VIERNES Ť 13 Ť JULIO Ť 2001

Ť Califica Luege de "grave" la resolución de la Procuraduría de Justicia del DF

Exhorta Quintero a terminar confrontaciones

Ť Doring y Widmer habrían incurrido en corrupción, afirma la diputada Clara Brugada

GABRIELA ROMERO, ELIA BALTAZAR BERTHA TERESA RAMIREZ Y GUSTAVO CASTILLO

Hasta aquí llegaron los panistas y ya decidirá el PRD las medidas a seguir ante "las mentiras y difamaciones" con que sustentaron sus denuncias los diputados del blanquiazul Federico Doring y Walter Widmer, quienes incluso habrían incurrido en el delito de corrupción si no comprueban cómo han obtenido informaciones de la Contaduría Mayor de Hacienda que a la fecha no han llegado a manos del resto de los legisladores, advirtió la diputada local perredista Clara Brugada.

En conferencia de prensa encabezada por el coordinador de la fracción perredista en la Asamblea Legislativa, Armando Quintero, y acompañado de los legisladores Gilberto Ensástiga y Brugada, la fracción de este partido dio a conocer su posición en torno a la resolución que dio a conocer ayer la Procuraduría capitalina sobre la denuncia penal en contra de Rosario Robles.

abogados_demo01En un mensaje que convocó en momentos a la conciliación, Quintero advirtió que el comportamiento de Doring y Widmer ha afectado no sólo la imagen de Robles, sino de la misma ALDF, pues ha generado críticas con respecto al trabajo que desempeñan los diputados.

Por eso hizo un llamado a todas las fracciones, incluido el PAN, para acabar de una vez por todas con este ánimo de confrontación que corre el riesgo de crecer si se mantiene. "Ojalá en el PAN puedan hacerles entender que el camino de la guerra sucia no beneficiará la discusión política y, en cambio, puede afectar a su propio partido".

Quintero aseguró que se ha generado una lógica de navajazos al corazón del PRD, que no permitirán de ninguna manera si continúan los ataques. El legislador, sin embargo, propuso abrir desde ahora el espacio para la política y la confrontación de proyectos.

En tono menos conciliador hablaron los diputados Ensástiga y Brugada. El primero advirtió que los legisladores panistas habrían incurrido en delitos tales como difamación y falsedad de declaraciones, pues mintieron ante la autoridad. Y Brugada incluso dijo que incurrirían en corrupción si se comprueba que obtuvieron por "malas artes" documentos de la Contaduría Mayor de Hacienda. "Pero hasta aquí llegaron. Y ya tendrán noticias del PRD la próxima semana".

En conferencia de prensa, el dirigente del PAN en el DF, José Luis Luege Tamargo, calificó de grave la resolución de la Procuraduría en torno a la denuncia penal que interpuso el PAN contra la ex jefa de Gobierno. "Es grave porque definitivamente se está partidizando la procuración de Justicia. Recordemos que simplemente, en el ejercicio anterior, cuando la pasada Contraloría denunció a algunos funcionarios de la delegación Gustavo A. Madero y terminaron en la cárcel personas inocentes por supuestos delitos de peculado por más de 20 mil pesos uno, y otro por 15 mil pesos, al final fue una pila montada por intereses políticos".

Agregó: "reitero que nuestra obligación es presentar esas denuncias y obligar a que haya transparencia en el ejercicio del gasto público. El robo, el dispendio que realizó el gobierno del PRD entre el 99 y el 2000, de haber ejercido más de mil millones de pesos de publicidad y en el manejo de la imagen, es un fraude a la ciudadanía".

Llama Bátiz a reflexionar

Se está exagerando en el número de acusaciones entre políticos que se denuncian ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, consideró Bernardo Bátiz, por lo que dijo: "creo que tendríamos que reflexionar todos, la sociedad en su conjunto y los dirigentes políticos con respecto de esta actitud, porque de alguna manera es poner en tela de juicio tanto a los partidos como a las instituciones, y la finalidad de estas últimas no es que sean arenas políticas".

Entrevistado en el marco de la celebración del Día del Abogado por parte del Consejo Nacional de la Abogacía, el titular de la PGJDF afirmó que la exoneración que la Fiscalía para Servidores Públicos hizo a Rosario Robles y dos de sus ex colaboradores no fue una situación de favoritismo político.

"Se hizo un análisis cuidadoso del expediente y de los documentos que obran en él, llegándose a la conclusión de que no hay ningún delito en estas acusaciones"; sin embargo, señaló que esta decisión "no es la última palabra, se tiene que revisar este expediente por otra oficina de la procuraduría y después los interesados po-drían interponer un recurso ante un tribunal federal en caso de no estar de acuerdo".

Bátiz puntualizó: "me parece que estamos exagerando en el número de acusaciones entre políticos, y creo que es importante sancionar a quien cometa delitos, que no haya impunidad".



Se deslinda el contador Carlos Nava

El contador Carlos Nava, uno de los tres titulares de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa, se deslindó de las sospechas que vertiera el diputado panista Federico Doring, al declarar que uno de ellos le entregó por adelantado los informes de la cuenta pública 1999, a cambio de que no insistiera con la entrega de un casete de una de las sesiones de trabajo del órgano de fiscalización.

Antes que Nava hizo lo propio Luis Humberto Sanguino, por lo que sólo falta conocer la posición de la contadora María de la Luz Mijangos, a quien de anticipado deslindó el propio Doring, pues en sus declaraciones sólo dijo que fue uno de los dos contadores quien le acercó la información.

En una carta dirigida al presidente de la Comisión de Vigilancia de la ALDF, el priísta Héctor Gutiérrez de Alba, el contador Nava se deslinda "de cualquier actor relacionado con estos hechos, toda vez que mi relación con los diputados (Widmer y Doring) al igual que con el resto de los legisladores, es sólo de trabajo y en estricto apego al marco legal que regula mis funciones".

Nava asienta en su misiva su interés porque se aclaren y en su caso se delimiten responsabilidades, dado que las afirmaciones hechas por Doring, "además de representar un agravio personal, ponen en tela de juicio los principios" del órgano técnico de la CMH.
 
 

GABRIELA ROMERO Y ELIA BALTAZAR