VIERNES Ť 13 Ť JULIO Ť 2001

Ť En carta al presidente del IFE asegura estar ''legalmente impedida'' para hacerlo

Se niega Hacienda a dar información sobre empresas de los Fox y Korrodi

Ť La dependencia invoca el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación Ť En el instituto, la misiva fue interpretada como un no rotundo y una posición oficial del gobierno foxista

MIREYA CUELLAR

La Secretaría de Hacienda, a través de su titular, Francisco Gil Díaz, reiteró ayer su negativa a colaborar con el Instituto Federal Electoral en las pesquisas que permitan al órgano comicial determinar si cuatro empresas -una propiedad de los hermanos del jefe del Ejecutivo federal y tres más de Lino Korrodi- participaron en presuntas transferencias de recursos provenientes del exterior y/o de sociedades mercantiles a la campaña del hoy presidente Vicente Fox.

La dependencia dice encontrarse ''legalmente impedida'' para proporcionar información. En una carta fechada el 11 de julio, y dirigida a José Woldenberg, Gil Díaz se ampara -al igual que en el oficio anterior- en el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación para negar toda información sobre Vegetales Frescos, K-Beta SA de CV, Grupo Alta Tecnología de Impresos SA de CV y ST and K de México SA de CV.

El personal está obligado a guardar absoluta reserva...

''El personal oficial de esta secretaría que interviene en los diversos trámites relativos a la aplicación de las disposiciones tributarias, está obligado a guardar absoluta reserva en lo concerniente a las declaraciones y datos suministrados por los contribuyentes o por terceros con ellos relacionados, así como los obtenidos en el ejercicio de las facultades de comprobación previstas en el citado ordenamiento legal''.

El IFE pretendía de Hacienda datos sobre las direcciones mercantiles de dichas empresas y las auditorías generales a su contabilidad en el periodo que comprendió la campaña presidencial del año 2000, además de ''una revisión respecto de presuntos depósitos y/o expedición de cheques a favor de Carlota Robinson'', quien según la denuncia del PRI, era quien pagaba directamente la publicidad a una empresa televisora.

Hacienda explica en su respuesta a la solicitud del IFE, que hay excepciones respecto a la obligación de guardar el llamado secreto fiscal -en casos judiciales, de pensiones alimenticias...-, pero que el órgano electoral y sus investigaciones no entran en ese marco.

Lo que al respecto señala el Cofipe

Si bien es cierto -dice Hacienda- que de conformidad con lo establecido por los artículos 2 y 131 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) ''esta dependencia debe proporcionar los informes y prestar el apoyo y colaboración necesarios para el cumplimiento de las funciones de ese instituto, también lo es que, dentro del marco del principio de legalidad que rige la actuación de las autoridades, el apoyo y colaboración de referencia se debe realizar en apego a las disposiciones que regulan las atribuciones de esta secretaría, entre las que se encuentra el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación, lo que implica que en el presente caso debe guardar en todo momento el secreto fiscal''.

La controversia por Banco Unión y Fobaproa

En cuanto a la solicitud de que Hacienda tome en cuenta el criterio sostenido por la Suprema Corte al resolver la controversia entre la Cámara de Diputados y el Ejecutivo con motivo de la información de Banco Unión y el Fobaproa, ''cabe señalar que tal criterio no exime a esta secretaría de observar lo dispuesto por el artículo 69 del mencionado código tributario''.

Dicho caso ''no se refiere a la obligación de guardar el secreto fiscal -contenida en el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación- en casos como el que nos ocupa, sino que versa sobre la aplicación del secreto fiduciario y del secreto bancario... tratándose específicamente de las solicitudes de información presentadas por el mencionado órgano legislativo cuando éstas tengan como base el ejercicio de la facultad de revisión de la cuenta pública''.

Así las cosas, ''toda vez que la solicitud de información formulada mediante los oficios que se atienden, no se ubican dentro de los supuestos de excepción previstos... le reitero que, tal y como se señaló en el oficio de fecha 20 de febrero de 2001, suscrito por el administrador general de Auditoría Fiscal Federal del Servicio de Administración Tributaria, esta Secretaría de Hacienda y Crédito Público se encuentra legalmente impedida para proporcionar la información de referencia''.

Por último -dice Francisco Gil Díaz a José Woldenberg-, ''no omito manifestarle que esta dependencia continuará brindando, dentro del marco legal que rige su actuación, el apoyo y colaboración que llegare a requerir ese instituto en el desempeño de las funciones que tiene encomendadas''.

La Comisión de Fiscalización estudiará nuevas vías

En tanto, en el Instituto Federal Electoral trascendió que será en la Comisión de Fiscalización de ese instituto, presidida por Alonso Lujambio, donde se determinará si se exploran nuevas vías para obtener la información o se da por cerrado el caso sin lograr su esclarecimiento.

La próxima sesión del Consejo General del IFE está programada para el 9 de agosto, fecha en la que tendría que presentarse el dictamen correspondiente a estas pesquisas.

Por lo pronto, la carta de Francisco Gil Díaz a José Woldenberg fue tomada como un no rotundo y una posición oficial de la administración foxista sobre el caso.