Néstor de Buen

Legislativo vs. Ejecutivo

Vivimos, sin la menor duda, un mundo mediático. La política se viene transformando en un diálogo de tres: el Ejecutivo, el Legislativo y los medios de comunicación. Ahora se dice, aquí mismo y en titulares de primera página, que "demandará el Congreso a Fox por usurpar funciones". El motivo: discrepancias sobre el Reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica.

Lo que no me gusta es el concepto de "demanda". Porque basta leer el inciso I, apartado c, del artículo 105 constitucional para advertir que de lo que se trata es de una discrepancia entre el Congreso y el Ejecutivo sobre los términos en que fue expedido el dichoso reglamento.

El Congreso no demanda al Ejecutivo. Se limita a plantear una controversia constitucional, que no es otra cosa que un llamado de atención que uno de los poderes hace frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que se determine si un acto es o no constitucional.

Al parecer en el reglamento aprobado por el Presidente asoman pecadillos de privatización, y eso no le ha parecido a un Congreso que, si hubiera sido un presidente priísta, habría lanzado las campanas al vuelo y organizado actos nacionales de apoyo a la "inteligente decisión del señor Presidente".

En estos casos al Presidente no se le puede demandar. Se trata de una simple inconformidad con un reglamento que, dejando al parecer de cumplir con su función primordial de establecer los cauces de aplicación de la ley, en concepto del Congreso se ha salido de esos límites y ha ido más allá de lo que la ley, dictada por el propio Congreso, autoriza.

Si un particular hubiese sentido que se le afectaba en sus intereses jurídicos por la expedición del reglamento, simple y sencillamente habría pedido un amparo. Ese amparo, de concederse, tendría sólo efectos relativos a quien lo hubiere pedido. De promover el Congreso la controversia constitucional alegando que se salió de madre el reglamento, la Corte podría hacer una declaración que, de ser aprobada por ocho votos (la Corte significa hoy en día 11 votos), tendría efectos generales, esto es, prácticamente derogaría el reglamento inconstitucional.

Lo que me llama la atención (y quizá no tanto) es que todos los partidos, inclusive el PAN, suscriben la petición dirigida a la Corte. Y Diego Fernández de Cevallos, en una de sus intervenciones llamativas, simplemente dice que su partido, supuestamente el mismo del Presidente, apoya la moción no obstante no considerar que "el decreto de marras viole, transgreda o vaya más allá de la ley, y porque además consideramos que esta demanda no procede" (La Jornada, 28/VI, p. 7, Andrea Becerril).

Eso no lo entiendo: me quejo aunque estoy de acuerdo.

Este es el misterio político que encierra una decisión, tomada a partir de una propuesta de Manuel Bartlett, que ha sido secundada por todos los partidos.

No es raro, ciertamente, que el PAN lance una ofensiva contra Fox, que no es la primera ni presumiblemente será la última y que, independientemente de que sea o no justificada, refleja un distanciamiento entre el partido y el Presidente.

De Diego Fernández de Cevallos se pueden decir muchas cosas que él mismo provoca. Pero de todas, lo que parece evidente es que sus simpatías personales no son propicias a Fox. Hay una evidente rivalidad personal y Diego no desperdicia ocasión para insinuar que Fox usurpa los derechos que por antigüedad le debieron corresponder.

Fox hizo su campaña apoyado por ese grupo indefinido pero muy bien organizado que se autodenominó "amigos de Fox". El PAN le sirvió como vehículo para acreditar la viabilidad de su candidatura. Pero los nombres de Gómez Morín, Christlieb Ibarrola o González Luna no sustentaron su campaña, que tuvo más parentesco con la figura notable de Manuel J. Clouthier: pragmatismo vs. doctrina.

El pretexto me parece pueril. Un reglamento de esa índole, por más que lleve el aval presidencial, es producto de estudios especializados de individuos que supuestamente conocen la materia. Pero ahora se ha convertido en un pretexto más -y ya abundan- para tratar de romper la imagen del presidente carismático, mercadotécnico y popular. Se entiende que lo hagan el PRI y el PRD, por aquello del animus chingandi. Pero ¿el PAN?