viernes Ť 27 Ť julio Ť 2001

Luis Javier Garrido

La controversia

El escenario del futuro inmediato para México no puede ser más preocupante ante la inminente promulgación de las contrarreformas constitucionales sobre derechos y cultura indígenas que, de entrar en vigor, van a conducir a hacer más crítica la situación en el campo mexicano abriendo la vía hacia la confrontación.

1. El gobierno de Vicente Fox tuvo la posibilidad de satisfacer las demandas seculares insatisfechas de los pueblos indios y de dar un paso decisivo en la búsqueda de la paz en Chiapas y en el país, todo lo cual le hubiese concitado un reconocimiento internacional, pero en vez de ello prefirió seguir sobre la misma vía que su predecesor, Ernesto Zedillo, y en un error histórico de consecuencias aún imprevisibles ha decidido imponerse a las comunidades indígenas con el aval de las fuerzas políticas tradicionales, y con todo el peso del Estado y, desde luego, de las empresas multinacionales.

2. La estrategia del gobierno foxista de aprobar una serie de adiciones a la Constitución en materia indígena, contrarias tanto a la legislación internacional como a los acuerdos de San Andrés, y que lejos de reconocer el derecho de los pueblos indios a la autonomía abre la vía para que el gobierno federal pueda violentarla, busca de manera absurda no sólo ser a) un supuesto "candado de seguridad" para los programas del Banco Mundial y los intereses trasnacionales en México, sino b) un medio para sentar de nuevo a los zapatistas a negociar lo ya negociado y pactado en 1995-1996, con la pretensión de alcanzar la anhelada foto que pueda darle la vuelta al mundo y convalidar el discurso de propaganda del nuevo gobierno de que "ya todo cambió en México".

3. Los gerentes empresariales y los tecnócratas que gobiernan México comparten una misma visión de lo que debe ser el país, y creen que pueden organizarlo todo desde sus oficinas, ignorando el proceso histórico de una nación. La pretensión del gobierno y de los legisladores que votaron esta ley, en el sentido de que la misma va a constituir un impulso al mercado, supuestamente amenazado por las reivindicaciones sociales, no constituye más que un absurdo que refleja la ausencia de un proyecto nacional de la clase política mexicana. Algunos gobiernos neoliberales ven a las comunidades sociales como una amenaza permanente al neoliberalismo, e imaginan un supuesto nuevo "orden jurídico global", cuyo objetivo sería negarles a todas las comunidades los derechos fundamentales que exigen se les respeten a fin de abrirles mayores espacios a los intereses de las multinacionales, y ésa, al parecer, es la obsesión del equipo foxista que, como se ve, no tiene la menor idea de lo que ha sido la historia del país.

4. La pretensión gubernamental de que se renegocie San Andrés para obligar al EZLN a aceptar una serie de claudicaciones no es únicamente un contrasentido histórico, sino que trata de ignorar la trascendencia de lo pactado. El régimen foxista se olvida de algo capital, y es que los derechos humanos fundamentales, lo mismo los individuales que los colectivos, no son susceptibles de ser negociados. Y que, en consecuencia, debió aceptar la constitucionalización de la ley Cocopa, que representaba un esfuerzo excepcional por reconocer el derecho inalienable de los pueblos y de las comunidades a la autonomía y a la diferencia cultural, y no tratar, por el contrario, como lo hizo, de coartar su ejercicio.

5. Los derechos sociales son inherentes a los grupos y a las comunidades tanto como los derechos individuales a las personas, según se reconoce universalmente en la teoría y en múltiples instrumentos internacionales, y los marcos jurídicos nacionales no pueden hacer más que aceptar esta realidad. Una Constitución nacional no otorga estos derechos, como muchos suponen, sino simplemente los reconoce, y ésa es la situación que ignoraron los legisladores mexicanos federales y locales de 2001, que pretendieron negarle a los indígenas mexicanos un derecho del que disfrutan desde hace tiempo los pueblos indios de otras latitudes, y que, como han reiterado los especialistas en derecho indígena de varios países, colocan a la "nueva" legislación mexicana como una de las más retrógradas del mundo, y abren la vía para que al ser publicada proceda la controversia constitucional.

6. El gobierno foxista ha evidenciado a lo largo de estas semanas, aun cuando no se dé cuenta de ello, un enorme desprecio por los pueblos indios de México, a los que pretende imponerles un modo de vida ajeno a su proceso cultural. No quiere entender, porque no puede, que está perdiendo la oportunidad histórica de respaldar el verdadero cambio que requiere el país, y que es de abajo a arriba: a partir de las comunidades.

7. La "nueva estrategia" del gobierno federal para Chiapas (y para todas las comunidades indígenas del país), de la que tanto se ha hablado, no es en el fondo más que la misma que Adolfo Orive y Ernesto Zedillo adoptaron para subordinar a los pueblos indios utilizando los recursos públicos y la represión selectiva. El planteamiento oficial supuso imponerse al EZLN en su demanda de una legislación indígena con el aval de los partidos que votaron la ley en aras de "la institucionalización", y ahora busca con ese mismo respaldo y el de las grandes empresas imponer un modelo de desarrollo centralizado mediante el dinero, erigido en el proyecto foxiano a ser el instrumento clave para hacer prevalecer su visión del mundo, lo que desde ahora parece destinado al fracaso.

8. El proyecto foxiano para las comunidades indígenas no tiene futuro, porque parece ignorar lo acontecido en México en los últimos siete años, y desconoce en particular cómo el surgimiento del EZLN ha contribuido a modificar la cultura política de amplios sectores de mexicanos y ha fortalecido en la conciencia colectiva la voluntad de defender la identidad indígena. La amplia resistencia que se ha manifestado en las últimas semanas ante la pretensión oficial de imponer una legislación ilegítima no es más que una evidencia de ello.

9. Vicente Fox ha iniciado su gobierno persistiendo en su creencia de que la correlación de fuerzas existente en el país es la que artificialmente representan los partidos políticos en el Congreso, y esto puede tener graves consecuencias para México.

10. La Historia no puede tener marcha atrás, y el derecho de los pueblos a la autonomía, que muchos ya han asumido, y que defienden con grupos de la sociedad civil es un anuncio del verdadero cambio: hállese o no consignado todavía en la Constitución mexicana.