MARTES Ť 17 Ť JULIO Ť 2001
LEY INDIGENA
Ť Acudirá a la Suprema Corte de Justicia; el proyecto ''nació muerto'', advierte
Controversia constitucional del PRD contra el Congreso de la Unión y ocho legislaturas locales
Ť No se comprendió el espíritu de los acuerdos de San Andrés Ť El dictamen aprobado contraviene las disposiciones emanadas del Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indios
ROBERTO GARDUÑO Y CIRO PEREZ
El Partido de la Revolución Democrática interpondrá una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra el Congreso de la Unión y las legislaturas de Aguascalientes, Jalisco, Querétaro, Durango, Quintana Roo, Sonora, Tlaxcala y Tabasco, ''por no haber cumplido a cabalidad con las disposiciones previstas en sus leyes para llevar a cabo reformas a su propia Constitución''.
La demanda perredista tiene por objeto que la SCJN, máximo órgano de justicia del país, ordene la suspensión provisional ''de los actos y aplicaciones derivados de la reforma al artículo cuarto constitucional, que está sujeto a controversia en este juicio que se inicia''.
Para la directiva del PRD, el proyecto de Ley sobre Derechos y Cultura Indígenas ''nació muerto, porque no quiso comprender el espíritu de los acuerdos de San Andrés'', y por añadidura, el dictamen aprobado en el Congreso de la Unión no logró la pacificación, ''al contrario, la complicó y agudizó''.
Por lo anterior, la dirección perredista ordenó a sus cuadros políticos dar inicio al procedimiento citado:
''Mandatamos a todos nuestros parl
amentarios de las legislaturas de los estados y de las cámaras federales, así como a nuestros gobernadores, para que interpongan una demanda de controversia constitucional en contra del Congreso de la Unión por haber aprobado una reforma constitucional que contraviene las disposiciones emanadas del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, y solicitar a la SCJN se nulifique la reforma aprobada y reponga el orden constitucional''.
El texto del Convenio 169 de la OIT es el siguiente: ''Es obligación por parte del gobierno consultar a las comunidades interesadas cada vez que prevean medidas susceptibles de afectarles directamente, y establecer los medios a través de los cuales puedan adoptar libremente decisiones colectivas y otros organismos''.
La posición del PRD también incluye una convocatoria para comenzar en el país una serie de movilizaciones que incidan en la reapertura del debate sobre el tema indígena, así como exigir la revisión de la reforma constitucional aprobada y propiciar la legalidad que debe acompañar ese tipo de modificaciones.
La propuesta, presentada por Ifigenia Martínez y Saúl Vicente, fue aprobada por el Consejo Nacional de ese partido y tiene por objeto revisar la reforma constitucional en el segundo periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión (septiembre-diciembre), y en dado caso incluir los lineamientos de la ley Cocopa.
Por su parte, el secretario general del PRD, Jesús Zambrano, señaló que su partido insistirá en una ''reforma de la reforma'', porque la que propició la controversia ''está muerta, independientemente de que se nos dé la razón o no''.
A su vez, el coordinador perredista en la Cámara de Diputados, Martí Batres Guadarrama, aseguró que no tiene sentido mantener un ordenamiento que no resuelve lo que tenía que resolver, porque ''aquí el problema es que desafortunadamente el Partido Acción Nacional se ha empeñado en ser un obstáculo para el reconocimiento de los derechos de los pueblos indios, por lo que o corrigen esa actitud o no podemos hablar de un acuerdo general sobre diversos temas''.