Ť En su informe 2000 denuncia la represión en Brasil, Bolivia y Paraguay

Destaca AI la colaboración entre militares y paramilitares colombianos

Ť Hay malos tratos de presos en casi todos los países de AL, y persecución opositora en Cuba, dice

Ť Creciente, "el problema de racismo y xenofobia en Europa contra las minorías étnicas", acusa

AFP Y REUTERS

Londres, 30 de mayo. La colaboración entre militares y paramilitares en Colombia, la represión en Brasil, Bolivia y Paraguay, la tortura y malos tratos de los presos en casi todos los países y una persecución de opositores y el embargo a Cu-ba, son los hechos más destacados en América Latina del informe 2000 de Amnistía Internacional (AI), divulgado este miércoles en la capital británica.

El trabajo --que evalúa la situación de los derechos humanos-- señala que en Colombia las fuerzas armadas, los paramilitares y la guerrilla intensificaron sus acciones "mediante campañas caracterizadas por las violaciones graves y sistemáticas de los derechos hu-manos y del Derecho Internacional Humanitario (DIH)".

Denuncia que los civiles son las principales víctimas del conflicto y que "salieron a la luz nuevos indicios sobre la constante colaboración entre las fuerzas armadas y los grupos paramilitares ilegales".

Sostiene que la mayoría de los asesinatos fueron cometidos por los paramilitares, pero que "las violaciones al DIH cometidas por los grupos armados de oposición aumentaron notablemente".

En Brasil, apunta que las disputas por la tierra continuaron provocando tensión y numerosos actos de violencia protagonizados por pistoleros a las órdenes de hacendados que amenazan a los labriegos sin que la policía intervenga.

Los indígenas también fueron víctimas de la violencia policial, especialmente durante las protestas contra los actos de homenaje a los 500 años de la llegada de los portugueses a Brasil.

"Continuó el uso sistemático de la tortura y de los malos tratos en comisarías, prisiones y centros de detención de menores", dice, precisando que se produjeron numerosas muertes bajo custodia.

Algunas "fueron el resultado del uso excesivo de la fuerza (...) y otros presos murieron a causa de una asistencia médica inadecuada y por falta de protección frente a la violencia de otros reclusos".

El embargo, pretexto habanero

Sobre Cuba, asegura que "los pe-riodistas, opositores políticos y defensores de los derechos humanos sufrieron un fuerte acoso" por parte de las autoridades.

Del embargo que Estado Unidos impuso a la isla hace casi 40 años, AI asegura que le ha servido a La Habana para justificar la falta de libertades y agrava las penurias del pueblo cubano.

Denuncia la existencia de "va-rios presos de conciencia" y re-cuerda que la última vez que pudo  visitar la isla fue en 1988, y desde entonces el gobierno no respondió a pedidos para volver a hacerlo.

En el caso de Uruguay, AI reconoce que realizó "avances en caso de desaparecidos", aunque recuerda que la legislación vigente impide juzgar a los responsables de esos hechos y pone de relieve al-gunos avances en la justicia.

En Argentina, revela que por lo menos 80 personas murieron por el "excesivo uso de la fuerza" policial y cita el caso del travesti Va-nessa Lorena Ledesma, quien ha-bría muerto por torturas en una cárcel, en un hecho que AI eligió  como unos de los seis casos em-blemáticos que marcarán el 40 aniversario de su fundación.

AI denunció en Chile torturas y malos tratos a los detenidos por parte de la policía, mientras que reconoce un avance en los procedimientos judiciales sobre las violaciones a los derechos humanos.

En Perú, esas prácticas se vieron generalizadas, mientras que periodistas y defensores de los derechos humanos sufrieron intimidaciones y amenazas bajo el régimen del presidente Alberto Fujimori, destituido en noviembre de 2000.

Recuerda que el Servicio de In-teligencia, dirigido por el prófugo Vladimiro Montesinos, está acusado de violar los derechos humanos; revela que 200 personas acusadas de cargos falsos de terrorismo "permanecían encarceladas al terminar el año" y que se produjeron "decenas de muertes bajo custodia" debido a malos tratos.

En Venezuela, dice que las cárceles se mantienen bajo el signo de la violencia y por lo menos 460 presos murieron a manos de guardias o de otros reos.

También recuerda las denuncias de desapariciones forzosas y ajusticiamiento extrajudicial que de-nunciaron organismos humanitarios durante las labores de rescate del desastre pluvial que en diciembre de 1999 arrasó gran parte de la zona costera central.

La violación de los derechos hu-manos, la intimidación a periodistas y el trato degradante en las cárceles son los hechos destacados en Bolivia, donde se produjo la de-tención de sindicalistas y campesinos en "régimen de incomunicación" y "confinamiento" en Co-chabamba, en el marco de alzamientos populares. También registra hechos de represión en la erradicación de coca en el Chapare.

En Paraguay, empeoró la situación por la prácticas de tortura y abusos de los que fueron víctimas delincuentes, militares y menores detenidos, así como campesinos sin tierra desalojados y conscriptos reclutados ilegalmente.

La entidad también detecta múltiples violaciones contra los derechos humanos en Haití, Dominicana, Guatemala y El Salvador. En Ecuador destaca el elevado número de ejecuciones extrajudiciales.

En Europa, AI denunció un "creciente problema de racismo y xe-nofobia contra las minorías étnicas", pues la mayoría de los países pretende restringir el derecho de asilo político, y recogió reportes de torturas y malos tratos en los 15 estados de la Unión Europea.

Hecho cada vez más frecuente

El corresponsal de La Jornada en Madrid, Armando G. Tejeda, en-trevistó al director de AI-España, Esteban Beltrán, quien afirmó que los ataques racistas dentro y fuera de las comisarías policiales europeas se está convirtiendo en hecho cada vez más frecuente y alarmante, al igual que la represión de las protestas de los inmigrantes.

AI señaló que esta situación también ha provocado la proliferación de organizaciones civiles de defensa de los derechos de los ex-tranjeros, tanto en países de destino de inmigración como en naciones de tránsito.

En su balance general del año pasado, la organización recibió y verificó denuncias de ajusticiamientos ilegales en 61 países, de-sapariciones inexplicadas en 30 y arrestos arbitrarios en 72.

Los reportes de torturas y malos tratos de policías o militares se registraron en 125 países, y había grupos armados que cometían abusos contra poblaciones en 42 naciones. En estos casos, sostuvo que las cifras no reflejan el problema en toda su magnitud.

Durante el año pasado, el grupo también recabó pruebas de un total de mil 457 ejecuciones oficiales en 28 países y 3 mil 58 personas fueron condenadas a muerte.

Además, reportó, en los últimos dos años que más de 150 empresas que operan en 22 países han fabricado o comercializado armas de electrochoque, garrotes eléctricos y demás implementos de tortura.