jueves Ť 31 Ť mayo Ť 2001
Sami David
ƑEl parto de los montes?
Como lo precisa la Constitución, al Estado mexicano le corresponde la rectoría del desarrollo para garantizar que éste sea integral, fomentando el crecimiento económico, el empleo y la vida más justa a fin de permitir el ejercicio de las libertades entre los mexicanos. En este orden de ideas, el gobierno federal pretende que la educación sea la base del crecimiento del país. Sin embargo, con sus acciones, el Ejecutivo ha manifestado una singular propensión para desdecirse, por lo que la duda se desliza de manera imperativa.
El Plan Nacional de Desarrollo, dado a conocer el martes anterior, amaneció con el aumento al precio de la leche de Liconsa y con el decrecimiento del empleo dado a conocer por INEGI. El documento, que debía ser un importante instrumento para el crecimiento, no garantiza la mejoría integral de los mexicanos. No en este sexenio, desde luego. Los cinco apartados principales enunciados determinan, al menos en el discurso, el catálogo de buenas intenciones del alto directivo estatal por forjar el rumbo, aunque la dinámica presentada es diferente, como lo determina la antisocial iniciativa de reforma fiscal integral.
Es sintomática la visión empresarial exhibida, porque a pesar de que el Plan Nacional de Desarrollo busca "reducir los desequilibrios sociales extremos" con la mejoría económica, social y política de los 40 millones de pobres, la óptica trasnacional que el nuevo habitante de Los Pinos asume al comprometer los recursos energéticos, nos remite a su auténtico perfil. No es posible conducir al país de manera independiente sin el consenso de las fuerzas políticas que equilibran y dirigen el debate de los temas fundamentales del Estado.
No es posible gobernar sin el ciudadano activo, de espaldas a la población. Porque es notorio que el Plan Nacional de Desarrollo no tuvo el consenso de la sociedad, pese a que, según el gobierno, se recibieron 400 mil sugerencias. El documento, que se pretende sea rector en la conducción del país, tampoco representa "el sueño de los mexicanos", como se ha querido señalar. El mandato constitucional habla de un sexenio, mientras que los alcances de este legajo contemplan un periodo de 25 años.
Si se busca consolidar el avance democrático no es prudente entrometerse en los comicios estatales, como ocurrió recientemente en Yucatán, y mucho antes en Tabasco, con el golpeteo constante contra la soberanía estatal. Si se pretende cancelar la impunidad, no es pasando sobre los derechos constitucionales y humanos, como sucedió con la aprehensión del ex mandatario quintanarroense.
Si se plantea combatir la pobreza y conseguir una mayor igualdad social, no es tasando con el 15 por ciento de impuesto al valor agregado a los alimentos, las medicinas y la educación como se logrará.
Anunciado con bombo y platillo en cadena nacional, el Plan Nacional de Desarrollo foxista anuncia algunas estrategias, como "el fortalecimiento del estado de derecho y el impulso a la innovación en todas sus formas", pero en la práctica asume su verdadera condición antisocial. Por otra parte, los cambios medulares que señala, partiendo de siete reformas, que necesariamente tendrá que debatir el Congreso, indican que la transformación del entramado nacional a la que apuesta el foxismo será el parto de los montes.
El desarrollo integral de los mexicanos es básico, desde luego, al igual que la equidad e igualdad de oportunidades para mejorar los niveles de bienestar y alcanzar la movilidad social. Pero habrá que ver si el gobierno tiene capacidad de respuesta para hacerlo, si el Estado puede garantizarle a los mexicanos salud, vivienda, educación, cultura, seguridad, estabilidad, procuración de justicia, y una serie de etcéteras que alargarían este artículo. El sector privado ha insistido en que el gobierno de Fox debe adoptar de inmediato diversas medidas para dejar de depender del corto monetario, simplificar la administración pública y acelerar el desarrollo. Pero el gobierno se ha incrementado los sueldos y además ha engrosado el gabinete.