En su comparecencia ante la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública de la Cámara de Diputados, el secretario de Seguridad Pública del gobierno federal, Alejandro Gertz Manero, formuló un balance alarmante del Sistema Nacional de Seguridad Pública desde su creación, hace seis años.

Admitió que los resultados de la tarea gubernamental en este terreno son inaceptables y realizó una agobiante enumeración de vacíos legales y vicios policiales y penitenciarios. Lo dicho por el funcionario podría sintetizarse en que, para efectos de seguridad pública, el anterior fue un sexenio perdido, errático y dispendioso.

Para la mayoría de los ciudadanos sería difícil no compartir la percepción de Gertz Manero. El poder de las organizaciones delictivas, la ineficacia y la corrupción imperantes en las corporaciones policiales preventivas y judiciales, así como los escandalosos niveles de impunidad, son variables que se traducen en un estado de zozobra y acoso permanente para la población, la cual experimenta una completa y justificada desconfianza ante las instituciones encargadas de velar por la seguridad y de procurar e impartir justicia.

Ante este panorama, es claro que ningún gobierno, independientemente de su orientación política, económica o ideológica, puede desempeñarse con un mínimo grado de eficiencia y que, por lo tanto, una de las principales prioridades de la actual administración ha de ser la reorganización profunda y la moralización y limpieza de las entidades públicas relacionadas con la seguridad pública, la fiscalización y la procuración de justicia.

En primer lugar, las secretarías de la Contraloría y de Seguridad Pública y la Procuraduría General de la República.

Pero esta tarea no puede limitarse al ámbito de competencia del Ejecutivo, sino que requiere de una estrecha coordinación con los otros dos poderes, toda vez que se precisa de modificaciones legales --trabajo del Legislativo-- y de una modernización y depuración de los tribunales. 

Asimismo, la tarea no puede ser exitosa si no se establecen mecanismos de cooperación con los niveles de gobierno estatales y municipales, de los cuales dependen instancias policiales corrompidas que constituyen cotos de impunidad.

Desde esta perspectiva, la reconstrucción nacional de la seguridad pública bien podría ser un eje articulador del necesario pacto político del que se habla desde hace unas semanas y que hasta el momento no parece haber encontrado las perspectivas de su concreción.

La tarea es impostergable. Cabe esperar que en diciembre próximo la sociedad no tenga que preguntarse si no se habrá pasado por otro año perdido en materia de seguridad.