Ť En junio, el ombudsman José Luis Soberanes dijo que había que partir de cero

Se ocultó desde 1992 informe de la CNDH sobre 206 desapariciones en Guerrero

Ť Quienes participaron en ese trabajo aseguran que Jorge Carpizo decidió no revelarlo

VICTOR BALLINAS

Contrariamente a lo que se ha dicho oficialmente sobre los desaparecidos en Guerrero, sí se cuenta con informes pormenorizados de ellos. Todavía el pasado mes de junio el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, José Luis Soberanes, aseguró públicamente que en ese tema se tuvo que comenzar de cero. Sin embargo, entre 1990 y 1992 la CNDH elaboró una minuciosa investigación. Cuando ésta concluyó, extrañamente el entonces ombudsman Jorge Carpizo ''decidió ocultarla'', refieren algunos de quienes participaron en la elaboración de ese trabajo.

La búsqueda de los desaparecidos por parte de sus familiares ha sido larga. En los últimos meses se han polarizado las posiciones en torno a si el esclarecimiento de los hechos de los años 70 en aquella entidad ?como en muchas otras? debe o no quedar a cargo de una comisión de la verdad creada ex profeso. Se ha dicho que pocos elementos nuevos se podrán encontrar, pero el documento de 198 cuartillas denominado Informe de la investigación sobre presuntos desaparecidos en el estado de Guerrero, evidencia que quienes participaron en su elaboración integraron antes detallados expedientes sobre cada uno de los 206 casos a que el documento alude.

Sobre los mismos, el informe de los años 90 de la recién creada CNDH concluye que entre la guerrilla y las fuerzas de seguridad ocurrieron varios enfrentamientos y, como resultado de ello, reconoce 99 muertos en acciones armadas; de éstos, 16 fueron ejecutados por sus propios compañeros de guerrilla; hubo 29 detenidos por los cuerpos policiacos y militares, y acepta que de éstos nunca más se ha sabido; refiere que 14 de ellos tienen una alta posibilidad de estar vivos; en 19 casos la información con que se contó fue insuficiente; en dos más aparecieron muertos después de ser detenidos, y en otros 30 se obtuvieron informes de su paradero actual o de su muerte.

También se habla del informe de 1992. En ese documento ?del que La Jornada tiene una copia proporcionada por la Fundación 23 de Septiembre? la CNDH da cuenta de los 206 casos de personas reclamadas por sus familiares como desaparecidos ( hasta ese momento), y apunta: 99 de ellos murieron en acciones armadas ocurridas entre 1971 y 1974, de los cuales, precisa, 21 perecieron entre 1971 y antes del 8 de septiembre de 1974, fecha en que se rescató al senador Rubén Figueroa de manos de la guerrilla; 38 murieron el 8 de septiembre de 1974, y 40 más el 2 de diciembre de 1974, en el enfrentamiento en que también pereció Lucio Cabañas Barrientos.

Al detallar cómo o en qué momento ocurrieron las muertes, precisa que se tuvo testimonios e informes de ''ex guerrileros'', quienes aseguraron que 16 personas fueron ejecutadas por sus propios compañeros ''por haberlos identificado como traidores al movimiento'', sin embargo, reconoce que el Partido de los Pobres sólo aceptó en desplegado público haber cometido siete ajusticiamientos.

Señala asimismo haber constatado que 29 personas fueron detenidas por cuerpos policiacos y militares y no se ha vuelto a saber de ellas. Esto es, ''al entrevistar a los familiares, ellos dieron testimonios de quiénes se llevaron a los ahora desaparecidos, y dijeron que después de eso no volvieron a verlos''.

