MIERCOLES Ť 18 Ť JULIO Ť 2001

CAMPO

Ť La firma del TLCAN agudizó la crisis agropecuaria, afirman organizaciones sociales

Productores de maíz luchan por sobrevivir a los embates de trasnacionales alimentarias

Ť Monsanto, Dupont y Novartis, entre las compañías que se disputan el control del mercado

Ť Los maiceros piden a Fox y Usabiaga la revisión del tratado comercial con EU y Canadá

MATILDE PEREZ U.

Hace 7 mil años Quetzalcóatl encontró los granos gracias a la hormiga; siglos después, durante la conquista, el hallazgo se atribuyó a la Virgen María. Hoy, en la era de la globalización, Monsanto, Dupont y Novartis, entre otros grandes consorcios del comercio mundial, disputan la maternidad del maíz, que al decir de los tzeltales "es la semilla donde empieza y acaba todo, es el principio y es el fin".

Pero los 3 millones de maiceros se re-belan a ese fin al que se les condenó a partir de la apertura comercial y la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Esos hombres y mujeres que anualmente, en dos ciclos agrícolas, producen el alimento que está cotidianamente en las mesas de los mexicanos, muestran su capacidad de resistencia frente a la pretensión de des-aparecerlos.

Su lucha involucra a 21 millones de familias que consumen la popular tortilla y una cultura que gira en torno al cereal. Esa riqueza que pretenden eclipsar las grandes trasnacionales -asociadas, hasta el momento, con un selecto grupo de industriales mexicanos- y que disputan a los campesinos el control de la producción y del mercado maicero mexicano, ya que el grano representa la mitad de los alimentos que se consumen anualmente en el país.

Insurrecciones de maiceros

En este panorama los productores lanzan el reto: "Toca al gobierno de Vicente Fox y al secretario de Agricultura (Sagarpa), Javier Usabiaga Arroyo, decidir si quieren revalorar la cultura maicera y su contribución múltiple al desarrollo económico, social y político del país, o insisten en la visión tecnocrática neoliberal de ver al maíz como una simple mercancía que hay que poner a competir con otras y, con ello, renunciar a apaciguar las insurrecciones de los maiceros".

Dirigentes campesinos advierten: "hay un riesgo de desbordamiento social por la catástrofe en el sector agropecuario. Esta situación requiere de una política de emergencia que sólo puede construirse con el reconocimiento de los diversos actores. Pero Usabiaga Arroyo ni su equipo quieren tender esos puentes de diálogo y entendimiento, no están reaccionando a los problemas".

El gobierno, destacan, tiene que reconocer que está rebasado por los acontecimientos y que para darle respuesta a los productores necesita del Poder Legislativo y de las organizaciones rurales. "Pero Fox y Usabiaga quieren manejar la política con una discrecionalidad absoluta, piensan que están manejando su rancho o su empresa y por eso no piden consejos ni apoyo a nadie".

Antes, y durante la firma del TLCAN, productores organizados, investigadores, algunos legisladores de partidos de oposición e incluso los grandes productores integrantes del Consejo Nacional Agropecuario advirtieron al gobierno que dejara fuera de los acuerdos comerciales el maíz y otros granos básicos para la dieta de la población.

Avizoraron insumisiones frente a la postura gubernamental de que las "importaciones son necesarias porque el campo mexicano no es capaz de producir todos los bienes necesarios para la alimentación"; pero en su señalamiento mantiene el cuidado de no precisar que son las industrias pecuaria, almidonera, de cereales y de fructosa las que exigen maíz amarillo y no el blanco mexicano.

El gobierno aseguró a los productores que por ser el maíz "altamente sensible a las importaciones" había conseguido durante las negociaciones del TLCAN una "protección extraordinaria" para el grano. Se impondría un arancel inicial de 206 por ciento ad valorem, que a partir de 1994 disminuiría gradualmente durante los siguientes 15 años. A su vez, las importaciones libres de arancel provenientes de Estados Unidos irían en aumento durante ese periodo; en el primer año del TLCAN serían de 2.5 millones de toneladas, en el año 2001 serían de 3 millones, hasta llegar a 3.7 millones en 2008.

Pero los acuerdos quedaron sólo en el papel, los industriales, con la tolerancia gubernamental, impusieron el camino de las importaciones previstas para los primeros años del nuevo milenio.

