viernes Ť 6 Ť julio Ť 2001
Gilberto López y Rivas
El Plan Puebla-Panamá y la contrarreforma indígena
Las autonomías indígenas, entendidas como espacios socioculturales locales y regionales a partir de los cuales se pueda construir desde abajo una nación pluriétnica y pluricultural, se enfrentan al grupo oligárquico de nuestro país y a sus programas modernizadores neoliberales. El Plan Puebla-Panamá es el ejemplo más reciente de proyectos que buscan la inserción autoritaria, discriminatoria y excluyente de México en el proceso globalizador.
Este plan ha sido presentado por los gobernantes mexicano y centroamericanos como un instrumento para impulsar el desarrollo en esta región, arguyendo que su propósito fundamental es encontrar paliativos a los índices de pobreza y marginalidad existentes, y buscar inversiones que además de generar fuentes de empleo contribuyan a mejorar el comercio vía terrestre.
En la parte justificadora de este plan se comenta que la calidad de la gestión pública depende de "la inteligencia para adecuar las instituciones, diseñar políticas y llevar a cabo acciones capaces de aprovechar con creatividad las oportunidades de desarrollo que brinda la globalización de la economía mundial". Con esto se pretende subordinar el proyecto nacional a un proceso globalizador que no está siendo definido a partir de los intereses y necesidades provenientes de los sectores más amplios de la sociedad mexicana.
Los defensores del plan exponen que la economía mexicana ha logrado una incorporación activa en la nueva dinámica mundial gracias a los tratados de libre comercio que ha firmado el gobierno de México con América del Norte, y los países de la Unión Europea y Centroamérica, sin cuestionar en ningún momento las condiciones de desigualdad y disparidad entre las naciones participantes de dichos acuerdos comerciales. Más aún, por un lado se argumenta que gracias a estos tratados existe "un innegable desarrollo económico y social", mientras se reconocen al mismo tiempo grandes disparidades entre algunas regiones. Así, además de confundir crecimiento y desarrollo económico, se pretende paliar la disparidad de las zonas más pobres de México y Centroamérica con el mismo modelo económico con el que se establecieron los acuerdos comerciales mencionados.
Quienes elaboraron el Plan Puebla-Panamá omiten mencionar que México ha sufrido un incremento considerable en la última década del número de personas que pasaron a engrosar el índice de extrema pobreza. De tal manera que de 20 millones de pobres existentes en 1994, el número se duplicó a 40 millones para el año 2000. Pero esta situación no preocupa al gobierno federal, excepto por la posibilidad de que a causa de la pobreza y la marginalidad se generen conflictos sociales.
En el contexto del Plan Puebla-Panamá los pueblos y comunidades indígenas son considerados como mera fuerza de trabajo susceptible de ser explotada y aprovechada por los grandes consorcios del capital nacional y trasnacional que tienen puestos sus intereses en las "bonanzas" de las futuras inversiones en la región.
Además de provocar una mayor pauperización de los sectores más humildes de la población, un plan económico de esta naturaleza traerá como consecuencia el desplazamiento de oligarquías locales y de carácter caciquil por oligarquías financieras económicamente poderosas.
A decir del gobierno federal, el Plan Puebla-Panamá tiene la intención de generar "nuevas políticas públicas para el desarrollo humano en la lucha contra la pobreza y la promoción de la inversión y el desarrollo productivos, la realización de inversiones estratégicas en infraestructura que permitan a la región comunicarse mejor y aprovechar las potencialidades inscritas en los tratados de libre comercio de México, una nueva política de precios y tarifas de bienes y servicios producidos por el sector público, y programas para el aseguramiento de la sustentabilidad ambiental del crecimiento económico".
Pero si éstas fueran realmente las intenciones genuinas del plan, no se explicaría por qué se generó por parte del gobierno federal y el Congreso de la Unión la ruptura del diálogo con el EZLN al imponer una ley indígena que vulnera la letra y el espíritu de los acuerdos de San Andrés. Si realmente se pugnara por el desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas se hubiera alentado la aprobación de la ley Cocopa. Pero no fue así, entre otras cosas porque su aprobación generaba obstáculos importantes al proyecto de desarrollo regional contemplado en el Plan Puebla-Panamá. El hecho de que los pueblos y comunidades indígenas puedan decidir a través de sus autonomías en torno a la utilización de los recursos naturales, de las comunicaciones y de gobiernos locales, no es compatible, en lo absoluto, con el proyecto de explotación de recursos naturales a gran escala, de apertura de supercarreteras y telecomunicaciones.
El panorama para el EZLN y los pueblos indígenas es en principio amenazador. Para ellos el Plan Puebla-Panamá podrá traer efímeramente fuentes de empleo, pero a la larga se convertirá en un bastión más de la exclusión que ha caracterizado al modelo económico que nos rige. En cambio, para el gobierno federal el plan significa la oportunidad de que el México de los grandes empresarios se inserte como fuerza hegemónica de Centroamérica en la globalización. Con los desarrollos regionales, la soberanía definida como la facultad de un pueblo de procurarse leyes y autogobernarse, se desvanece para dar paso a poderes económicos cada vez más desligados de los intereses cotidianos de la mayoría de la población, particularmente de los pueblos indígenas.