JUEVES Ť 19 Ť JULIO Ť 2001

Ť Líderes políticos y la Iglesia católica demandan un nuevo programa de legalización

Busca la Casa Blanca ofrecer "una amnistía que no se llame amnistía" para los indocumentados

Ť Debates en las cúpulas política y social sobre lo que será el mayor cambio migratorio en EU

Ť Sectores conservadores, opuestos a cualquier intento de regularizar a millones de personas

JIM CASON Y DAVID BROOKS CORRESPONSALES

Washington, 18 de julio. El gobierno del presidente George W. Bush ha redactado propuestas para una nueva política migratoria con el objetivo de ofrecer "una amnistía que no se llame amnistía" para trabajadores indocumentados en Estados Unidos.

Pero aun antes de que estas iniciativas hayan llegado al escritorio del mandatario republicano, ha estallado un debate entre los diversos sectores de la cúpula política y social que buscan definir los parámetros de lo que potencialmente será el cambio en política migratoria más grande en la historia de este país.

Pero, al final, será este debate político el que determinará cuáles de estas propuesta y medidas se convertirán en ley. Esa batalla ha comenzado.

Líderes legislativos demócratas, dirigentes de sindicatos nacionales, de la Iglesia católica, organizaciones latinas y de defensa de los inmigrantes se sumaron este miércoles a esa batalla con llamados a favor de un nuevo programa de legalización para los trabajadores indocumentados que se en-cuentran en este país.

Por su lado, la Casa Blanca sigue insistiendo en que las líneas generales de propuestas para reformar las leyes de inmigración, que prepara un equipo conjunto de los departamentos de Justicia y de Estado, no se han completado.

Opositores a iniciativas de legalización también se han expresado contra intentos de regularizar a los "ilegales" en este país.

La Casa Blanca todavía espera que esta semana le sean presentados los borradores de propuestas, que presentarán las opciones bajo consideración del gobierno estadunidense en su negociación con México de un nuevo marco político migratorio, y contendrán los elementos de un acuerdo en principio sobre una nueva política migratoria que los presidentes Bush y Vicente Fox Quesada esperan poder anunciar en su cumbre programada para principios de septiembre próximo en Washington.

Fuentes cercanas a estas negociaciones informan a La Jornada que estas nuevas propuestas incluyen una serie de medidas --y no una sola-- que brindarán mecanismos para que, mínimo, cientos de miles de indocumentados mexicanos pueden legalizar su situación migratoria.

Además, entre las medidas se incluye un nuevo tipo de programa de trabajador inmigrante temporal, cuyos participantes po-drían disfrutar de derechos económicos y sociales más amplios marcados por las le-yes de Estados Unidos, como los que goza cualquier trabajador estadunidense (aunque estos son bastante limitados).

"Esto es potencialmente el cambio más grande en la política migratoria estadunidense", comentó el experto sobre migración Demetrios G. Papademetriou, analista de la Carnegie Endowment.

En entrevista con La Jornada, señaló que nunca antes Estados Unidos ha negociado bilateralmente, y menos con México, una política migratoria sin precondiciones, y donde la agenda abarca algo tan amplio que incluye tanto a los inmigrantes que han estado aquí desde hace años hasta el problema de los que llegarán en un futuro.

Papademetriou explicó que sin duda este debate sin paralelo resultó de la iniciativa del gobierno de Fox, y es el Ejecutivo me-xicano el que sigue definiendo la dirección de este esfuerzo.

"Los mexicanos ahora saben lo que quieren, y también han configurado lo que quieren a lo que saben que es políticamente viable (en Estados Unidos)", opinó.

Aunque subrayó que no tiene conocimiento de los detalles de las propuestas que serán presentadas al presidente Bush esta semana, cree que incluyen una serie de medidas diferentes que permitirían la legalización de diversos grupos de indocumentados en este país, y "estamos hablando de, mínimo, cientos de miles de personas".

Se consideran diferentes requisitos para lograr la legalización; tal vez por historial de empleo, por vínculos familiares, por contribución económica o social, "pero no habrá sólo una propuesta para obtener la legalización", insistió, sino una serie de di-ferentes mecanismos para obtenerla.

