Ť Decide Junta de Fiscales no procesar al canciller Piqué por presunto desfalco fiscal

Atentado con coche-bomba en Madrid deja un policía muerto y 12 heridos; culpan a ETA

Ť Condena el gobierno vasco la acción y llama a "concentraciones silenciosas" de repudio

ARMANDO G. TEJEDA CORRESPONSAL

Madrid, 10 de julio. Un coche-bomba cargado con entre 15 y 20 kilogramos de dinamita estalló esta noche en el sur de esta capital, con saldo de un policía muerto y 12 heridos, acción atribuida por las autoridades a la organización armada vasca ETA

El atentado, que provocó además cuantiosos daños materiales, ocurrió durante la víspera de la sesión de investidura de Juan José Ibarretxe como jefe de gobierno vasco, y como en ocasiones anteriores fue condenado por todos los partidos políticos, con excepción de la coalición Euskal Herritarrok, considerada brazo político de ETA.

La bomba estalló al filo de las 20:30 horas cuando las fuerzas de seguridad acordonaban la zona. El policía Luis Ortiz de la Rosa murió a consecuencia de la explosión, que ocurrió 15 minutos antes de la hora fijada en una llamada anónima de advertencia a los bomberos, por lo que la policía sospecha que se trató de una "bomba trampa".

El coche-bomba, un Peugeot 205 de color rojo, fue estacionado cerca de las oficinas del Ministerio de Justicia de la calle Ocaña, en el barrio de Aluche, al sur de la capital, y de la antigua cárcel de Carabanchel, informó el Ministerio del Interior, y precisó que el vehículo era robado y portaba matrículas falsas.

El policía Luis Ortiz de la Rosa, de 34 años, casado y con un hijo de 17 meses, se encontraba en las inmediaciones de la zona vestido de civil, pero al enterarse de la situación acudió a colaborar. Su cuerpo fue localizado media hora después de la explosión en medio de dos coches.

Ortiz de la Rosa se convierte en la víctima mortal número 32 desde que ETA rompió su tregua unilateral en noviembre de 1999, y la segunda desde los comicios vascos del pasado 13 de mayo.

En su acción más reciente, el grupo armado colocó una bicicleta-bomba el pasado 26 de junio en Madrid, en el que 20 personas resultaron heridas, entre ellas el general Justo Oreja Pedraza, al parecer el objetivo del ataque.

Una semana antes ETA hizo estallar un coche-bomba en San Sebastián y el 9 de junio otro vehículo explotó en Logroño, con saldo de 40 heridos y cuantiosos daños materiales.

La última persona que murió a manos de ETA fue el director financiero de El Diario Vasco, Santiago Oleaga, acribillado el 24 de mayo por dos presuntos miembros del Co-mando Donosti.

El atentado de hoy ocurrió un día antes de que en el Parlamento Vasco comience la sesión de investidura del nacionalista mo-derado Juan José Ibarretxe, relecto en los comicios de mayo, quien dijo que los objetivos de su gobierno serán el establecimiento de un nuevo proceso de paz y el reclamo de la "autodeterminación".

El vocero del gobierno vasco, Josu Jon Imaz, señaló que una de las cuestiones que más apremian en la vida política de Euskadi es "serenar" y "utilizar el dialogo como herramienta" para lograr la paz.

Imaz condenó el atentado de hoy que, dijo, "no empañará" la sesión de investidura de Ibarretxe, y convocó una "concentración silenciosa" frente a las instituciones y todos los ayuntamientos del País Vasco este miércoles a mediodía.

El portavoz del Partido Popular (PP), Ra-fael Hernando, calificó el atentado como "una salvajada de ETA", mientras su similar del Partido Nacionalista Vasco, Iñaki Anasagasti, afirmó que con estas acciones "ETA no va a conseguir nada sino demostrar que son un grupo de asesinos que mata por matar".

El Partido Socialista Obrero Español, tras condenar el atentado, reiteró su defensa del pacto contra ETA firmado con el gobierno del PP, y el líder de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, declaró que la explosión es "la muestra del desprecio que tiene la organización terrorista respecto de la voluntad de los vascos".

En otro asunto, la Junta de Fiscales de Sala, que representan a la cúpula del Ministerio Fiscal, decidió, por 13 votos a favor y dos en contra, no procesar al ministro de Asuntos Exteriores, Josep Piqué, por un presunto desfalco fiscal de más de 100 millones de dólares relacionado con la venta de la firma española Ertoil a la francesa ELF a principios de la década pasada.

Los fiscales estudiaron cuatro informes, dos a favor y dos en contra del procesamiento del funcionario.

Uno de los documentos a favor fue elaborado por el fiscal anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo, quien ha denunciado la injerencia del Ejecutivo, José María Aznar, en el funcionamiento de la justicia y de obstaculizar los procesos contra miembros de su gabinete.