Indica que ''hay 14 casos de personas que tienen una alta posibilidad de que se encuentren vivos'', pues de acuerdo con la reconstrucción de los hechos, de los enfrentamientos, de las investigaciones en cárceles, agencias del Ministerio Público, hospitales, y presidencias municipales, no se encontró evidencia de que estén muertos. Para ese organismo, hasta 1992 estos últimos seguían viviendo ''en el clandestinaje''. Al mismo tiempo dice que en 19 casos ''se obtuvieron declaraciones o menciones contradictorias por parte de los familiares, amigos o conocidos, y por tanto la CNDH no encontró elementos suficientes para pronunciarse''. Para el organismo, hasta 1992 podían seguir viviendo en el clandestinaje''

Cita además dos casos de personas que fueron reportadas como desaparecidas o detenidas, y cuyos cadáveres se localizaron posteriormente: Reynaldo e Isaías Urióstegui Terán, de acuerdo con los reportes en poder de la CNDH fueron detenidos por policías en 1974 y sus cuerpos aparecieron tres años después; también se habla de las 30 personas donde se logró obtener evidencias diversas sobre su probable paradero actual o que murieron después del 2 de diciembre de 1974, día en que fue muerto Lucio Cabañas.

Entre las hipótesis a que llegó el equipo de trabajo que elaboró este estudio, se apunta que ''cabe la posibilidad de que algunos presuntos desaparecidos estén vivos y que o desertaron de la organización antes de los enfrentamientos, o sobrevivieron a ellos y decidieron cambiar su residencia, identidad o seguir en la clandestinidad''.

En el caso de los muertos hay varias hipótesis, por ejemplo: ''Las agencias del Ministerio Público en la zona de conflicto ?donde ocurrieron los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y el Partido de los Pobres? bien fueron deficientes o alguien sustrajo los registros deliberadamente; quizá no era necesario registrarlos cuando algún vecino o autoridad local los encontraba; o tal vez los muertos en enfrentamientos armados fueron enterrados clandestinamente o trasladados a lugares lejanos al que ocurrió el deceso''.

En ese informe la CNDH asienta:

''Ocurrieron varios enfrentamientos armados en los que hubo bajas en ambos lados, y esto nos debe llevar a una conclusión muy objetiva que debiera ser aceptada por la sociedad en general y por los actores de esos sucesos, consistente en reconocer que nuestro país vivió un lamentable episodio armado, como ya se dijo, entre dos grupos de mexicanos: las fuerzas públicas y el Partido de los Pobres, cuya estrategia político-ideológica la sustentó en las armas, con el fin de cambiar las condiciones políticas, económicas y sociales del país.''

Las familias de los presuntos desaparecidos, pide ese organismo, ''deben aceptar que éstos participaron en ese movimiento guerrillero, y que pudieron haber ocurrido algunas de las hipótesis que se citan en el informe''.

La comisión destaca que el reconocimiento de la existencia de la guerrilla en México es importante para entender el contexto en que sucedieron los hechos, mismos que ''no fueron privativos de una región del país, sino de varias, e incluso de otras naciones''.

El análisis agrega que ''es muy probable que ya no sea posible conocer muchos más casos respecto de los enfrentamientos acontecidos en el estado de Guerrero durante el periodo 1972-1974, debido a los muchos años transcurridos, a la falta de pruebas y evidencias, y a que existen versiones contradictorias incluso dentro de un mismo sector''.

Esta experiencia dolorosa ?se apunta en dicho informe de 1990-1992? deberá ser asimilada para evitar que en el país se repitan los acontecimientos descritos, y que esas luchas y esos hombres caídos (guerrilleros, policías, soldados) nos hagan reflexionar en el hecho de que en en México todos los sectores debemos pugnar por reforzar los mecanismos jurídicos que permitan la adecuada y libre expresión política de los mexicanos buscando el consenso y no el disenso.

Y convoca a la consolidación democrática y participación activa de todos los sectores para lograr una mejor distribución de la riqueza y para mejorar las condiciones de vida.

Ese documento se concreta al análisis e investigación de los 206 casos de reclamados como desaparecidos por sus familiares o por alguna otra organización defensora de derechos humanos en el periodo investigado, y precisa que 134 de esos nombres están tomados del informe público emitido en 1979 por el procurador general de la República, Oscar Flores Sánchez. Esto es, 65 por ciento de los nombres identificados proceden de ese informe.

