Señora directora: Con base en lo dispuesto en el capítulo VII sobre denuncia popular, artículos 189 al 204 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA), el Movimiento Ciudadano por la Democracia (MCD) ve con preocupación los siguientes hechos:

Es del conocimiento de los miembros de esta asociación que se están realizando acciones de extracción de materiales (tezontle y tepetate) de dos bancos de materiales en el Parque Nacional El Cimatario. Es requisito para cualquier obra (artículos 22, 28, 30 y 34 de la LGEEPA), presentar una "manifestación de impacto ambiental", la cual deberá estar a disposición del público para cualquier observación. A través de la página electrónica del INE (ine.gob.mx/dgoeia/impacto/sad/busquedas.html) se confirmó que no existe ningún estudio al respecto.

De las actividades que se realizan dentro del parque, cabe mencionar la violación al artículo 50 de la LGEEPA, donde se menciona que "en los Parques Nacionales sólo podrá permitirse la realización de actividades relacionadas con la protección de sus ecosistemas y sus elementos, así como la investigación, recreación y turismo y educación ecológicas", así como el artículo 87 del Reglamento de la misma LGEEPA que prohíbe "abrir senderos, brechas o caminos" sin una autorización previa. 

Los artículos 81 y 82 del mismo reglamento describen las actividades y usos aprobados para un área natural protegida, donde se menciona: "tratándose de aprovechamientos forestales, pesqueros y mineros, (es necesario que éstos) cuenten con la autorización respectiva y la manifestación de impacto ambiental autorizada, en los términos de las disposiciones legales y reglamentarias aplicables".

Por ello, solicitamos un diagnóstico para conocer los daños infligidos al ecosistema natural, así como las causas que los han originado: verificar el cumplimiento del reglamento de la LGEEPA en materia de áreas naturales protegidas. y hacer de conocimiento de la población queretana el "plan de manejo" del Parque Nacional El Cimatario.

También, verificar que la administración estatal cumpla con lo establecido en las normas antes citadas y los mecanismos establecidos para un manejo adecuado del parque.

Lic. Mario Alberto Rivera Contreras, secretario ejecutivo del MCD

Vetar la ley indígena, piden ONG en Tabasco

Señora directora: Los indígenas chontales, choles, tzotziles y zoques, así como la sociedad civil de Tabasco, nos manifestamos enérgicamente contra la aprobación de la ley Bartlett-Cevallos que se dio este lunes 9 de julio en el Congreso del estado con el voto de los diputados de PRI y PAN.

Dicha aprobación fue hecha a espaldas del pueblo, ya que los indígenas de Tabasco no fueron en absoluto consultados sobre dicha ley.

Cabe señalar que a pesar de la protesta manifestada en plena sesión parlamentaria por representantes de pueblos indígenas y de la sociedad civil tabasqueña, hubo oídos sordos para estos reclamos y, en cambio, la dicha protesta fue respondida con represión: agresiones, golpes y amenazas por parte del personal de seguridad y porros contratados para el caso.

Como una vez dijimos los indígenas del país en San Andrés Larráinzar: estamos cansados de no ser tomados en cuenta a lo largo de nuestra existencia.

Consideramos que la ley Bartlett-Cevallos no respeta en absoluto el espíritu de los acuerdos de San Andrés, sustento de la ley Cocopa, violentando una responsabilidad histórica que no hace más que obstaculizar el proceso de paz y reconciliación en el estado de Chiapas.

Hacemos un llamado al Ejecutivo federal y estatal para que veten dicha ley, ya que no refleja el sentir de los acuerdos de San Andrés, traicionando las esperanzas de nuestros pueblos indígenas y de la sociedad en general.

También hacemos un llamado a los congresos estatales de Baja California Norte, Chihuahua, Nayarit, Michoacán, Tamaulipas y Yucatán a que no aprueben una ley que no resuelve el conflicto chiapaneco ni reconoce los derechos indígenas.

Organizaciones Indígenas y Civiles, Red de Organizaciones El Chinchorro, Comité de Derechos Humanos e Indígenas de Macuspana, Asamblea Nacional Indígena Plural por la Autonomía (ANIPA), Asociación de Jóvenes Democráticos por la Autonomía, Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ), Grupo de Salud Popular Juan Aldama Teapa, Congreso Nacional Indígena en Tocatalpa y varias firmas más

Narran sobrecargos "aventura jurídica"

Señora directora: La Compañía Mexicana de Aviación SA de CV ha dispuesto en su 80 aniversario nombrar a uno de sus aviones 757 La experiencia y confianza, algo muy representativo de la empresa, lo cual es loable.

