el artífice fue el mismo personaje que salió como adalid de los publicistas en el escándalo de la empresa Publicorp: Carlos Alazraki. El GDF no contrató sus servicios por evidentes diferencias ideológicas y porque de lo que se trataba era de difundir, informar sobre los avances de un proyecto político de izquierda que gobierna en la ciudad más grande del país y que, por lo menos, no creía en la publicidad negativa, basada en el ataque personal al adversario y la promoción de prejuicios como fórmulas de comunicación.
Otros estados sí contrataron los servicios de Alazraki, como fue el gobierno de Roberto Albores en Chiapas quien, sin licitación, pagó 600 mil dólares en una campaña de imagen de fin de gobierno (ver Julio Hernández, Astillero, La Jornada, 22 de junio de 2000).
La conjura política que se pretende derivar de los gastos en comunicación y difusión es producto de los dichos del ex empleado de Publicorp, Carlos Franco, quien ha dado ya varias entrevistas en televisión, radio y prensa escrita. Las únicas pruebas que ha presentado son sus propias palabras, sin embargo, ello no ha obstado para que algún periódico las considere como materia de ocho columnas.
La tendencia preocupante es el sobredimensionamiento de estas acusaciones, que en algunos casos se acercan al linchamiento mediático contra un personaje público: Rosario Robles.
Y aquí entramos al terreno de lo que está en juego en este caso: los límites y alcances éticos de la comunicación política en nuestro país. Este punto involucra a los gobiernos, a las empresas periodísticas, a las empresas de publicidad y, por supuesto, a la propia ciudadanía.
Evidentemente, se hace necesario abrir un marco que regule, norme, pondere los criterios de la publicidad política, pero también que se estipule el derecho a la información y la posibilidad de un ombudsman de los medios, tal como plantea Jorge Carpizo, en una entrevista periodística reciente (La Jornada, 30 de mayo de 2001).
Y, por último, está el tema de recuperar la función real de la comunicación política, el "sistema nervioso de un régimen político", que es lo que obliga a un gobierno a informar, consultar, comunicar sus acciones, sus decisiones. En el caso del gobierno capitalino, es claro que hubo una crítica muy severa en el primer periodo por la ausencia de una comunicación política eficaz y también fue claro que hubo muchos casos de falta de ponderación y linchamiento mediático (recordar el caso Stanley). La comunicación operada durante el segundo periodo incluyó los criterios de publicidad y marketing mediático, pero no se subordinó sólo a eso. Se trató de la defensa de un proyecto político, de cumplir con la demanda y la promesa de "Una ciudad para todos", que dejara de ser un botín político y con un gobierno actuante, que supiera enfrentar las crisis derivadas de los conflictos sociales con armas como la negociación y la información. Así se vio en eventos como la marcha del CGH durante la avenida Periférico, donde se evitó un enfrentamiento entre policías y estudiantes que pudo tener muchos costos en vidas humanas; o en el caso del desafío planteado por la policía auxiliar en el Zócalo capitalino --cuando la propia jefa de Gobierno encaró a los manifestantes y se restableció el diálogo con ellos-- o el mismo caso del rechazo del GDF a firmar el Renave, hecho que detonó el escándalo Cavallo. Estos, por mencionar algunos ejemplos.
Ahí operó la comunicación política. No se trató de spots publicitarios o de la "compra" de primeras planas. Se trató del compromiso de defender un proyecto político democrático para la ciudad de México que hoy vuelve a ser cimbrado.