La CNDH tenía registradas, hasta 1992, 193 personas desaparecidas en Guerrero, y representan 59.7 por ciento del total de nombres identificados en esta investigación, a los que se sumaron los que se tomaron del informe de las PGR de 1979; algunos de ellos ya aparecían en el documento del procurador Flores Sánchez y otros no, por eso suman sólo 206.

Jaime Laguna, de la Fundación 23 de Septiembre, uno de los actores de la guerrilla y participante en la investigación y elaboración de este informe, cuestiona: ''Ya hay un informe sobre los desaparecidos de Guerrero, se hizo entre 1990 y 1992, y la CNDH lo guardó. ¿A qué fueron nuevamente a Guerrero si, como el mismo ombudsman José Luis Soberanes dijo en junio pasado, ya no van a encontrar nada nuevo?''

Y finalmente se preguntó:

''¿Dónde están los expedientes que en aquella época se elaboraron y en los que se encontraban los nombres de los que ejecutaron las desapariciones. ¿Dónde están? Los expedientes tenían declaraciones ministeriales y se guardaron en la Comisión Nacional de Derechos Humanos... ¿Dónde están?''

''DESCONOZCO EL DOCUMENTO''

Sobre la existencia del Informe sobre presuntos desaparecidos en el estado de Guerrero, elaborado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) entre 1990 y 1992, el presidente de este órgano, José Luis Soberanes, aseguró: ''No lo conozco, no lo he visto, no sé de su existencia''.

-¿Cuando usted llegó a la CNDH, no estaba ese documento en los archivos?

-No. No estaba. No se me informó de su existencia.

-¿El segundo visitador, Raúl Plascencia, o el director del Programa Especial sobre Presuntos Desaparecidos (Presedes), Alfonso Quiroz, no le han informado si esa investigación de la CNDH está en los archivos? ¿Si la han consultado o si la conocen?

-No me han informado nada de eso, lo que sé es que esa investigación no está aquí. En cuanto me informaron ?para la entrevista? que había una investigación, y que existían copias, pedí que revisaran el archivo y no la encontraron.

-El director del Presedes, Quiroz, ha estado en contacto con algunas de las personas que participaron en la investigación de 1990-1992. Tengo entendido que les debe algunos documentos a esas personas. ¿No le ha comentado sobre este informe?

-No, no se me ha dicho nada. Incluso pedí que se buscara el informe y no se encontró. Voy a revisar el informe de los consejos consultivos, quizá ahí esté ese documento.

-¿Investigará dónde o por qué no está en la CNDH?

-Sí, se va a hacer una investigación.

Madrazo Cuéllar lo confirma

Por su parte, Jorge Madrazo Cuéllar, cónsul en Seattle, ex presidente de la CNDH y ex procurador general de la República, confirmó que ''sí existe un informe, se hizo en 1992 cuando era presidente de ese organismo el doctor Jorge Carpizo McGregor''.

 -Usted era primer visitador en esa época. ¿Por qué no se dio a conocer el informe?

-Desconozco las causas. No era de mi competencia, pero sí sé que se hizo y sé que existe el documento que me refiere. Debe estar en los archivos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Participaron judiciales y ex guerrilleros

-En su gestión al frente de la CNDH, ¿por que no le dio seguimiento a la investigación?

-Sí se investigó, nada más que ya no se hizo la indagación en bloque, sino por casos individuales. Ahí están los avances que hubo. Están en mis informes.

-¿Pero ya había una investigación, por qué no siguió?

-No era lo más adecuado darle seguimiento en bloque, sino caso por caso.

-¿Participaron agentes de la Policía Judicial y ex integrantes de la guerrilla en la investigación?

-Si, así fue ?concluyó el ex titular de la CNDH.

VIDEO INEDITO

Diálogo tomado de un video inédito, grabado el 2 de diciembre de 1974 por Telesistema Mexicano, y proporcionado por la Fundación 23 de Septiembre.
 
