LUNES Ť 9 Ť JULIO Ť 2001

Ť Dotar a la ciudad de una Constitución propia, entre los objetivos

Concluir reforma política, prioridad del programa de gobierno 2000-2001

Ť Plantea ampliar la participación ciudadana mediante referéndum, plebiscito y consulta Ť El documento fue enviado a la ALDF Ť Contiene guías generales de acción de la administración

RICARDO OLAYO GUADARRAMA

El Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2000-2006 que propuso el jefe de Gobierno, Andrés Manuel López Obrador, y que ya fue enviado a la Asamblea Legislativa, establece como "objetivo prioritario" llevar a buen término la reforma política, y ello significa, sobre todo, tener una Constitución local.

Los ciudadanos podrán aprobarla por la vía del referéndum antes de octubre de 2002, indica el Ejecutivo local en el escrito de más de 180 páginas, en el cual hace planteamientos de lo que serán sus guías generales de actuación.

En el renglón de la reforma política señala: "No hay razones jurídicas, técnicas o políticas válidas para impedir que se complete este proceso" y dar facultades a los órganos de gobierno y a los ciudadanos.

El documento menciona que la Constitución servirá para fijar la autonomía dentro del pacto federal, y de su contenido propone: eliminar la cláusula de gobernabilidad, disponer de mecanismos de sustitución del jefe de Gobierno similares a los que se usan en el caso de los gobernadores; crear nuevas instituciones, como la asamblea general de vecinos, el gobierno vecinal y el municipal, "así como organizaciones civiles, a las cuales se dará una gran importancia".

Además plantea que se buscará ampliar la participación ciudadana mediante plebiscito, referéndum, consulta, audiencia pública, revocación de mandato, destitución del cargo e iniciativa popular, y una instancia de quejas y denuncias.

"Mediante el plebiscito, los ciudadanos aprobarán o rechazarán, con efectos vinculatorios, actos o decisiones de la autoridad previa su aplicación y mediante el referéndum votarán, con efectos vinculatorios, sobre la formación, aprobación, rechazo, modificación, adición, derogación o abrogación de algunas leyes que emita el órgano legislativo del Distrito Federal".

A la jefatura de Gobierno no escapa que la propuesta "puede sufrir las modificaciones propias de un proyecto cuyo resultado final será decidido por diversas fuerzas políticas".

La ALDF, un Congreso local

El planteamiento de López Obrador considera que la Constitución Política del Distrito Federal "otorgará a los ciudadanos el control sobre aspectos políticos; establecerá un sistema de exigibilidad y rendición de cuentas, y un régimen de derechos para garantizar la justa representación política y la participación ciudadana". Como en el resto de las entidades federativas, el DF "contará con tres poderes: Legislativo, Ejecutivo y Judicial locales con plenas facultades y responsabilidades, con equilibrio entre ellos.

La Asamblea Legislativa tendrá que convertirse en un Congreso local con plena capacidad y facultades para discutir y aprobar la deuda pública del Distrito Federal; ratificar el nombramiento que haga el jefe de Gobierno del procurador de Justicia y, en dado caso, sería la instancia a la que correspondería someter a juicio político al titular del Ejecutivo local.

La propuesta que impulsará López Obrador pretende garantizar el respeto irrestricto a los derechos humanos y el castigo a toda forma de tortura, "elevando la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal a rango constitucional, cuyo titular sería nombrado por el órgano legislativo local".

El gobierno capitalino promoverá ante la Asamblea Legislativa "una reforma integral de la estructura jurídica del Distrito federal en cada una de las áreas de la administración pública" y actualizará el régimen jurídico que tiene normas "obsoletas, inaplicables y contradictorias (y que) son desconocidas por los ciudadanos".

Garantías, gane quien gane

Alcanzar un acuerdo en torno a la reforma política del Distrito Federal para promulgar una Constitución contribuiría a la "consolidación y legitimación de los poderes Ejecutivo federal y local" y "sería una muestra de que la transición democrática del país se consolida y tendrá efectos favorables para la estabilidad política y económica y daría certidumbre jurídica a todos, sentando las bases para que la ciudad capital funcione, gane quien gane, en los procesos electorales".

Los partidos políticos y la sociedad organizada ha logrado avances para la elección de sus representantes; "sin embargo, elegir a las autoridades es una condición necesaria, más no suficiente, para la existencia y desarrollo de la democracia".

Para ello, el Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2000-2006 expone que es indispensable institucionalizar el compromiso social del gobierno para hacer frente a las desigualdades y establecer los mecanismos que garanticen la transparencia en el ejercicio de gobierno.

Para ello se debe consolidar "un nuevo orden democrático en el DF" y que la ciudadanía apruebe su propia Constitución política en la que se garanticen sus derechos, y así integrar a la ciudad de México como una entidad del pacto federal, sin las limitaciones y los controles que operan hasta hoy.

El programa es el equivalente al Programa Nacional de Desarrollo del gobierno federal y en este momento está sujeto a la opinión de los asambleístas y de los ciudadanos, aunque en éste último caso no se precisan los mecanismos de opinión.

Para su elaboración se conformó un Comité de Planeación, se realizaron 13 foros temáticos y se agruparon los conceptos a partir de los cuatro gabinetes de gobierno: Gobierno y Seguridad Pública, Desarrollo Sustentable, "Progreso con Justicia y Administración y Finanzas.

Establece que durante medio siglo los habitantes del Distrito Federal vivieron una era de optimismo y esperanza, pero en las últimas dos décadas "todo eso se ha derrumbado estrepitosamente" y muchos se sienten decepcionados, confundidos y, sobre todo, desamparados.

El primer gobierno electo que encabezó Cuauhtémoc Cárdenas sentó las bases de un nuevo desarrollo y a partir de lo avanzado, el gobierno actual, "con su propia orientación" trabajará en cumplimiento del mandato depositado en las urnas el 2 de julio del año pasado.