MEXICO S.A.

Ť Carlos Fernández-Vega

EN EL NUEVO CICLO de la crisis que vive la industria azucarera nacional, y por ser un gobierno "de, para y por los empresarios" -como en su momento lo definió el inquilino de Los Pinos-, el gobierno federal decidió reforzar la tradicional política priísta de dar de comer en la boca a los empresarios glotones e ineficientes, y deslindarse del problema económico-social de los jornaleros agrícolas.

EL VERNACULO pronunciamiento del secretario de Agricultura, Javier -El Rey del Ajo- Usabiaga, resume, ejemplarmente, la política gubernamental aplicable en esta crítica situación: "ya está puesta la mesa para que (los industriales azucareros) vengan a comer", mesa que ofrece suculentas viandas por más de 2 mil 500 millones de pesos, provenientes del presupuesto federal de la propia Sagarpa, del FIRA (Fideicomisos Instituidos en Relación a la Agricultura, del Banco de México) y del Banco Nacional de Comercio Exterior. Así, los empresarios azucareros recurrirán, una vez más, al exquisito menú de recursos públicos puestos a su disposición.

CON LO ANTERIOR, el gobierno da por concluido el conflicto, pues los 4 mil 500 millones de pesos que los industriales azucareros adeudan a jornaleros y productores cañeros "es un problema que no compete a la autoridad; es un asunto entre particulares". Por ello, de acuerdo con el prontuario de frases célebres del secretario Usabiaga, ese tipo de reclamos "son claveles en el aire".

EN REALIDAD, los verdaderos "claveles" se están documentando en otras instituciones. Valga como ejemplo, mínimo e inmediato, el desvío de recursos de Financiera Nacional Azucarera al Consorcio Azucarero Escorpión, que encabeza el dulce empresario Enrique Carlos Molina Sobrino, a quien, por cierto, ayer habían declarado formalmente "prófugo", "huido" y "desaparecido", por decir lo menos. Pero no: estaba cómoda y tranquilamente instalado en su despacho, de acuerdo con las declaraciones hechas a Joaquín López Dóriga en su noticiario radiofónico.

Y HABLANDO DE "claveles", las secretarías de Agricultura, Hacienda y Economía, así como el Banco Nacional de Comercio Exterior, responsabilizaron, en un comunicado conjunto emitido el martes, a "algunos industriales" del azúcar del problema cañero, por no cumplir con sus obligaciones de pago, al tiempo que reconocieron que hubo "políticas públicas inadecuadas y conductas ilícitas de empresarios y funcionarios públicos". Todo ello, desde luego, "en el pasado". Nombres, de unos y otros, ninguno.

SI LA LOGICA no falla, los dulces empresarios acusados de "conductas ilícitas" no podrían salir de otra parte más que del reducido y compacto mundillo de los propietarios de los ingenios azucareros y la industria refresquera, y los funcionarios públicos con esa misma etiqueta pegada en la frente, de las secretarías de Estado emisoras de ese comunicado conjunto y demás dependencias públicas relacionadas con este sector. Así que el viejo truco de que "estamos investigando" ya no tiene los mismos resultados que antes.

PERO ENTRE "mesas puestas", "claveles", "conductas ilícitas", "políticas inadecuadas del pasado" y demás cortinas de humo tendidas por gobierno y empresarios, el sector azucarero nacional vive una crítica, caótica situación: mientras los jornaleros agrícolas se mueren de hambre, los prósperos empresarios se mueren de la risa.

DE ACUERDO CON información oficial de la Secretaría de Estado dedicada a "servir mesas", en el país hay poco más de 154 mil cañeros en condiciones de hambre -por ser generosos con el término- que cultivan, en condiciones medievales, alrededor de 620 mil hectáreas de caña. Estos jornaleros son carne de cañón para el manipuleo político de las dos grandes centrales que los "afilia" y "protege": la Confederación Nacional Campesina y la Confederación Nacional de Propietarios Rurales.

LA CNC "AFILIA" a casi 94 mil jornaleros (poco menos de 61 por ciento del total sectorial), que laboran en 334 mil hectáreas de caña, mientras que el "padrón" de la CNPR suma poco más de 51 mil trabajadores del campo (33 por ciento), que cultivan alrededor de 239 mil 500 hectáreas. A la relación hay que sumar a 8 mil 800 (6 por ciento) "obreros de la tierra" que son catalogados como "no afiliados" o "libres", desperdigados en 45 mil 500 hectáreas.

PARALELAMENTE, México produce 5 millones 150 mil toneladas métricas de azúcar (el dato corresponde a la zafra 1998-1999) y consume alrededor de 78.5 por ciento (4 millones 50 mil toneladas), en un mercado internacional que genera casi 127 millones de toneladas, que consume 98 por ciento, aproximadamente, de esa oferta.

AL MISMO TIEMPO, el principal mercado para el azúcar mexicano es (¡surprise!) Estados Unidos, con un nivel de autoabastecimiento cercano a 80 por ciento. Nuestros amigous aplican una rígida política de cuotas de exportación a las naciones productoras de Latinoamérica -es decir toda la región- que tiene a éstas agarradas de las mismísimas paredes y que genera severos roces entre ellas, por el afán de sobrevivir en ese mercado.

ADEMAS, NO HAY que olvidar los devastadores efectos que provocaron en el sector las brillantes, ejemplares negociaciones (especialmente en lo que a importación de fructosa se refiere) que, en el marco del Tratado de Libre Comercio, realizaron los funcionarios públicos mexicanos, con Herminio Blanco al timón, y la parte empresarial de los industriales azucareros, representados por Juan Gallardo Thurlow, cabeza visible del Grupo Azucarero Mexicano.

EN ESTE SENTIDO, la información disponible revela que las importaciones de alta fructosa y la sobreoferta de azúcar han deteriorado hasta en 40 por ciento el valor de este último producto. De 1999 a la fecha se han importado, anualmente, alrededor de 600 mil toneladas de alta fructosa estadunidense, utilizada como endulzante en alimentos y bebidas, sin considerar que desde hace varios años México ha obtenido zafras récord de entre 4 y 5 millones de toneladas.

Las rebanadas del pastel: