DOMINGO Ť 29 Ť JULIO Ť 2001
Ť Significa más de $100 mil millones anuales: sindicatos
Costo de pensiones y jubilaciones llevaría al colapso a universidades
Ť En dos años se multiplicará exponencialmente el número de trabajadores en edad para retirarse, advierten
JOSE GALAN
El peso de pensiones y jubilaciones en las universidades públicas, que significan una erogación de más de 100 mil millones de pesos anuales, constituye una "bomba de tiempo" que podría llevar al colapso financiero al sistema de educación superior pública del país, advirtieron líderes de sindicatos de trabajadores universitarios.
Agregaron que en los próximos dos años, el número de jubilados en esas instituciones -que en conjunto tienen un promedio de 70 por ciento de trabajadores que rebasan los 30 años de antigüedad- "se va a multiplicar exponencialmente, y el de empleados en activo y pensionados se va a igualar". Las universidades públicas del país tienen una nómina de alrededor de 115 mil plazas en total, entre académicos y administrativos.
Sostienen que, en parte, se trata de un "problema ligado a la historia reciente del ISSSTE", institución a la que acusaron de realizar malos manejos, y anunciaron que exigirán al Congreso de la Unión y a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social la realización de una auditoría a esa paraestatal, porque "no es tan fácil aceptar que está en crisis".
Enrique Levet, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Veracruzana, afirmó, a nombre de la Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios (Contu), que el problema de las pensiones y jubilaciones involucra a los empleados adscritos al IMSS, al ISSSTE o a regímenes estatales de seguridad social.
Por ello, los representantes de 72 sindicatos de 42 universidades consideran urgente plantear la cuestión en la mesa de diálogo que propusieron al secretario del Trabajo, Carlos Abascal Carranza, y cuya primera sesión tendrá lugar en los próximos 10 días. "Necesitamos analizar el impacto del problema de jubilados y pensionados en las finanzas y en las relaciones laborales de las universidades, porque debemos tener respuestas antes de que empiecen a estallar los conflictos", agregó.
Los líderes sindicales advirtieron que las autoridades federales y estatales no han querido tocar el problema, e insistieron en que el ISSSTE, "más allá de que está en problemas, debe ser sujeto a una auditoría por irresponsabilidad y malos manejos".
Las autoridades y los legisladores otorgan cada vez menos recursos a la educación pública, que de 1994 a la fecha se ha mantenido en el rango de 4.5 por ciento del PIB, mientras que para la enseñanza superior se otorga menos de .5 por ciento. Para los trabajadores sindicalizados, esta política de restricción presupuestal afecta directamente al salario y a las prestaciones que marca la ley.
Por ello, en el documento base que presentarán en la mesa de diálogo intersecretarial y sectorial, aceptada por Abascal Carranza, sostendrán que el sistema de seguridad social de las universidades e instituciones de educación superior pública del país "se ha convertido en un problema latente y complejo, en razón de un mal manejo de los recursos por parte de los administradores de los institutos de seguridad social, lo que resulta en insuficiencia de fondos para atender y garantizar el derecho de pensión y jubilación".
"Por otra parte, es notoria la afectación al renglón de prestaciones como el enorme rezago en la oferta de vivienda y en el deterioro progresivo en la calidad del servicio médico", sostiene el documento.
Para la recuperación salarial, los líderes sindicales proponen revisión de los tabuladores del personal académico y administrativo de las instituciones de educación superior, en la perspectiva de su homologación, "ya que la en actualidad existe un desfasamiento entre éstos"; desarrollar programas de calidad y excelencia académica y administrativa sobre la base de criterios de evaluación "muy objetivos"; evitar que los estímulos se otorguen bajo criterios unilaterales que lesionan el carácter de la universidad pública, "por lo que deben ser aplicados de manera bilateral entre los sindicatos y las diferentes administraciones" y, por último, se debe establecer "una zona económica única" para los trabajadores universitarios.