Ť Lo acusa de ser corresponsable del asesinato de la hija del teólogo Ernst Kaesemann

Ordena tribunal alemán la captura del general argentino Suárez Mason

Ť Confía el ex represor en que no prosperará el pedido de aprehensión de la corte de Nüremberg

Ť "Fue dueño y señor de la vida y muerte de sus detenidos", dice el magistrado Bernhard Wankel

DPA, AFP Y AP

Nüremberg, 12 de julio. Un tribunal de esta ciudad del sur de Alemania emitió este jueves una orden de captura internacional contra el ex general Carlos Guillermo Suárez Mason, de 77 años, como corresponsable del asesinato de la alemana Elisabeth Kaesemann, en mayo de 1977, secuestrada dos meses antes. La ciudadana alemana era hija de Ernst Kaesemann, reconocido teólogo alemán.

En declaraciones a la agencia de noticias DyN, el ex represor ar-gentino se dijo confiado en que la orden de aprehensión en su contra no procederá.

"Ya hubo otros pedidos en igual sentido y fueron rechazados", di-jo, y afirmó que según varios jueces y ministros la medida dictada en su contra "no es legal".

El tribunal emitió la orden de detención por considerar que está suficientemente probada la responsabilidad del ex general Suárez Mason, debido a que éste "controlaba cada acción de detención y fue dueño y señor de la vida y la muerte de sus detenidos. Por este motivo, es igual de responsable que la persona que ejecutó el asesinato".

La orden de detención, firmada por el juez Bernhard Wankel, explica que Kaesemann fue se-cuestrada por fuerzas de seguridad argentinas "entre el 8 y el 9 de marzo de 1977", internada y torturada en un cuartel de Buenos Ai-res, y posteriormente, trasladada al centro de detención clandestino El Vesubio.

En la madrugada del 23 al 24 de mayo del mismo año la ciudadana alemana y otros 15 presos fueron encapuchados y esposados y a continuación trasladados, bajo co-nocimiento y órdenes de Suárez Mason, a la localidad de Monte Grande, en la provincia de Buenos Aires, donde fueron asesinados con tiros en la espalda y nuca propinados a quemarropa.

Testimonio de sobrevivientes

Entre los testimonios que corroboran esta versión se encuentran los de otras mujeres presas en El Vesubio, Diance C. Austin y Ele-na Alfaro, quienes sobrevivieron a las torturas, pero que recuerdan los castigos a los que la ciudadana argentina-alemana fue sometida, hasta el momento en que Kaesemann fue llevada al lugar donde sería fusilada.

Wakel dijo que existen suficientes indicios documentados para reconstruir la línea de comando hacia el general, que comprueba que sólo él pudo haber ordenado este ajusticiamiento.

El fiscal general de Nüremberg, Klaus Hubman, afirmó que la investigación para determinar la cadena de responsabilidades entre el inculpado y los autores materiales del asesinato fueron extraordinariamente difíciles y, además, muy costosas.

Sin embargo, agregó el fiscal, se comprobó que Suárez Mason actuó con alevosía pues trató de ocultar las torturas a las que sometió a Kaesemann, cuyo asesinato fue ordenado únicamente por la posición política que sostenía la estudiante, que era crítica al régimen militar argentino.

Hubman aseguró que no existe duda de la responsabilidad penal del general en el asesinato.

Miembros de la junta militar siempre han sostenido que Kaesemann murió en un tiroteo con las fuerzas armadas, y en su momento el cadáver de la joven fue repatriado semanas después de su muerte por el régimen militar, que dio esa explicación, y sepultado en su país.

Suárez Mason, considerado un estrechísimo colaborador del dictador Jorge Rafael Videla, aseguró estar confiado en que no será aprehendido ni extraditado por su responsabilidad en el asesinato, y recordó que él ya fue juzgado por esos hechos, en procesos en los que los militares fueron beneficiados por las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.

El 16 de mayo pasado, el go-bierno argentino del presidente Fernando de la Rúa rechazó un pedido de asistencia judicial que había presentado Alemania para aclarar el caso de Betina Ehrenhaus, secuestrada y torturada du-rante la dictadura militar del país sudamericano.

En esa ocasión la fiscalía de Nüremberg solicitó autorización de la justicia argentina para interrogar a una docena de sospechosos, pero la cancillería de Buenos Aires rechazó la petición al alegar que "el pedido de asistencia contempla hechos y personas que ya fueron juzgados por tribunales argentinos, por la aplicación del principio de territorialidad".

24 años de olvido e injusticia

En todo caso, la Coalición contra la Impunidad, una agrupación con sede en esta ciudad que reúne a diversos grupos de defensa de derechos humanos y actuaba co-mo parte acusadora en el juicio contra Suárez Mason, destacó que con la orden de captura contra el general "por fin se superan 24 años de olvido e injusticia por crímenes cometidos en Argentina", según dijo el presidente de la or-ganización, Esteban Cuya.

Añadió que éste es un paso simbólico más hacia el fin de la hu-manidad que seguirá abriendo puertas para que las víctimas de la dictadura y sus familiares reciban "una reparación moral".

Cuya, sin embargo, dijo que las autoridades alemanas debieron haber "actuado inmediatamente y no 24 años después", en lo relativo al caso Kaesemann.

En Buenos Aires, Nora Cortiñas, de la asociación humanitaria Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, declaró la satisfacción de su movimiento por el anuncio desde Nüremberg.

Aseguró que "en algún momento tendrá que cambiar la política argentina. Así como se pudo ex-traditar a (el ex oficial nazi) Erich Priebke, en noviembre de 1995, esperamos que se pueda hacer lo mismo con los muchos genocidas que tenemos aquí".