JUEVES Ť 31 Ť MAYO Ť 2001

Ť Reunión nacional en Cancún contra explotación infantil

Crea SSP policía cibernética para combatir abuso sexual a menores

Ť 50 expertos rastrearán a delincuentes en Internet

Cancun, Q.Roo, 30 de mayo. Puesto que existen más de 40 millones de sitios en Internet dedicados a la promoción, difusión y venta de servicios sexuales de infantes, el gobierno federal -a través de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP)- dio a conocer, en el marco de la Primera Reunión Nacional sobre Explotación Sexual Comercial Infantil, la creación de la primera unidad de Policía Cibernética, la cual rastreará en el ciberespacio las redes nacionales e internacionales de pedófilos.

Al inaugurar el foro, Ana Teresa Aranda Orozco, directora general del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), hizo un llamado a todos los actores sociales para emprender la actualización del marco jurídico que penalice la ejecución de los delitos relacionados con este comercio, tales como el contrabando y robo de menores, y reveló que existen más de 17 mil niños sometidos a estos abusos en nuestro país.

Durante su intervención, Antonio del Valle Martínez, director general de protección de los derechos humanos de la SSP, detalló que los 50 especialistas asignados a las tareas de rastreo en la red realizarán operaciones de patrullaje antihacker virtuales, a fin de atrapar no sólo a los corruptores de menores sino también a los delincuentes que cometen fraude, intrusiones o bien organizan sus actividades delictivas en Internet.

Refirió que el primer logro de la Policía Cibernética -adscrita a la Coordinación General de Inteligencia de la Policía Federal Preventiva- fue la identificación de la organización pedófila más importante a nivel mundial, que operaba en Acapulco y que era encabezada por Robert Decker.

En su intervención, Aranda Orozco señaló que la explotación sexual de niñas y niños es una de las peores expresiones de la actual sociedad consumista e hizo un llamado a la sociedad para encontrar las formas, particularmente legales, con el fin de frenar la incidencia de este negocio que deja a las bandas que lo realizan ganancias multimillonarias al año, lo que lo sitúa como la tercera actividad ilícita más lucrativa, después del tráfico de armas y de las drogas.

Agregó que a raíz de lo acordado en el Congreso Mundial contra la Explotación Sexual de los Niños, en Estocolmo, en 1996, en México se han logrado significativos avances en materia legal, tales como la tipificación como delito de la pornografía infantil, la reforma al artículo 4 de la Carta Magna, que eleva a rango constitucional los derechos de los menores, la reforma al artículo 20 constitucional, al Código Penal Federal, al de Procedimientos Penales federal y a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que establece penas de 25 a 50 años de prisión y sanciones económicas de cuatro mil a ocho mil días de salario mínimo a quienes priven de la libertad a un menor de 16 años dentro del territorio nacional para obtener dividendos o lucrar por su venta o entrega. Lamentablemente -subrayó-, ello no es suficiente debido a que en muchas ocasiones no se aplican dichas normas.

Durante la Reunión Nacional sobre Explotación Sexual Comercial Infantil, a la que asisten 17 representantes estatales del DIF, Aranda Orozco sostuvo que la intención al abordar el tema "no es llorar la suerte de los más de 17 mil niños y niñas mexicanos" que actualmente son víctimas del comercio sexual, sino hacer que los ciudadanos tomen conciencia de que se debe combatir este flagelo.

Obligación, apoyar a la infancia

La directora general del DIF nacional recalcó que, en primera instancia, se debe reconocer la existencia de este fenómeno, así como su magnitud y lanzó un llamado a no practicar la cero tolerancia, a quienes viven y hacen de esta situación una forma de vida y de comercio, y a reconocer que los factores que generan la explotación sexual comercial infantil (ESCI) son la pobreza, el abandono, la negligencia paterna, la corrupción, la permisividad, la drogadicción y la falta de sentido de pertenencia a la sociedad

Resaltó que en una sociedad democrática y plural es obligación favorecer el desarrollo de las niñas y niños, garantizar el respeto a los derechos de los infantes y dejar de considerar este flagelo como "un mal necesario".

