Por primera vez desde tiempos del Programa Bracero original, el flujo migratorio de mexicanos hacia Estados Unidos está claramente puesto en la mesa de negociaciones bilaterales y nuestro país cuenta con los elementos propicios para presionar por mejores condiciones para los connacionales que emigran al país vecino. 

El cambio puede atribuirse, en buena medida, a una manifestación de voluntad política por parte del gobierno de Vicente Fox al plantear abierta y claramente el tema en los encuentros con las autoridades estadunidenses, decisión que los últimos presidentes priístas no pudieron o no quisieron tomar, ya fuera por falta de visión, por pusilanimidad o por ambas razones.

El hecho es que, tanto por la insistencia de México como por motivos de política interna, la Casa Blanca ha ordenado a los secretarios de Estado y de Justicia, Colin Powell y John Aschroft, que elaboren propuestas para regularizar a un importante número de trabajadores indocumentados mexicanos y conceder una suerte de amnistía migratoria (aunque amnistía sea una palabra tabú para la clase política estadunidense), que sería la primera medida de este tipo en más de tres lustros.

Lo anterior no implica que todo esté por resolverse, ni mucho menos. Es, simplemente, el principio de un cambio auspicioso y justo de actitudes por parte del país vecino, cuyos grupos gobernantes se han negado a reconocer el importante papel que los trabajadores mexicanos desempeñan en la economía y en la sociedad: dan competitividad internacional a la primera y enriquecen culturalmente a la segunda.

Ese cambio dista de haberse traducido en hechos; hoy por hoy, los trabajadores mexicanos en territorio estadunidense siguen siendo tratados como criminales, y quienes emigran al país vecino en busca de oportunidades de empleo y vida siguen enfrentándose a peligros fatales originados por la sobrevigilancia policiaca de la frontera común.

Por todo lo anterior, es fundamental que las autoridades nacionales no aflojen el paso ni bajen la guardia en materia migratoria. Por el contrario, el actual es un momento propicio --como no lo ha habido en muchos años-- para inducir cambios sustanciales en las políticas antinmigrantes de Estados Unidos y generar condiciones de efectiva protección y dignificación de los mexicanos que viven y trabajan en ese país.

De cualquier forma, la protección de los migrantes, por efectiva que pueda resultar, ha de verse como una medida de emergencia que no debe ocultar la necesidad de enfrentar la raíz del problema, que no es otra que la falta de oportunidades que padecen millones de mexicanos en su propio país y que los obliga a buscarlas en el extranjero, con riesgo para su integridad física, dignidad y derechos humanos