Por su parte, la Casa Blanca continúa insistiendo en que la amnistía no está entre las opciones, y casi todos los analistas y estrategas de diversas organizaciones interesadas descartan la posibilidad de una amnistía plena y universal. El consenso es que esta opción no es "políticamente viable" en Washington.

La Casa Blanca está bajo intensa presión de sectores conservadores para no ofrecer ningún programa amplio de legalización, y mucho menos de cualquier cosa que pudiera ser interpretada como una amnistía.

El líder de la (ahora) minoría republicana en el Senado, Trent Lott, entre otros, ha insistido en que la gente que entró "ilegalmente" al país no debería ser premiada por su delito con una amnistía.

No obstante, el vocero de la Casa Blanca, Ari Fleischer, informó que las propuestas para el tema incluirán "ideas sobre la regularización de mexicanos indocumentados en Estados Unidos".

La palabra "regularización", según varios funcionarios y analistas políticos es sinónimo para legalización, o algún tipo de am-nistía limitada.

"Las propuestas que se están desarrollando deben cumplir con lo dicho por el presidente Bush: no a una amnistía plena -ex-plicó Papademetriou-. Por lo tanto, están desarrollando una amnistía que no se llame amnistía".

Pero el analista advirtió que después de que las propuestas iniciales que están preparando los departamentos de Justicia y Estado sean presentadas de Bush, cambia-rían en función de los cálculos políticos (y no sólo por evaluaciones de la política propuesta) y el debate entre políticos.

Apoyo demócrata y republicano

Como parte de este debate, hoy el líder del Senado, el demócrata Tom Daschle, citó a una conferencia de prensa donde él y varios de sus colegas demócratas y republicanos instaron a Bush a continuar promoviendo una reforma de las leyes migratorias que incluya la legalización de los migrantes indocumentados.

"Creemos que es hora de que se promueva una amplio programa de legalización para trabajadores indocumentados de largo plazo", afirmó Daschle. "Sabemos que hay muchas fuerzas presionando al presidente para que reconsidere su apoyo a un tratamiento más justo de los inmigrantes residentes. Esperamos que el presidente Bush resista esa presión".

En una iniciativa coordinada, el senador Edward Kennedy y varios republicanos también expresaron su apoyo a algún tipo de programa de legalización, y se sumaron a ellos el secretario general del Sindicato Internacional de Empleados de Servicios, gremio nacional de un millón 100 mil miembros, y el director de asuntos migratorios de la Conferencia de Obispos de Estados Unidos.

Para Cecilia Muñoz, vicepresidenta del Consejo Nacional de la Raza, el hecho más notable, a pesar de que el gobierno de George W. Bush aún no ha revelado su propuesta para la reforma de la política migratoria, es que la legalización está en la mesa de negociaciones.

"Por primera vez en 15 años están reconociendo la realidad de que esta gente existe, que está aquí, que forma parte de la fuerza laboral y que ya forma parte de la comunidad", dijo en una teleconferencia.

Señaló la dirigente que la coyuntura es propicia para Bush si él decide enfrentar a una "minoría vocal" antinmigrante dentro de su partido y tomar esta "oportunidad histórica" para promover la legalización de los indocumentados.

"Esperamos formar parte de la alianza de sindicatos, iglesias, partes del sector privado --de una amplia gama de apoyo-- para promover una nueva política. Creemos que el ímpetu ha cambiado (a nuestro favor)", aseguró.

Los políticos de ambos partidos están muy interesados en convencer a organizaciones latinas, como La Raza, que están con ellos en este tema. También están midiendo las fuerzas de otros sectores, como los intereses empresariales, sindicatos, iglesias y otros en torno a esta problemática.

El voto y el poder político de estos sectores influirá, tal vez como nunca antes, para determinar el futuro de la política migratoria en este país. Mucho dependerá de la capacidad de esos sectores para maniobrar en esta batalla que estalló de lleno esta semana en Washington.