JUEVES Ť 31 Ť MAYO Ť 2001
Ť Presenta la organización informe anual sobre México; siguen sin aclararse matanzas, dice
Seguían en el 2000 las detenciones ilegales y el mal trato a presos: AI
Ť "Desencanto" de ONG por la exclusión en el PND de un capítulo sobre derechos humanos
VICTOR BALLINAS
El secretario general de Amnistía Internacional, Pierre Sané, resalta en el informe 2001 de esa organización que el año pasado en México continuaban como prácticas generalizadas las detenciones ilegales de presuntos delincuentes, los presos sufrían malos tratos en los reclusorios y siguen sin aclararse los homicidios políticos del pasado, como la matanza de decenas de estudiantes en 1968, el homicidio de 26 campesinos en Aguas Blancas y El Charco, en Guerrero; la masacre de 45 indígenas de Acteal, y de 11 indios en El Bosque, Chiapas.
Amnistía Internacional, sección México, presentó ayer el informe sobre esta nación, del cual se destacó que en el año 2000 se siguieron recibiendo informes de tortura, amenazas de muerte y homicidios políticos. "Los defensores de derechos humanos y los periodistas sufrieron acoso e intimidación y continuaron sin resolverse centenares de casos de tortura, 'desaparición' y ejecuciones extrajudiciales ocurridas años atrás".
Destaca Amnistía Internacional que la sección México y otras cuatro ONG nacionales recomendaron en una publicación sobre tortura, en octubre de 2000, que "se implementaran reformas encaminadas a prevenir esa práctica, lo que llevó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) a afirmar que en México la tortura estaba disminuyendo".
Sin embargo, agrega, la opinión generalizada de las organizaciones nacionales es que "la CNDH no informa de todos los casos de tortura que se producen, y este es un problema que se da en todo el país".
El informe da cuenta de que en julio la CNDH comunicó al secretario de la Defensa Nacional que "dos oficiales del Ejército violaron los derechos fundamentales de Rodolfo Montiel Flores y Teodoro Cabrera García, incluido su derecho a no ser sometidos a tortura o a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, consagrado en al artículo 5 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
"Estos dos hombres fueron det
enidos y torturados por miembros del Ejército Mexicano en mayo de 1999 tras protestar de forma pacífica por la tala excesiva de bosques en el estado de Guerrero. El fiscal que inició la investigación sobre las denuncias de tortura concluyó que el Ministerio Público no tenía competencia para seguir con la indagación y, en diciembre de 1999, transfirió el caso a un fiscal militar. En abril, un tribunal condenó a Cabrera a 10 años de cárcel y a Montiel a seis años y ocho meses de prisión". AI considera a estos hombres "presos de conciencia".
El tercer preso de conciencia, resalta, es el general brigadier José Francisco Gallardo, quien cumplió ya el séptimo año de su condena de 28 años en prisión. "Un tribunal militar lo declaró culpable de una amplia variedad de delitos militares, con motivo de la publicación en una revista del artículo Las necesidades de un ombudsman militar en México. En 1996, la Comisión Interamericana de Derechos humanos pidió al gobierno mexicano que lo pusiera de inmediato en libertad. A la fecha sigue preso".
También se destaca la derrota del PRI en las elecciones de julio de 2000. En la ceremonia de toma de posesión, el presidente Vicente Fox, del PAN, dijo en el Congreso que "México no será ya más una referencia de descrédito en materia de derechos humanos, vamos a protegerlos como nunca, a respetarlos como nunca y a considerar una cultura que repudie cualquier violación y sancione a los culpables".
El presidente Fox, añade el informe, "se comprometió además a reformar la economía, abordar la pobreza, la delincuencia y la impunidad y dar una solución pacífica al conflicto con el EZLN".
El documento registra que el Presidente incluyó un cargo de nueva creación en su gabinete, el de embajadora especial de Derechos Humanos, y el hecho de que "ONG criticaron enérgicamente el nombramiento de un general del Ejército como procurador general de la República, afirmando que contradecía el compromiso del nuevo gobierno de combatir la impunidad".
Subraya que a finales de diciembre se eliminaron las disposiciones administrativas introducidas en 1998, que obstaculizaban a las organizaciones no gubernamentales extranjeras el acceso al país para observar libremente la situación de los derechos humanos.
Días después de asumir el poder, Fox "ordenó a los destacamentos del Ejército desplegados en Chiapas que regresaran a sus cuarteles, y presentó al Congreso de la Unión un proyecto de ley indígena, que tomó en cuenta el proyecto de ley basado en los acuerdos de San Andrés".
En la presentación del documento de la sección México, a cargo de Rebeca Salinas, estuvieron presentes Michael Chamberlain, dirigente de la Red Todos los Derechos para Todos, y Juan Antonio Vega, de Cristianos Contra la Tortura, quienes manifestaron su desencanto porque en el Programa Nacional de Desarrollo, a pesar de que se consultó a ONG no se tomó en cuenta sus opiniones, y ni siquiera se incluyó un capítulo de derechos humanos con metas específicas.
No se abordó en el PND que la tortura en el país es endémica y sistémica. Y aunque el Presidente dijo que no se tolerará más esa práctica, en los hechos no se quiso entrar al fondo del problema; mientras no haya una reforma al sistema de justicia, no se acabará el problema.