DOMINGO Ť 29 Ť JULIO Ť 2001

Ť El daño asciende a 44 mil 595 mdp, poco más que el presupuesto del ISSSTE

Ordenó Gurría en 2000 que el erario absorbiera un quebranto de Nafin

Ť El Barzón exige la creación de una comisión de la verdad en delitos financieros

ISRAEL RODRIGUEZ J.

Un mes y tres días antes de que concluyera el gobierno de Ernesto Zedillo, el entonces secretario de Hacienda, José Angel Gurría, ordenó a Jonathan Davis, tesorero de la Federación y ahora presidente de la CNBV, que el erario a través del Fideicomiso Liquidador de Instituciones y Organizaciones Auxiliares de Crédito (Fideliq), absorbiera el quebranto de Nacional Financiera (Nafin) por 44 mil 595 millones 536 mil 700 pesos con 79 centavos.

Esta cantidad es superior al presupuesto total asignado para todo 2000 al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado (ISSSTE) que sumó 41 mil 818.1 millones de pesos. El quebranto de Nafin que el funcionario ordenó asumiera el gobierno federal fue ligeramente inferior a los 55 mil 939 millones de pesos destinados por el gobierno durante todo el año pasado para financiar los diversos programas de combate a la pobreza.

Con esta instrucción, el quebranto total a la banca de desarrollo asciende a más de cien mil millones de pesos, distribuidos de la siguiente manera: Nacional Financiera (Nafin) casi 45 mil millones; Banco Nacional de Crédito Rural (Banrural), 12 mil millones; Banco Nacional de Comercio Interior (BNCI), 12 mil millones. Los restantes 31 mil millones se distribuyen entre el Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext), Banco del Ejército y la Fuerza Aérea (Banjercito), Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) y Financiera Nacional Azucarera (Fina), entre otros intermediarios como uniones de crédito fraudulentas como Inicref, Unicreva y Ucimme.

Sin embargo, no todo esta perdido, pues según el oficio de la secretaria particular de la SHCP, clasificado con el número 1765, del 27 de octubre del 2000, y signado por Gurría Treviño, y cuya copia obra en poder de La Jornada, señala que "en virtud de que el Fideliq recibirá como producto de la enajenación de los derechos fideicomisarios antes señalados la cantidad de 100 millones de pesos, cifra inferior al valor del activo constituido, esa Tesorería deberá disminuir el valor de dicho activo para quedar en un monto de 44 mil 495 millones 700 pesos con 79 centavos, como consecuencia, deberá registrar dicho monto como 'Pérdida del Erario Federal', de conformidad con las normas contables".

El proceso de rescate de la banca de fomento, que costó más de 100 mil millones de pesos y fue instrumentado por el Fideliq, ahora encabezado por Luis Miguel Alvarez Alonso, está plagado de irregularidades, como lo muestra el Informe de resultados de la cuenta de la hacienda pública federal.

El actual director general de Nafin, Mario Laborín, avaló los quebrantos en Nafin en una conferencia de prensa el 19 de junio pasado, al admitir que esta institución de desarrollo perdió en los últimos años su capital en diez ocasiones.

Por ejemplo, en el caso del Banco Nacional de Comercio Interior (BNCI) que fue liquidado en 1998 y para dicho fin se autorizaron 11 mil 611.4 millones de pesos. De los recursos que recibió del gobierno federal como subsidio para saneamiento financiero en 1997 y 1998, el BNCI utilizó 181.7 millones de pesos para financiar su gasto corriente en lugar de liquidar las deudas a su cargo, por lo cual contravino el artículo 78 del reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal.

Además de 168.8 millones de pesos que el BNCI pagó a Nafin, sólo se registraron 164.5 millones de pesos. La diferencia obedece a que el BNCI otorgó un financiamiento adicional al Frigorífico Lázaro Cárdenas a una tasa de interés menor de la que pagó a Nafin por el fondeo de los recursos, pero el quebranto no se registró.

El BNCI, con autorización del Fideliq, transfirió 32.4 millones de pesos, para liquidar pasivos fiscales del periódico El Nacional, sin considerar las condiciones pactadas en el contrato de crédito simple suscrito con el banco, el cual no consideró que el destino de los remanentes de la liquidación del BNCI pueda ser para el apoyo de otras entidades y muestre los documentos con los que se autorizó a la SHCP el referido traspaso, así como el recibo oficial emitido por la Tesorería de la Federación por el entero que se realizó.

Aunque el BNCI tenía como mandato, según el artículo sexto, fracción tercera, de su Ley Orgánica, la cual le confiere la facultad de apoyar a los pequeños comerciantes del país, otorgó recursos para la construcción de las bodegas de la central de abastos en McAllen, Texas, por 10.5 millones de dólares, no obstante, que varios de los acreditados no efectuaron sus pagos. En septiembre de 1997 el BNCI pagó casi 400 mil dólares por impuesto predial de las bodegas adjudicadas, revela el Informe de resultados parcial que rinde la subcomisión que da seguimiento al proceso de liquidación del BNCI de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Cámara de Diputados concluido en agosto de 2000.

Otro caso documentado por la Contaduría Mayor de Hacienda, es el de Banrural durante la gestión de Oscar Terroba. Se analizó el contrato entre Banrural como acreditante y Nafin en su carácter de fiduciaria del Fideliq suscrito el 17 de marzo de 1999. En la cláusula primera, el Banrural otorgó al Fideliq un crédito simple hasta por 10 mil 900 millones de pesos para la adquisición de cartera vencida de esta institución. Dentro del límite de crédtio no se incluyeron los intereses, comisiones, cargos ni demás gastos que se originaron por ese motivo. Esto propició que la deuda se incrementara 28.0 por ciento según la confronta con el oficio número DGAAF/391/00 del 19 de julio de 2000.

Se detectó el faltante de 23 mil 16 pagarés, de los cuales el Fideliq no encontró los expedientes que le fueron entregados en las sucursales del Banrural.

El Barzón, dirigido por Alfonso Ramírez Cuéllar y Liliana Flores Benavides, demandó la instauración de una comisión de la verdad en delitos financieros para aclarar los quebrantos en la banca comercial y la banca de desarrollo, cuyos rescates se hicieron con recursos públicos y en múltiples casos sin autorización del Congreso de la Unión. Para ello se empenderá una movilización nacional el próximo 30 de agosto para exigir que se castigue a los culpables de este saqueo.