Organismos y funcionarios entrevistados por este diario advierten sobre las nefastas consecuencias de la corrupción y sus extendidas prácticas en el país, y sobre las dimensiones económicas que ha alcanzado este fenómeno indeseable. Así, Arturo Lomelí Escalante, presidente de la Asociación Mexicana de Estudios para la Defensa del Consumidor (Amedec), afirma que las diversas expresiones de la corrupción provocan daños al sector productivo por cerca de 120 mil millones de dólares, el equivalente a 20 por ciento del PIB, y más del doble de la cifra estimada por el secretario de la Contraloría, Francisco Barrio, quien menciona un monto de 50 mil millones de dólares.

Lomelí Escalante tomó como ejemplos las mermas ilegales en el gas doméstico y las gasolinas, los cobros excesivos a los usuarios de energía eléctrica y telefonía, así como la piratería en ropa, juguetes, videos, música y programas de cómputo, actividades que causan daños por casi 37 mil millones de pesos anuales y que, evidentemente, requieren de la complicidad de autoridades en diversos niveles y ámbitos de la administración pública.

Desde una lógica menos cualitativa, Eugenio Salinas Morales, titular del Consejo Mexicano de Comercio Exterior (Comce), advierte que la corrupción "hace perder el concepto de eficiencia, eficacia y distorsiona los precios de quien produce y de quien consume"; en síntesis, impide el desarrollo económico del país.

A estas alturas resulta claro que el combate a la corrupción ha de ser una prioridad central del gobierno federal, si es que realmente se aspira a cumplir con las promesas de transparencia, democracia, crecimiento y justicia empeñadas por Vicente Fox, tanto en su fase de candidato como en la de presidente constitucional.

La responsabilidad de la tarea no puede, ciertamente, limitarse al ámbito del Ejecutivo; requiere de la participación activa de todos los sectores sociales y económicos e implica que los invididuos mantengan, desde sus atribuciones como ciudadanos, consumidores, vecinos o trabajadores, una vigilancia permanente sobre funcionarios y empleados públicos y sobre proveedores de bienes y servicios. Corresponde a la clase política forjar los consensos para convocar a la población.

Finalmente, esa misma clase política debe erradicar de sus usos el cinismo que da lugar a ambigüedades indefendibles en torno a la corrupción; tal es el caso del encubrimiento parlamentario de las operaciones del Fobaproa, aprobada por panistas y priístas en la legislatura pasada. Esa maniobra impide considerar legalmente al rescate bancario del zedillismo como un acto de corrupción, por más que política y moralmente lo sea.