En declaraciones a este diario, Alfonso Navarrete Prida, ex subsecretario de Gobernación y actual subsecretario de Seguridad Pública del estado de México, realizó importantes revelaciones acerca de la práctica del espionaje durante los últimos regímenes priístas. A decir del funcionario, el Ejecutivo federal instó a los gobiernos de los estados a realizar esta actividad ilícita a raíz del alzamiento zapatista en Chiapas, en 1994. 

Es decir, en algún momento indeterminado entre los sexenios de Carlos Salinas y Ernesto Zedillo, el gobierno federal decidió que "la responsabilidad inicial de conocer qué estaba pasando en la población y hacia dónde se movían comunidades, discrepancias o inconformidades sociales le corresponde a los gobernadores y a los presidentes municipales". Una de esas administraciones, o ambas, instaron a autoridades estatales y municipales a efectuar prácticas sistemáticas de espionaje político, y fue en ese contexto que se desarrolló la organización de intervención telefónica recientemente detectada en el estado de México, la cual, según indicios documentales, podría estar integrada, al menos parcialmente, por empleados públicos adscritos a la Secretaría General de Gobierno de esa entidad.

Lo que se ha revelado hasta ahora sobre esa red delictiva hace ineludible la realización de una doble investigación. Por una parte, es preciso establecer en qué medida y hasta qué punto los gobiernos de Salinas y Zedillo se involucraron en actividades de espionaje ilegal contra --Navarrete Prida dixit--"comunidades, discrepancias o inconformidades", es decir, contra movimientos, grupos, personas u organizaciones de oposición. 

Resulta crucial determinar, en este terreno, las eventuales responsabilidades políticas y penales en las que pudieron incurrir los dos ex mandatarios y sus más estrechos colaboradores. No deben pasarse por alto, a este respecto, las referencias a Emilio Chuayffet Chemor, bajo cuyo mandato, se dice, comenzó a operar el grupo de espionaje recién descubierto, y quien en los primeros meses del sexenio anterior dejó la gubernatura mexiquense para ocupar la Secretaría de Gobernación, a la que llegó precedido de fama de político "duro" y del viejo estilo. 

En la presente circunstancia, es claro que el testimonio legal de Chuayffet puede ser de gran importancia para las investigaciones.

Pero las pesquisas no han de centrarse sólo en el pasado reciente. Resulta imperativo, además, que la Procuraduría General de la República esclarezca plenamente las crecientes sospechas sobre el posible involucramiento del actual gobierno del estado de México en la red de espías y que, en su caso, emprenda las acciones legales que correspondan contra los cómplices o los patrones de los orejas, sin importar rango ni cargo.