Ť Capturan banda dedicada a ese ilícito; podrían salir libres bajo fianza, advierte el Presidente

El gobierno actuará con todo contra los particulares dedicados al espionaje: Fox

Ť Propondrá al Congreso reformas para aplicar castigos más severos a quienes cometan ese delito

ENRIQUE MENDEZ Y GUSTAVO CASTILLO

El gobierno federal actuará "con todo" contra la banda de particulares que se dedicaba al espionaje de secretarios de Estado y dirigentes de partidos políticos, y que estaban infiltrados incluso en el Cisen, afirmó el presidente Vicente Fox, aunque lamentó que la legislación actual probablemente les permita salir libres bajo fianza.

Por eso anunció que en septiembre la PGR, la Secretaría de Seguridad Pública, la Contraloría y todo el gabinete de Orden y Respeto enviarán un "amplísimo paquete" de iniciativas para mejorar el sistema penal y reformar las leyes en la materia.

"Nos urge acabar con bandas criminales como esta que se acaba de detener, y ojalá los llevemos al bote, a la cárcel por muchos, pero muchos años", sostuvo.

Poco antes de que terminara el programa de radio Fox en vivo, Fox contigo, el mandatario recibió la información de que la PGR había pescado a 11 personas dedicadas al espionaje telefónico "para hacer negocio", y que supuestamente habían sido empleados y funcionarios del gobierno del estado de México.

Fox refirió que él sabía de medios de comunicación que compran este tipo de grabaciones, "llamadas filtraciones", a precios bastante altos, y afirmó: "seguramente se las proveen organizaciones criminales como esta que acabamos de agarrar".

Según el reporte que la PGR le envió al Presidente, además de las personas detenidas se aseguró equipo, instalaciones y "muchas, muchas grabaciones de espionaje" a funcionarios públicos, a integrantes de partidos políticos, a secretarios de Estado.

"Esto no va a parar aquí -advirtió-, vamos a ir hasta las últimas consecuencias, porque una seguridad que queremos para cada familia es la privacidad; es que no se anden metiendo, a través del espionaje, en la vida privada de los ciudadanos, de los políticos, de los gobernantes".

Desgraciadamente, dijo Fox, como está diseñada la ley actual posiblemente obtengan su libertad caucional, y por eso es que se presentarán las iniciativas para "aumentar las penas". Se trata, dijo, de que se elimine la reducción de años de prisión a violadores, a secuestradores, a los delincuentes organizados que salen libres antes "por supuesto buen comportamiento en la cárcel".

Mientras, el subprocurador A de Procesos Penales de la PGR, Gilberto Higuera Bernal, dijo que una de las reformas que debían ser enviadas al Congreso -y que se le pedirá al Presidente incluya en el paquete de iniciativas- es que el espionaje telefónico sea tipificado como delito grave.

En conferencia de prensa lamentó que en las modificaciones legales realizadas en 1996 para sancionar ilícitos cometidos por la delincuencia organizada, no se haya incluido el espionaje como un delito grave, y dijo que su combate se ha convertido en prioridad para la dependencia.

En un discurso pronunciado en el auditorio México de la PGR, Higuera Bernal subrayó: "el gobierno federal que encabeza el presidente Vicente Fox mantiene y mantendrá una indeclinable política orientada al fortalecimiento del estado de derecho, el cual es fundamental para salvaguardar los derechos de los ciudadanos y la seguridad colectiva.

"El nuevo gobierno de la República, a través de las instituciones competentes, está empleando y empleará todos sus recursos para preservar y fortalecer ese estado de derecho".

Higuera Bernal dijo que en la PGR se sabe que "entre los delitos que más preocupan y afectan a la sociedad están los de narcotráfico, secuestro, acopio y venta de armas, robo de vehículos y tráfico de menores".

Pero, agregó, "otro delito que preocupa a la sociedad en general y al gobierno, es el de la intervención ilícita de comunicaciones privadas, ya que este ilícito afecta gravemente el derecho a la intimidad y a la privacía a la que todos tenemos fundamental derecho".

Por eso, dijo, es que se incorporó a la Constitución federal, mediante adiciones a su artículo 16 ?derecho que ha sido recogido por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos?, el carácter inviolable de cualquier tipo de comunicación privada, con la excepción de intervenciones que solamente pueden ser autorizadas por la autoridad judicial federal, y con las limitaciones que señalan la leyes.

"No obstante el gran daño que causa a las personas la intervención ilícita de comunicaciones privadas, lamentablemente ese delito no se incluyó entre los considerados graves", sostuvo.