Orona, actual procurador fiscal, quien en 1997, y en su carácter de abogado del Fobaproa, firmó y diseñó, entre otros funcionarios, ese contrato.
DOMINGO Ť 29 Ť JULIO Ť 2001
Ť La derrota sería otra vez para los contribuyentes, dice
La venta de Banamex evidenció la guerra SHCP-IPAB: Di Costanzo
Ť Hay molestia porque se insiste en auditar las operaciones reportables, con lo que trastocarían intereses de funcionarios
CIRO PEREZ SILVA
El conflicto originado por la venta de Banamex no sólo puso en evidencia la falta de ética y moralidad de los banqueros rescatados, sino también se manifestó públicamente la guerra entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y los vocales del Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB), asegura el asesor económico de la fracción perredista, Mario di Costanzo.
"Hasta el momento todo parece indicar que la victoria podría ser para la SHCP, y la derrota sería nuevamente para el bolsillo de los contribuyentes. Para mostrar lo anterior sólo basta revisar el informe que la Auditoría Superior de la Federación pone sobre la mesa y las verdaderas razones que llevaron a Francisco Gil Díaz a utilizar al procurador fiscal, Gabriel Reyes Orona, para desacreditar no sólo a los vocales, sino a todo el instituto", sostiene.
El investigador precisa que del informe citado se desprenden tres recomendaciones que evidencian "las verdaderas razones del ataque", como la inconclusa operación de la fusión entre Bital y Banco del Atlántico; las auditorías a los créditos "Aa" de las transacciones reportables, realizadas por Michael W. Mackey desde septiembre de 2000; la aplicación del artículo quinto transitorio de la Ley del IPAB y la entrega de la banca intervenida a este instituto por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
La posición que los vocales del IPAB han adoptado en torno a estos tres asuntos es la que, asegura, tiene "muy molestos" tanto al secretario de Hacienda como al presidente de la CNBV, ya que se han pronunciado por llegar al fondo de los tres asuntos anteriormente citados, "que en otras palabras significa trastocar intereses de funcionarios públicos y de banqueros".
Operación Bital-Atlántico
En diciembre de 1997, cuando aún no se concluían los programas de compra de cartera realizados por el Fobaproa, Antonio del Valle manifestó su intención de adquirir Banco del Atlántico; en dicho contrato, que preveía inicialmente sólo la administración de la institución, el Fobaproa estableció cláusulas no del todo claras, y el resultado de esa falta de claridad es que en la actualidad Bital está exigiendo al IPAB más de 13 mil millones de pesos, argumentando que Banco del Atlántico no fue suficientemente saneado en su momento.
Ante la posibilidad de que esto sucediera, y que el IPAB tuviera que explicar a los legisladores las razones de este nuevo apoyo a Bital, los vocales del instituto decidieron consultar a la Secodam para que diera su opinión sobre la legalidad del contrato firmado en 1997.
De acuerdo con el investigador, fue Reyes Orona, actual procurador fiscal, quien en 1997, y en su carácter de abogado del Fobaproa, firmó y diseñó, entre otros funcionarios, ese contrato.
Di Costanzo recuerda que la CNBV, en su momento dirigida por Eduardo Fernández, tuvo un papel determinante en el rescate bancario y en la operación del Fobaproa. Señalamiento que también hizo el auditor Mackey, en cuyo informe precisa: "La CNBV ha sido la única autoridad con acceso total a la información de la banca.... El acceso de la CNBV a la información bancaria le proporcionó mayor influencia en la toma de decisiones del comité técnico".
Las auditorías a los créditos "Aa"
Como resultado de su auditoría, Michael W. Mackey definió un universo de aproximadamente 18 mil 973 "transacciones reportables", y cuyo monto asciende a alrededor de 73 mil millones de pesos.
Dichas operaciones fueron, a su vez, clasificadas en tres grupos: las llamadas "Aa", que ascienden a 24 mil millones de pesos, y que su razón de "reportabilidad" obedece a que no cumplieron los requisitos originalmente establecidos por el Fobaproa en los programas de compra de cartera; las "B", cuya razón de "reportabilidad" obedece a que fueron créditos otorgados a "partes relacionadas", es decir, a accionistas de bancos, y que ascienden a aproximadamente 42 mil millones de pesos, y las "C", por casi 6 mil millones, llamadas así porque definitivamente existió violación a la ley.
En el artículo quinto transitorio de la Ley del IPAB se establece la posibilidad de devolver la cartera chatarra a los bancos, por ello, la entidad de fiscalización superior recomendó al instituto, desde septiembre de 2000, revisar la totalidad de las transacciones reportables del grupo "Aa", con el objeto de identificar irregularidades en estas operaciones.
Pese a que desde septiembre de 2000 la Junta de Gobierno del instituto acordó atender la recomendación de la entidad superior de fiscalización, en el informe entregado por ésta el lunes 25 de junio de 2001 se reporta lo siguiente: "El IPAB no ha iniciado aún las auditorías recomendadas por esta Auditoría superior de la Federación...".
Esta situación, insiste Di Costanzo, provocó la molestia de los vocales, quienes han exigido el cumplimiento del acuerdo de la Junta de Gobierno, causando, a la vez, la molestia no sólo del secretario de Hacienda, sino de los mismos banqueros, quienes se han negado a recibir otra auditoría a estas operaciones, e inclusive han amenazado con "ampararse" contra la aplicación del quinto transitorio.
Los vocales del IPAB sostienen que los banqueros saben bien que una nueva auditoría aplicada sobre las transacciones reportables del informe Mackey implicaría que les devolvieran muchos créditos irregulares, que en su momento le vendieron al Fobaproa.
Entrega al IPAB de la banca intervenida
Resulta por lo menos cuestionable que las instituciones que fueron intervenidas por la CNBV durante la crisis bancaria aún no sean entregadas al IPAB, para que éste pueda realizar la venta de los activos y reducir el costo fiscal del rescate bancario, "hecho que no es un problema de ineficiencia del IPAB, sino de la CNBV, que ha tenido tiempo de sobra para planchar todas las irregularidades e ilegalidades que en su momento permitió Eduardo Fernández.
"Lo que resulta verdaderamente increíble es que la actitud mostrada por la CNBV no es nueva: hay que recordar que su disposición a cooperar en la auditoría de Mackey fue prácticamente nula, hecho que destaca el mismo canadiense a lo largo de todo su informe, el que destaca: 'también se tuvieron limitaciones debido a los interventores de algunos bancos que fueron designados por la CNBV; estas limitaciones se tuvieron no sólo con ellos, sino con la SHCP y con la CNBV'", precisa el investigador.
Sostiene que ante ese escenario, los problemas al interior del IPAB no se solucionan con la destitución de los vocales ni dejando el control del instituto a la SHCP. Por el contrario, el IPAB requiere "urgentemente" de modificaciones a su marco jurídico que reafirmen su independencia y autonomía, y otorguen mayores facultades a los vocales independientes.
"Esta figura debe ser salvada y reivindicada, de nada nos servirá destituir a los vocales y al secretario ejecutivo si no contamos con un marco jurídico que sea capaz de eficientar la labor del instituto. Respecto al conflicto de intereses, las autoridades deberán de realizar los análisis que se ameriten; sin embargo, si queremos ser equitativos, los cuestionarios que han aplicado a los vocales incómodos deberían ser aplicados también al procurador fiscal y al presidente de la CNBV", aseveró el investigador.