Y en una acción sin precedentes, con apoyos insuficientes y no competitivos frente a los nuevos socios comerciales, los maiceros muestran "no estar dispuestos a que les den más patadas hasta quedarse sin trasero", ni permanecer inmóviles frente a la "neorrevolución" biotecnológica que los excluye, empobrece, margina y pretende homogeneizar la producción de maíz mexicano, llevarlos -por presiones de mercado- a sólo sembrar maíz amarillo.

A pesar de una política interna adversa, sequías y aumento de los insumos, los maiceros incrementaron la producción y sus rendimientos hasta llegar y sostener una oferta nacional de 18 millones de toneladas, de las cuales 92 por ciento son de maíz blanco. Así, 2.5 millones de campesinos de Oaxaca, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Chiapas, Jalisco, Puebla, Veracruz, Guanajuato y estado de México, considerados improductivos por tener menos de 5 hectáreas y rendimientos de no más de 2 toneladas por hectárea, volvieron a figurar por su aportación de las tres cuartas partes de la producción nacional.

"La paradoja es que a pesar de la guerra gubernamental han sido capaces de resistir frente a la desprotección los precios dumping y las importaciones desleales e ilegales libres de arancel", dice Víctor Suárez Carrera, director ejecutivo de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC).

Mientras, el gobierno incumplió sus promesas de protección. Desde el primer año de operación del TLCAN el maíz mexicano quedó desprotegido totalmente, ya que las importaciones del grano estadunidense libres de arancel fueron por 3 millones 54 mil toneladas. "Durante los primeros siete años (de ese tratado comercial) se regalaron a los importadores mil 962 millones de dólares por permitir la entrada de cupos sin arancel", puntualizó la Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas (UNORCA) en la reunión a la que convocaron las comisiones unidas de Desarrollo Rural y de Agricultura y Ganadería del Senado, el pasado 26 de junio.

Para este año, aseguran los productores, se pretende importar 3 millones de toneladas adicionales a las concertadas en el TLCAN; incluso en el primer cuatrimestre las importaciones del grano fueron por 279.6 millones de dólares, monto superior en 82 por ciento con respecto al mismo periodo de 2000.

Tradición de lucha

"Desde que se iniciaron las negociaciones para la firma del TLC AN, los campesinos sentimos que era un acuerdo para desaparecernos, pero tenemos una historia, tradición de lucha y capacidad de resistencia", destaca Efraín García Bello, presidente de la Confederación Nacional de Productores Agrícolas de Maíz de la Confederación Nacional Campesina. El gobierno, insiste, tiene que comprender que el asunto del maíz es de seguridad nacional.

"Los productores no vamos a quedarnos al margen de la situación en la que nos han metido; nos vamos a meter y adaptar a los esquemas de exportación, pero el gobierno tendrá que meter orden comercial y por ello deberá revisar y reglamentar el TLC; suspender las importaciones mientras se comercializa la producción nacional; apoyarnos para que el precio sea bajo una cotización nacional y no de acuerdo con la bolsa de granos de Chicago; ordenar la producción interna y destinar más recursos a la investigación", abunda.

Para los maiceros, la insurrección en Sinaloa es sólo un reflejo de la protesta que habrá si no hay un cambio de rumbo en la política agrícola. "Nuestra intención no es meter la complejidad de nuestra problemática a cada una de las casas de las familias, pero queremos que nos entiendan: tenemos dificultades para producir el alimento que consumen".

Y a pesar de estar en diferentes trincheras de organización, tanto Suárez Carrera (de la ANEC) como García Bello (de la CNC) coinciden en que es momento para impulsar, bajo un acuerdo nacional, un nuevo rumbo para la política maicera. Destacan que la gramínea está ligada a otros productos como la alta fructosa producida por las industrias con maíz amarillo importado y con ello contribuyen a incendiar el complejo problema de la industria cañera.

"ƑQué tipo de agricultura necesitamos? Esa es la pregunta que tendrían que hacerse el presidente Fox y el secretario de Agricultura, Javier Usabiaga", considera Suárez Carrera. Reflexionar en ello tendría como respuesta la "revisión y, eventualmente, la suspensión de la aplicación del TLC para el sector agropecuario, además de revalorar la agricultura campesina maicera".

Pero lamenta que hasta el momento las señales del jefe del Ejecutivo sean muy distintas a esa posibilidad: "Hoy, lo único que está claro para Fox es que el campo es el proveedor de mano de obra barata para abastecer al mercado estadunidense y a las maquiladoras que se instalen en el país, y que es un espacio de negocios únicamente para los grandes agroindustriales. Su postura se limita a tratar de administrar el ritmo de expulsión".