VIERNES Ť 13 Ť JULIO Ť 2001
Ť Se apegó a la normatividad el contrato que el GDF celebró con Publicorp, resuelve
Exonera la PGJDF a Rosario Robles
Ť No hubo desvío de recursos del erario Ť Los hechos analizados no constituyen delito, señala
ANGEL BOLAÑOS SANCHEZ
Al no existir elementos para presumir la comisión de algún delito en la firma de un contrato que el Gobierno del Distrito Federal suscribió con la empresa Publicorp el año pasado, la Procuraduría General de Justicia capitalina resolvió el no ejercicio de la acción penal en contra de la ex jefa de Gobierno, Rosario Robles; el ex oficial mayor, Porfirio Barbosa, y el ex director de Comunicación Social, Agustín Granados.
"Los hechos estudiados por la representación social no son constitutivos de los delitos de peculado ni ejercicio abusivo de funciones", informó la dependencia capitalina.
Contra las acusaciones de los diputados del PAN Federico Doring, Walter Widmer y Ernesto Herrera, y el priísta Arturo Barajas, el Ministerio Público determinó que el monto del contrato por 55.5 millones de pesos se aplicó con base en lo establecido en el programa de comunicación social del ejercicio correspondiente al año 2000. Además, el proceso para incrementar los recursos a dicha área se realizó conforme a las facultades y atribuciones que la ley le confiere a la jefatura de Gobierno.
La resolución, que fue tomada por el Ministerio Público de la Fiscalía para Servidores Públicos desde la noche del miércoles, señala que ni en los escritos presentados por los diputados en la denuncia que presentaron el 11 de junio pasado, ni en las constancias integradas en el expediente durante la investigación "hay elementos para presumir la comisión de algún delito, con base en la normatividad vigente en la ciudad de México".
De hecho, la dependencia contaba con los datos necesarios para resolver si los hechos eran o no constitutivos de delito prácticamente desde las primeras actuaciones realizadas por la dependencia, aun cuando en ésta no mencionaron directamente a ningún probable responsable ni hayan aportado más pruebas que la descripción de los hechos.
"Se constató que el contrato de prestación de servicios de difusión e información que el Gobierno del Distrito Federal celebró con la empresa Publicidad Cine y Video, SA de CV, fue con apego a la normatividad aplicable, sin haber transgresión a disposiciones legales de carácter penal y sin que hubiese distracción de fondos del erario local; por otra parte, el monto del contrato en mención no excedió el ejercicio presupuestal autorizado para tal efecto".
Para resolver, además de la copia certificada del contrato que el gobierno de la ciudad suscribió el primero de febrero de 2000 con Publicorp para la prestación de los servicios de difusión e información, la dependencia agregó al expediente la comparecencia de los mismos diputados, quienes acudieron a ratificar la denuncia el 21 de junio, diligencia en la que hicieron una ampliación de la misma.
Adicionalmente la Procuraduría de Justicia capitalina solicitó a la Contraloría General capitalina información relacionada con dicho contrato, y el 28 del mismo mes la dependencia respondió con un oficio indicando que "no hay una auditoría al ejercicio fiscal del año 2000 y, por tanto, tampoco al ejercicio relativo a comunicación social".
Posteriormente, con la resolución de la misma Contraloría con respecto a la denuncia que presentaron ante el órgano auditor los mismos legisladores en mayo pasado, y que dicha dependencia dio a conocer el pasado viernes, la Procuraduría comprobó que "el proceso de ampliación de recursos al Programa de Comunicación Social se efectuó por la jefatura de Gobierno de acuerdo con las facultades y atribuciones a ella conferidas por la ley".
Así, "se concluye que los hechos estudiados por la representación social no son constitutivos de los delitos de peculado ni ejercicio abusivo de funciones, ya que de las investigaciones efectuadas y con los elementos recabados no se acreditaron los elementos del cuerpo del delito ni la probable responsabilidad penal".
El Ministerio Público notificó a los legisladores de la propuesta de no ejercicio de la acción penal, así como al titular de la Fiscalía para Servidores Públicos, Roberto Pérez Martínez, y a la Coordinación de Agentes Auxiliares del procurador. Esta última podrá revisar la propuesta, y si en un plazo de 30 días no revoca la determinación del Ministerio Público en el caso de haber detectado alguna actuación que deba ser subsanada, el agente responsable remitirá de inmediato la averiguación previa al archivo.