MARTES Ť 17 Ť JULIO Ť 2001

Ť Sus recomendaciones no tienen un seguimiento puntual

Critica la arquidiócesis de México trabajo del ombudsman capitalino

JOSE ANTONIO ROMAN

El cada vez más grave problema de inseguridad pública, del cual constantemente hay abusos de autoridad sobre los particulares y prevalece la impunidad, apenas se ve reflejado en "unas cuantas recomendaciones" de la Comisión de Derechos Humanos del DF, indica el dictamen sobre inseguridad pública de la comisión de justicia y paz de la arquidiócesis de México.

arquidiocesis_01En un severo cuestionamiento a la labor de la Comisión que preside Luis de la Barreda, el dictamen señala que incluso sus recomendaciones no tienen un seguimiento puntual para determinar si fueron o no cumplidas por la autoridad correspondiente.

Ante esta situación, es necesario revisar integralmente la legislación que la rige, a efecto de hacer más pertinentes sus servicios a una sociedad de millones de ciudadanos, dijo el coordinador general de la comisión de la mitra, Francisco Javier Acuña Llamas.

En conferencia de prensa, en la cual se presentó dicho dictamen, Acuña señaló que en el combate a la inseguridad pública ha habido "inexperiencia" por parte de las autoridades del gobierno capitalino, "vicios y resistencias" de las viejas estructuras del poder, y carencia de un plan integral de combate.

Al hacer un balance de la situación de inseguridad pública que priva en materia de seguridad pública en la capital del país en los últimos tres años, sostuvo que ésta se ha "agravado", y cuestionó las cifras "triunfalistas" de las autoridades, cuando en realidad -dijo- vemos que la mayoría de la población vive en un constante temor a ser víctima de la delincuencia.

Dijo que la inseguridad pública y sus "índices, ya confusos por la guerra de cifras" de autoridades y analistas, han hecho cada vez más insensible y escéptica a la población. No podemos negar que las autoridades en turno tienen buena voluntad y realizan esfuerzos importantes, pero una administración se evalúa conforme a los resultados, y los que se han presentado hasta ahora en el combate a la delincuencia son parciales e insuficientes.

El colaborador del cardenal Norberto Rivera Carrera subrayó que los capitalinos requieren de mayores esfuerzos por parte de las autoridades, por lo que los instó a avanzar en la inconclusa reforma política local y hacer modificaciones al Estatuto General del Gobierno del DF y alos códigos tanto penales como civiles.

Señaló que tampoco resultan suficientes los esfuerzos certeros de las procuradurías para asesorar a la población frente a numerosas situaciones de riesgo social, cuando con frecuencia se convierten en instrumentos de clientelismo y manipulación social.

El dictamen también señala que "desde hace años" se han encendido las "luces rojas" sobre las pésimas condiciones en las que trabajan los cuerpos policiacos, que se dan en infraestructura, equipo, sueldos, prestaciones y medios que los estimulen a enfrentar con menores riesgos su profesión y a fortalecer su vocación.

Además asevera que en el interior de la policía aún existe la tentación de obtener dividendos a través de la corrupción, la cual aprovecha la ignorancia y muchas veces el temor de los ciudadanos a denunciar los delitos.

Al referirse a los agentes del Ministerio Público, señaló que éstos se han convertido en un verdadero sistema "inquisitorial" ya que en vez de investigar y perseguir a los delincuentes se convierten en cómplices y encubridores de los responsables, sobre todo de la delincuencia organizada.

Por ello, agregó, urge una transformación de la defensoría de oficio en un verdadero bufete de expertos que ofrezca sus servicios gratuitos, como lo establece la Constitución, por lo que propuso crear dos instancias: un Ministerio de Justicia y fiscalías dotadas de independencia orgánica y funcional.

A nombre del arzobispado, Francisco Javier Acuña destacó que no sólo la autoridad tiene el deber de realizar acciones en contra de la delincuencia, sino también la población, aunque poca o nula será la eficacia de los planes oficiales si se desconocen en esencia las causas que animan, construyen y ejecutan los signos de descomposición social.