JUEVES Ť 31 Ť MAYO Ť 2001

Ť No hay imperativo para que las autoridades actualicen la Ley General de Educación

Sobreseerá la Corte controversia de Robles

Ť La ex jefa de Gobierno capitalino argumentó invasión de competencias del presidente y el Congreso en detrimento de la ALDF Ť Aún falta dirimir otra querella del Ejecutivo contra el GDF

JESUS ARANDA

El pleno de la Suprema Corte decretará el sobreseimiento de la controversia constitucional interpuesta el año pasado por la entonces jefa de Gobierno del Distrito Federal Rosario Robles en contra del Congreso de la Unión y el presidente de la República por no emitir el decreto de reformas a la Ley General de Educación. El máximo tribunal considerará que no hay "algún imperativo" para que las autoridades demandadas actualicen esa normatividad.

Información obtenida en el máximo tribunal señala que existe consenso de los ministros en apoyar el proyecto de dictamen que elaboró la ministra Olga Sánchez Cordero, por lo que se prevé que lo apruebe en estos términos hoy.

En la controversia 32/2000 interpuesta por Robles, ésta argumentó la existencia de invasión de competencias del presidente y el Congreso de la Unión en detrimento de las facultades de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), ya que en los artículos 1, 11, 12, 13, 14, 16 y cuarto transitorio de la Ley General de Educación -derivada de la reforma constitucional del 122- se establecía la obligación del Congreso de la Unión y del Ejecutivo federal de expedir el decreto de reformas a la misma.

De esta manera, el Gobierno del Distrito Federal cuestionó a la autoridad federal por "propiciar confusión" y "pretender de manera indebida capitalizar a su favor dicha confusión y con ello pretender ejecutar indebidamente la Ley General de Educación en el ámbito local de la capital del país''.

Sin embargo, los ministros consideraron que los artículos transitorios referidos continuarán vigentes en tanto no sean promulgadas las nuevas disposiciones legales y reglamentarias en la materia.

En este sentido, al resolver hoy la controversia constitucional -aun cuando estarán ausentes el presidente de la Corte, Genaro Góngora Pimentel, y la ministra Sánchez Cordero, por encontrarse en gira de trabajo por Nuevo León-, los ministros dictaminarán que para que exista una "omisión" -como señala el gobierno capitalino- "debe existir un deber o una conducta que debe ser cumplida, lo cual debe derivar de un precepto que lo exija. Y en las reformas constitucionales y legales en materia educativa no se fija ningún plazo para la elaboración y promulgación del decreto de reformas respectivas''.

Otra controversia pendiente

La controversia de la entonces jefa de Gobierno capitalino Rosario Robles fue una respuesta a otra interpuesta por el Ejecutivo federal en contra de la ALDF y el jefe de Gobierno capitalino por la aprobación de la Ley de Educación del Distrito Federal, aprobada en abril del año pasado, que contraviene a la Ley General de Educación, la cual reserva la planeación, programación, organización y operación de la educación básica y normal en el Distrito Federal.

Aún queda pendiente de resolver la controversia 29/2000. El pleno de la Corte resolvió en sesión privada "entrar al fondo del asunto", por lo que tendrá que definir si la ALDF tiene facultades o no para legislar en materia educativa, además de establecer si un convenio firmado "entre particulares", es decir, la Secretaría de Educación Pública y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) debe prevalecer por encima de la ley.

El ministro instructor Sergio Salvador Aguirre Anguiano propuso en un principio el sobreseimiento de la misma; sin embargo, al encontrarse que en sus alegatos el Ejecutivo federal hacía planteamientos respecto del convenio que existe entre la SEP y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación para normar las relaciones laborales, el pleno resolvió discutir si un convenio de este tipo puede estar por encima de una ley.