Los 10 sobrecargos que continuamos en conflicto con esta empresa de aviación nos identificamos con el nombre porque hace honor a la aventura jurídica en la que estamos involucrados. Experiencia mostrada en el no cumplimiento de convenios, influencias sobre autoridades, violaciones al contrato colectivo y pasando por alto los artículos 5 y 123 constitucionales, afectando nuestra fuente de trabajo.

"Confianza", fue el nombre que le dieron a una plaza de nueva creación el 21 de septiembre de 1989, basándose en un convenio que, mediante otro convenio (el 23 de abril 1996), fue transformada a sindicalizada, dejando dolosamente un espacio jurídico hasta el 6 de mayo del mismo año, cuando se nos citó en Conciliación y Arbitraje para liquidarnos, desconociendo nuestros derechos sindicales. 

Tan claros son esos convenios que las autoridades no lo ven de esa manera. Aún así, el séptimo Tribunal Colegiado en materia laboral, en el amparo número 7537/97, determinó que el citado puesto de confianza no existió. En el expediente laboral 1983/96, donde la empresa se excepcionó diciendo que los sobrecargos supervisores instructores eran de confianza, fue desmentido rotundamente por el Colegiado en mención.

Nos preguntamos si es a través de convenios como pasamos de sindicalizados a trabajadores de confianza y viceversa. Si los convenios fueron sancionados por la autoridad laboral y en los juicios que seguimos (expedientes 1657/97, 114/97), hasta el momento no logramos entender cuál es la aplicación e interpretación del criterio jurídico que se aplica por la misma autoridad a dichos convenios en la transformación de la plaza, no obstante que ellos mismos sancionaron el acuerdo de voluntades entre empresas y sindicato.

"Experiencia" es la que esperamos del décimo Tribunal Colegiado en materia laboral para que resuelva sobre los candados jurídicos y no permita que la Junta Federal 2 de nueva cuenta dicte laudos incongruentes sin respetar la sentencia.

"Confianza" es la que tenemos en que alguna autoridad a la que nos hemos dirigido por diversos medios haga justicia.

José A. Rábago Sánchez Arriola, Héctor Amaré Mares y José Justino Fernández

Rechaza acusación de nepotismo 

Señora directora: Es triste vivir el cambio democrático por el cual atraviesa nuestro país actualmente. El inconsciente colectivo se adueña de los procesos que pudieron hacer desarrollarnos como seres humanos y, como siempre, la ansiedad de poder ha corrompido los principios de una administración diferente. Se preguntará a qué me refiero. 

Específicamente a la destitución del alcalde de Tulancingo, Hidalgo (mi ciudad natal), Juan Gómez Martínez, y a las acusaciones que se publicaron el pasado 7 de julio en este espacio en contra de las regidoras Virginia Guerra Sáenz y Rosa Ríos Guzmán. 

Esta información, difundida por el señor Enrique Olmedo Gómez (vicepresidente del Consejo Nacional Ciudadano Pro Defensa de los Derechos de los Habitantes AC) es errónea, ya que comenta el tráfico de influencias de mi madre (Virginia Guerra Sáenz) haciendo hincapié en que sus hijos cuentan con cargos públicos, lo cual es totalmente falso. 

Desde 1999 me encuentro radicado en la ciudad de México; estudio Letras Hispánicas en la UAM-I y trabajo en Tecmarketing SA de CV desde el año pasado, lo que puedo comprobar.

Juan Gómez Martínez y todos los funcionarios públicos que trabajaron con él (los que en verdad trabajaron), han dado todo de sí para lograr una mejor administración, evitando la compra de noticias a la prensa local y absteniéndose de incrementar la dieta de funcionarios públicos que casualmente hoy son demandantes. 

Esto ocasionó el "dame o te hago la guerra". De ahí que tenga justificación que sea una cuestión política la que provocó la destitución del alcalde.

¿Qué podemos esperar de la persona que representa a una asociación (con quién sabe cuántos agremiados) y se atreve a difamar a gente que en verdad trabaja y se ha valido de su esfuerzo para alcanzar sus triunfos?

Luis Ovidio Ríos Guerra