MIERCOLES Ť 11 Ť JULIO Ť 2001

Pena ejemplar a militares

Tortura, homicidio, secuestro... ni 13 años de cárcel a 2 soldados de elite

JESUS ARANDA

La noche del 14 de diciembre de 1997, un grupo de 12 oficiales y 16 soldados del grupo elite del Ejército, Grupo Anfibio de Fuerzas Especiales (Ganfes), tomó por asalto las polvorientas calles del poblado de San Juan de Ocotán, Jalisco, que se ubica a unos kilómetros de la quinta Región Militar con sede en Zapopan. Los militares treparon muros e irrumpieron en las casas aledañas a la calle Sonora con el propósito de encontrar a "un tal Salvador".

Con violencia sacaron de sus domicilios a una veintena de muchachos, quienes presuntamente habrían participado una noche anterior en el asalto a un militar, a quien se dice golpearon y le robaron su pistola reglamentaria HK-P7 matrícula E-13760.

Era su revancha: los soldados subieron a los jóvenes en varias camionetas y se los llevaron ante la impotencia de familiares y vecinos. Días después apareció el cuerpo torturado y mutilado de Salvador Jiménez López en la población de Guachinango, a más de 150 kilómetros de San Juan de Ocotán.

Los otros "tuvieron suerte", porque "únicamente" los desnudaron, los golpearon, los patearon y los mojaron con agua fría, dejándolos abandonados en el monte.

Después de un hermético proceso penal que duró tres años en la esfera militar y uno más en el fuero federal -cuya sentencia se hace pública hoy-, la justicia castrense decidió castigar a dos soldados con penas no superiores a los 13 años de cárcel, a pesar de la gravedad de los hechos, mientras que otros cuatro oficiales ya habían compurgado su sentencia cuando se resolvió en definitiva el caso. El resto de oficiales y tropa quedó absuelto.

El teniente coronel de infantería diplomado de Estado Mayor Julián Guerrero Barrios, y el capitán primero de infantería Rogelio Solís Aguilar, fueron sentenciados inicialmente a 13 años de prisión, destitución de empleo e inhabilitación por 10 años, con derecho a liberación preparatoria, ambos por los delitos de violencia contra las personas causando homicidio, infracción de deberes comunes a cada militar, inhumación clandestina y secuestro.

Los tenientes Edson Morales López, de caballería; Juan Jiménez Wences, de infantería; Miguel Angel Gómez Marque, de arma blindada, y Noel Castillejos Cabrera, de infantería, fueron sentenciados de ocho meses a tres años tres meses de prisión. El Supremo Tribunal Militar absolvió a siete oficiales y a 16 elementos de tropa.

Sin embargo, el teniente coronel y el capitán primero interpusieron un amparo ante el quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, el cual resolvió en definitiva, el 6 de junio pasado, reducir la sentencia contra Guerrero Barrios a 12 años de prisión, destitución de empleo e inhabilitación por el mismo periodo.

El mismo tribunal resolvió el 18 de mayo pasado conceder amparo al capitán Solís Aguilar por secuestro, negándoselo por los demás delitos. Así, la sentencia en su contra se modificó y se le impuso en definitiva una condena de 11 años tres meses de prisión, destitución e inhabilitación por el tiempo igual al de la pena corporal,y se dio por compurgada la sanción privativa de libertad por infracción de deberes comunes a los militares, además de que se decretó su inocencia por secuestro.

La "pesadilla" en San Juan de Ocotán

Esa noche del 14 de diciembre de 1997 fue una "pesadilla" para Margarito Ramos -como lo relató en su momento a La Jornada. "Los soldados llegaron casi tirando la puerta de metal de mi casa, de la cual salí medio desnudo a asomarme y unos que medían como 1.80 me gritaban que dónde estaba la pistola. Yo les dije que no sabía nada."

Narró: "Me llevaron, no me dijeron nada. Me golpearon y me subieron a una camioneta, también a mi hermano Benigno que se había asomado al patio; llegamos al monte como a media hora de San Juan, nos vendaron los ojos, nos desnudaron, nos patearon y nos apalearon y nos mojaron."

