MIERCOLES Ť 18 Ť JULIO Ť 2001

Ť Actuó en una jurisdicción que no le correspondía

Señala el titular del Registro Civil faltas del juez en la boda de Fox

RICARDO OLAYO GUADARRAMA

El enlace de Vicente Fox y Martha Sahagún es legal, pero también susceptible de anulación, afirmó el director general del Registro Civil, Hegel Cortés Miranda. La razón, explicó, es que el juez que los casó, Gustavo Lugo Monroy, no pidió autorización para realizar el casamiento en una jurisdicción diferente a la que está asignado.

Esta no es la única irregularidad cometida por el juez 27 civil, quien fue invitado a oficiar por Francisco Bravo Ramírez, asesor del Presidente de la República; además, dio validez a firmas distintas de Fox, plasmadas en sus identificaciones y en el acta de matrimonio, dijo Cortés..

Lugo Monroy permitió también una enmendadura en el acta 00539 al cambiar de última hora el nombre de un testigo del contrayente; de estos documentos se obtuvo una copia.

Con su actuación el juez "pone en riesgo de nulidad el matrimonio", si lo demandan los propios contrayentes, alguna persona con interés jurídico o el Ministerio Público, aunque en este último caso, el procurador de Justicia del DF, Bernardo Bátiz, dijo ayer que la dependencia que encabeza tiene tareas más importantes, y únicamente deseó: "šque sean felices!"

En su defensa, el juez Lugo Monroy dijo que su "único pecado" fue no solicitar la autorización para casar en otra delegación, pero consideró que esta falta no tiene mayor trascendencia ni riesgo para el enlace del pasado 2 de julio, pues su nombramiento como juez es para todo el DF y no sólo para la delegación Magdalena Contreras.

Su argumento principal para omitir el trámite relativo a la jurisdicción, es la discreción que le pidió Bravo Ramírez, quien acudió a su oficina para pedirle que casara a la pareja.

Sin embargo, el director del Registro Civil dijo en entrevista que Lugo Monroy "estaba impedido" para actuar en la residencia oficial de Los Pinos, dado que no solicitó la autorización respectiva.

Al ocultar a los contrayentes que "no estaba debidamente facultado y autorizado", incurrió en "una grave omisión que pone en riesgo de nulidad el matrimonio", estableció.

El funcionario del gobierno capitalino basa su argumento en el artículo 249 del Código Civil del Distrito Federal, precepto mediante el cual también "podrá declararse esa nulidad a instancia del Ministerio Público", es decir, la Procuraduría General de Justicia del DF.