En este tenor, Aranda reconoció que la tarea de acabar con este mal "excede las posibilidades del DIF", por lo que pidió el apoyo a diversas instancias, tales como Congresos, cabildos y gobiernos locales, a la administración federal y sociedad civil.

No obstante, aseguró que el DIF asume su tarea de ser "la conciencia del gobierno" en la cruzada que hoy da inicio en el territorio nacional, contra la explotación sexual comercial infantil.

"Se trata de una forma de esclavitud y la peor versión de la sociedad de consumo",

10 bandas de tráfico de menores

Por su parte, Felipe de Jesús Preciado, comisionado del Instituto Nacional de Migración de la Secretaría de Gobernación, manifestó en entrevista que de las 100 bandas dedicadas al tráfico de personas que operan en el país, alrededor de 10 por ciento se especializan en sacar menores del territorio nacional para diversos fines, desde lo laboral hasta su explotación sexual, incorporándolos en la prostitución, la pornografía o el turismo sexual.

Antes, Ana Teresa Aranda subrayó que las organizaciones criminales trafican con más de 260 mil menores entre México y Estados Unidos, para ser incorporados al negocio del sexoservicio, cifra que aunque es notablemente inferior a 650 mil niñas y niños que en Filipinas son utilizados para el comercio sexual, no deja de ser alarmante.

Sugirió que a través de campañas de sensibilización y promoción se hagan más eficaces los procedimientos de denuncia de los abusos cometidos contra este sector de la población.

Se pronunció por evitar la doble victimización a que son sujetos los menores afectados por estos actos ilícitos, ya que además de ser vejados por el agresor, lo son por los representantes de la justicia, una vez denunciados.

Propuso se enjuicie y se castigue con mayor severidad a los responsables de la ESCI, aun con mayor severidad (si es posible que se tipifique como delito grave y, por tanto, sin derecho a fianza) si éstos forman parte de las instancias judiciales o son familiares y parientes directos.

Dijo que una de las asignaturas pendientes de los legisladores federales es homologar las normas federales con las disposiciones de la Convención sobre los Derechos de la Infancia.

Turismo sexual; besos a dólar

De acuerdo con un estudio elaborado por personal del Sistema DIF de Quintana Roo, alrededor de 200 infantes -con edades que fluctúan entre 5 y 17 años- fueron detectados ejerciendo sexoservicio en bares de giro negro, sex shop y anuncios a través de medios de comunicación.

En recorridos efectuados en 83 establecimientos comerciales durante tres días el pasado mes de abril, fueron encontrados menores realizando actividades comerciales como ficheras, table dance, desnudos, sexo oral, y sexo. El sexoservicio se ofrece y lo ejercen homosexuales.

También se detectaron lugares en la zona centro de Cancún, donde niños en situación de la calle "vendían besos" a dólar.

Industria en auge

Bernt Aasen Dez, representante del Unicef en México, señaló que a más de un siglo de la abolición de la esclavitud y de la aprobación de las primeras leyes de regulación del trabajo infantil, hoy la explotación de menores es una industria en pleno auge, tanto en países ricos como en naciones pobres.

Incluso, puntualizó, se recurre a los servicios de la alta tecnología para promover la pornografía infantil y el turismo sexual, prácticas que atentan contra la dignidad, la identidad y la autoestima del infante, además de menoscabar su confianza en los demás.

Detalló que cualquiera de las formas de explotación sexual, sea física o emocional, amenaza los derechos de los niños y, por tanto, su futuro y el de la nación a la cual pertenecen.

Coincidió con la directora general del DIF nacional, en cuanto a que la estrategia más eficaz para erradicar este "flagelo social" es la suma de voluntades, de saberes y de esfuerzos de todos aquéllos que trabajan en instituciones públicas y de la sociedad civil.