DOMINGO Ť 29 Ť JULIO Ť 2001
Ť Se deben investigar labores de inteligencia que realiza
Piden ONG al gobierno mexicano exija la salida del general Prado
Ť Inadmisible, que un represor sea embajador, consideran
CLAUDIA HERRERA BELTRAN
Organismos defensores de derechos humanos se pronunciaron a favor de que el gobierno mexicano solicite a su homólogo de Bolivia el retiro del general Gary Prado Salmón como embajador en México, debido a sus antecedentes como "represor" y a que, según investigaciones de este diario, realiza tareas de inteligencia en nuestro país.
El director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Edgar Cortez, calificó de "inadmisible" que este personaje, integrante de la partida de militares bolivianos que mató a Ernesto Che Guevara en octubre de 1967, sea representante diplomático cuando tiene una historia cuestionable.
En noviembre pasado, Prado expuso ante el Senado de Bolivia que su plan de trabajo en México era "analizar y hacer seguimiento del accionar de grupos insurgentes e irregulares en algunas entidades, por la influencia que éstos puedan a llegar a ejercer en nuestras comunidades nativas, por el fenómeno de imitación que suele presentarse".
La polémica sobre la presencia del militar boliviano se revivió el jueves pasado cuando el crítico de arte, Alberto Híjar reconoció al militar en la presentación de un libro y le arrojó vino al rostro llamándolo además asesino del Che Guevara.
Cortez señaló que las autoridades gubernamentales tendrían que hacer un pronunciamiento en torno a este militar, sobre todo en momentos en que las historias de represión en América Latina son repudiadas y están siendo objeto de investigación jurídica.
El gobierno mexicano, dijo, tiene que investigar las supuestas labores de inteligencia que realiza en el país e impedirlas, en especial, cuando en nuestro país se han cuestionado las labores de espionaje realizadas por el gobierno anterior y por el estado de México.
Prado, explicó en entrevista, pertenecen al grupo de militares latinoamericanos que en las décadas de los sesenta y setenta hicieron una guerra sucia contra luchadores sociales y que cometieron excesos amparados en las doctrinas de seguridad nacional.
Estos personajes de "historial negro" no deber ser admitidos en México, y menos cuando vienen con la misión de vigilar grupos rebeldes, actividad que es contraria a las labores de un diplomático.
Anunció que este centro y otras organizaciones no gubernamentales están al pendiente de la actuación de Prado en el país y de que haya una posición clara del gobierno sobre la presencia del militar.
Javier Enriquez, de Acción Cristiana por la Abolición de la Tortura, consideró que es preocupante que una militar con pasado represor pertenezca a la diplomacia, y anunció que este organismo se mantendrá alerta de la reacción del gobierno.
Dijo que se pondrán en contacto con organismos defensores de derechos humanos de Bolivia para investigar más sobre los antecedentes del militar y sobre los compromisos que lo llevaron a ser nombrado embajador.
El gobierno mexicano, insistió, debe exponer su punto de vista y confirmar si existen indicios de las labores de vigilancia que realiza en el país. "Tiene elementos suficientes para manifestar su inconformidad antes los bolivianos", aseveró Enríquez.
Advirtió que quien torture a una persona, sea guerrillero o no, debe ser denunciado y repudiado, más aún cuando se le encarga la misión de representar a un país y carece de calidad moral para hacerlo.