 

En la imagen se ven las montañas guerrerenses y se escucha el ruido del motor de un helicóptero... de pronto, una voz en off dice:

-Este es Atoyac de Alvarez, donde está depositado el cuerpo de Lucio Cabañas, quien fue muerto por elementos del Ejército Mexicano -el 2 de diciembre de 1974- en un encuentro que tuvo cerca de esta población.

En el video se muestra una panorámica de las instalaciones militares de la 27 Zona Militar, ubicada en Acapulco. Se continúa escuchando la voz en off y el helicóptero baja -se supone- con el cadáver del guerrillero Lucio Cabañas Barrientos.

Ya en el anfiteatro militar, ubicado en esa instalaciones, un reportero de Telesistema Mexicano narra: ''Estamos con el doctor Rodolfo Guillén del Valle, mayor del Ejército Mexicano, y quien estuvo presente en la autopsia al cuerpo de Lucio Cabañas''.

-Doctor -pregunta el reportero en el video-, ¿nos podría explicar cuál fue la herida que causó la muerte a Cabañas?

-Fue una herida localizada exactamente en la rama ascendente derecha del maxiliar inferior, la cual tiene una trayectoria horizontal hacia arriba ligeramente y hacia atrás.

El médico mueve el cuerpo de Lucio Cabañas. Se aprecia que aún no estaba rígido, pues al cargarlo se va de lado la cabeza y se podían mover los brazos sin problema.

Esto indica ?señalaron los integrantes de la Fundación 23 de Septiembre? que el video fue grabado el mismo día en que Lucio Cabañas fue muerto, y la intención era transmitirlo por televisión un día después, por eso se dice en la entrevista grabada que es de fecha 3 de diciembre.

El reportero de Telesistema Mexicano, inquiere.

-¿Lucio Cabañas murió en el lugar de los hechos?

-Indiscutiblemente fue en el lugar de los hechos.

Esa entrevista fue grabada varias veces para asegurarse que no se perdería.

ORIGEN DEL INFORME

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la Procuraduría General de la República (PGR), por instrucción del presidente Carlos Salinas de Gortari, acordaron en 1990 la creación de un grupo interinstitucional de trabajo para investigar los casos de desaparecidos políticos en Guerrero.

En dicho grupo participaron dos agentes del Ministerio Público Federal, 12 de la Policía Judicial Federal y ex guerrilleros. Los primeros tomaron las declaraciones ministeriales a los familiares de desaparecidos en la sierra de Guerrero. Los segundos sirvieron de enlace con las familias de las víctimas y aportaron los elementos con que contaban para ayudar en la investigación.

Dicho grupo trabajó alrededor de 24 meses y estuvo listo para sus conclusiones casi a finales de 1992. La síntesis del resultado de sus pesquisas está contenida en el documento Informe de la investigación sobre presuntos desaparecidos en el estado de Guerrero.

La pesquisa -se señala en dicho informe- fue dirigida por personal de la CNDH, ''lo que implicó que las investigaciones que se hicieron no fueran de tipo policiaco''.

En el documento se precisa que ''la CNDH no recibió expedientes completos e integrados, sino diferentes formatos de agrupaciones de personas diversas y denuncias en lo particular, que las más de las veces contenían datos generales e incompletos del presunto desaparecido y sobre cómo ocurrió esa desaparición''.

Se recurrió también a información del gobierno del estado de Guerrero, de instituciones públicas y privadas, de registros civiles, escuelas, universidades, hospitales, municipios, servicios forenses, corporaciones policiacas y militares, cementerios, agencias funerarias, bibliotecas y hemerotecas.

El desaparecido Centro de Investigaciones Históricas de los Movimientos Armados (CIHMA) pidió a algunos de sus investigadores colaboraran con la Comisión Nacional de Derechos Humanos para facilitar el contacto con familiares de desaparecidos, lo que permitió localizarlos y entrevistar también a testigos y ubicar a ex militantes del Partido de los Pobres.

Asimismo, entregaron documentos para el informe Luis Suárez y Carlos Montemayor.