Doña Victoria, madre de Salvador, aceptó hablar de los hechos y con voz entrecortada recordó los momentos en que vio a su hijo por última vez: "Estaba mi hijo muy golpeado, le mocharon la lengua, le quemaron los pies, le machacaron la cabeza, traía el ojo hinchado y le quitaron ahí donde era hombre."

Cuando la madre de Salvador acudió por primera vez a ver al entonces jefe de la quinta Región Militar, general Eulalio Fonseca Orozco, éste negó cualquier implicación de sus soldados e incluso le comentó a la señora: "ƑCómo va a creer eso? Nosotros estamos dispuestos nomás contra los narcos."

Después de varia semanas y muchos rodeos, el general Eulalio Fonseca Orozco aceptó que 28 militares eran investigados por esos hechos y que la procuraduría castrense se haría cargo de la indagación.

La lista inicial de militares consignados era encabezada por el teniente coronel Julián Guerrero Ramos, principal involucrado junto con los tenientes Juan Jiménez Wences y Noel Castillejos Cabrera, quienes fueron acusados de homicidio, lesiones, infracciones de deberes comunes a los militares, tortura, secuestro y allanamiento de morada; Castillejos fue consignado por inhumación clandestina.

Los tenientes Edson Morales López y Víctor Muñoz Aguilar fueron procesados por lesiones, tortura, secuestro, inhumación clandestina y encubrimiento.

El teniente Miguel Gómez Márquez fue acusado de lesiones, infracción de deberes comunes a los militares, tortura, secuestro y encubrimiento, mientras sus homólogos Alberto Odín Ojeda, Francisco Gutiérrez Nájera, Juan Coronel Chávez, y a los sargentos Angel Vidal Domínguez, Alejandro Hurtado Medina, Favio Acevedo Solís y Francisco Rodas López se les imputó lesiones, tortura, secuestro y encubrimiento.

En tanto, el teniente José Armando Lozano Adame fue consignado por inhumación clandestina y encubrimiento. Los subtenientes Vladimir Sánchez Vergara y Carlos Esparza Bon; los sargentos Francisco Ruiz, Gonzalo Prieto, Julián Godoy Castañeda, Juan Escobar García y Luis Domíngez Hernández, así como los cabos Alfredo de Anda Valle, Eduardo Aguayo Montes, Roberto Hernández Reyes, Víctor Márquez Hernández y Gustavo González Conde fueron consignados por violencia.

Pero después de un proceso que duró casi tres años, el 2 de febrero de 2000 el Supremo Tribunal resolvió absolver a siete oficiales, 16 elementos de tropa y sentenció al teniente coronel Julián Guerrero Barrios a 13 años 10 meses de prisión, destitución de empleo o inhabilitación por 10 años, con derecho a libertad preparatoria. Este último se amparó ante el tribunal colegiado, el cual determinó el 18 de mayo pasado ampararlo por secuestro, lo cual le valió para reducir su condena definitiva a 12 años de prisión, destitución de empleo o inhabilitación por este mismo periodo en el caso de homicidio.

Al capitán primero de infantería Rogelio Solís Aguilar se le condenó inicialmente a la misma pena de su superior, pero al imponer amparo ante el mismo tribunal, le fue otorgado el amparo por secuestro. Lo anterior le significó una reducción de su sentencia original a 11 años tres meses de prisión, destitución e inhabilitación por el mismo periodo de cárcel por los delitos de homicidio e inhumación clandestina.

A los cuatro tenientes involucrados, Edson Morales López, Juan Jiménez Wences, Miguel Angel Gómez Márquez y Noel Castillejos, se les condenó a una pena máxima de tres años y tres meses de prisión e inhabilitación.

De acuerdo con la procuraduría militar, "los ahora civiles" Julián Guerrero Barrios, Rogelio Solís Aguilar y Edson Morales López han permanecido presos en la quinta región castrense, aunque es inminente que este último quede en libertad y con derechos para seguir su carrera de las armas.

La venganza del grupo elite por el robo de una pistola reglamentaria en un poblado de la zona metropolitana de Guadalajara dejó un saldo de un muerto y cinco heridos, pero quedaron en entredicho las palabras del general Fonseca: "Nosotros estamos dispuestos nomás contra los narcos."