DOMINGO Ť 1Ɔ Ť JULIO Ť 2001 '

Antonio Gershenson

Controversia y electricidad

La controversia constitucional que se acordó plantear, por parte del Poder Legislativo, contra las reformas al Reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, publicadas hace poco más de un mes, tiene en el fondo el proyecto de desarrollo para esta industria, en torno del cual, evidentemente, no hay acuerdo.

Las citadas reformas se refieren a la venta de excedentes por parte de entidades que se autoabastecen de electricidad, a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) como propietaria y poseedora de la red de distribución de electricidad. No se contrapone a los postulados de la ley mencionada, que contiene planteamientos más generales. Tampoco se alega en la discusión habida en el Congreso que así sea; se dice que va más allá de lo que dice la ley, por lo menos en lo que se ha informado públicamente. Es más, funcionarios han hablado de introducir o crear un mercado eléctrico, y esta reforma, al mantener el supuesto de que toda la electricidad que no va a ser consumida por quien la generó, deba ser vendida a la CFE, mantiene el control centralizado de la energía con la que se va a prestar el servicio público.

Por eso decimos que lo que está en el fondo, más que el tema mismo en discusión, es la concepción de cómo debe resolverse la cuestión de la industria eléctrica, de su desarrollo y de su financiamiento. Dado que el asunto tiene varios ángulos, una solución real debe incluir los diferentes aspectos y problemas planteados.

Se debe tener presente, por ejemplo, de dónde y cómo va a venir el dinero para el desarrollo de la industria eléctrica, que haga frente a la creciente demanda. Se ha renunciado a la posibilidad de privatizar la industria, después del descalabro del proyecto zedillista. Tampoco es aceptable que, como se hace ahora, la CFE absorba todos los riesgos (cambiario, de cambios en el precio del gas y otros) y deje al supuesto capital de riesgo de algunas empresas privadas, sin ningún riesgo y con todas las ganancias.

Sin discutir el proyecto de fondo, difícilmente habrá acuerdo en un asunto relativamente particular como el de la venta de excedentes a la CFE. Yo considero que el mercado y la competencia, en el caso de la industria eléctrica, deben subordinarse a una planeación central del desarrollo de la industria. Como en lo general una planta de generación se tarda varios años, y la recuperación de la inversión más aún, sin previsiones de largo plazo no se puede asegurar el suficiente abasto de energía. El mercado puede regular eficientemente operaciones con ciclos económicos de corto plazo y cuando hay un buen número de proveedores de las mercancías de que se trate. No es el caso de la industria eléctrica en México.

La solución al problema del financiamiento pasa por dos medidas básicas. La primera es un aumento gradual, anunciado y programado de las tarifas, hoy subsidiadas, que se cobran a las empresas que reciben la electricidad en altos voltajes, y que representan en números redondos las dos terceras partes del consumo nacional. La segunda consiste en facilitar a esas empresas y a otras entidades que lo deseen, el autoabastecimiento de electricidad, al cual se verán impulsados con las tarifas en proceso de elevación. Así, las empresas invertirán a su propio riesgo y, si lo hacen bien, en su propio beneficio. Esas plantas de autoabastecimiento (incluyendo la cogeneración en la que el calor se aprovecha también para otros usos) contribuirán al aumento de la capacidad instalada de generación. Cabe recordar que esta modalidad nunca ha sido excluida por la legislación mexicana, ha estado presente en ella en todas las leyes y reformas aprobadas en diferentes momentos desde la nacionalización.

El complemento, lo que dejen de hacer estas empresas, lo deberá hacer el sector público, el sector eléctrico nacionalizado. Lo podrá hacer con el dinero de las tarifas que se elevaron como resultado de la primer medida mencionada. Si el autoabastecimiento cubre mejor el norte, la inversión pública se irá en mayor proporción al sur. Si las empresas se inclinan más de lo conveniente a plantas termoeléctricas, el sector público podrá invertir más en hidroeléctricas y otras fuentes alternas. Y así en todos los aspectos que determinan el rumbo del desarrollo. Para este esquema, no se requiere reformar la Constitución y, si se llegan a requerir reformas legales, éstas no serían de una magnitud tal que implicaran un cambio de rumbo político.