martes Ť 3 Ť julio Ť 2001

Marco Rascón

Contra la verdad

El aliado fundamental del gobierno mexicano contra las insurgencias democráticas, populares, estudiantiles, sindicales y campesinas después de 1968, fueron sin duda las oligarquías locales que conjunta y nacionalmente constituyeron el esquema de dominación en México. Este esquema de alianza dio vida al régimen priísta por 30 años más después del 2 de octubre y fue el factor de retraso de todas las instituciones nacionales al perseguir, amordazar, reprimir, vejar, linchar y torturar a los ciudadanos, grupos y movimientos que empujaban a cambios razonables y justos en el país.

Toda la etapa del "desarrollo estabilizador" y el "milagro mexicano", de 1952 a 1976, significó la alianza de los sectores patronales y empresariales mediante sus cámaras; las centrales obreras y federaciones de sindicatos adheridos al PRI, Televisa y el sistema presidencialista. Bajo el concepto de la unidad nacional y a nombre de la soberanía, este bloque emprendió las campañas anticomunistas más feroces, en abierta complicidad con Estados Unidos en la guerra fría y justificando todas las formas cruentas de represión. Miles pasaron por la prisión, las cámaras de tortura, la desaparición y la censura por sólo haber sido simpatizantes de ideas democratizadoras, las cuales se refugiaron en las universidades públicas y los sectores más avanzados de la intelectualidad, el arte, las ciencias y la educación.

El gobierno creó ex profeso la Dirección Federal de Seguridad para perseguir, clasificar y reprimir a todo lo que significara un peligro para la seguridad de ese régimen centralizado y presidencialista. En aquellos años, la represión abierta era el instrumento preferido para tratar con las disidencias a las que se acusaba de ser parte de una conspiración comunista auspiciada por el "oro de Moscú o de La Habana". Bajo esta concepción no sólo gubernamental, sino de las "fuerzas vivas" locales, por igual, se asesinó a guerrilleros, agraristas, sindicalistas, estudiantes y maestros para beneplácito de esa alianza oligárquica loca de miedo ante las "ideas extrañas".

El populismo de Echeverría, sin embargo, generó los primeros brotes de descontento y chistes contra la figura presidencial por parte de los banqueros y empresarios, con lo cual comienzan su carrera hacia la autorrepresentación y acercamiento con el PAN. En 1973, la puntilla fue la muerte de Eugenio Garza Sada en Monterrey durante un intento de secuestro por un comando de la Liga Comunista 23 de Septiembre, lo cual termina con la era del simple crimen político contra los disidentes, y se inicia ahí la era de las desapariciones forzadas, como una práctica sistemática y auspiciada por las políticas de contrainsurgencia que se aplicaban en el resto de América Latina.

En México, lo que hizo el gobierno para perseguir y asesinar a Arturo Gámiz, Pablo Gómez, Lucio Cabañas, Genaro Vázquez, Raúl Ramos Zavala, Diego Lucero, Efraín Calderón Lara en Yucatán, los coceístas en Juchitán, Oaxaca, y los estudiantes y maestros el 10 de junio de 1971, entre cientos más, se convirtió a partir de 1973 en una lista de más de 560 desaparecidos a manos de este bloque oligarca y, por tanto, se convirtió en un crimen de Estado del que nadie quiere hacerse responsable.

El terror de la desaparición como práctica política es el resultado de esa alianza oligárquica-empresarial con el régimen priísta, en el tránsito entre el viejo sistema corporativo al de la globalización. El grupo Monterrey, el grupo Chihuahua, los Figueroa en Guerrero, los agricultores de Sonora y Sinaloa, la casta divina de Yucatán, los coletos de Chiapas, el hankismo en el estado de México, fueron instigadores de la represión y causantes del atraso de las provincias en México, al contener brutalmente a los sectores que promovían el cambio democrático y social en México.

Ingratamente, luego de la expropiación bancaria de 1982 por López Portillo, estos mismos aliados oligárquicos del régimen, tras décadas de beneficios y subsidios, se convirtieron en la base del ascenso panista en el norte; conspiraron encapuchados en Chipinque en los años setenta. Son los mismos que aportaban a las charolas de Salinas y se convirtieron en los "amigos de Fox", con la bendición estadunidense.

Son ellos quienes impiden que se conozca la verdad de los desaparecidos y se abran los archivos de este punto oscuro de complicidad entre la oligarquía empresarial y los gobiernos priístas. Por eso Fox, pese a no provenir del viejo régimen, tendría complicidad con ese pasado que lo respalda y lo empujó, pues Fox significa el rencuentro de esa oligarquía atrasada, con el poder político, roto desde la muerte de Garza Sada.

Este régimen son los viejos ricos, jugando al nuevo político, pero que tienen también las manos manchadas de sangre y son cómplices del terrorismo de Estado de los últimos 33 años. Por eso son, en síntesis, enemigos de la verdad histórica.

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