LUNES Ť 30 Ť JULIO Ť 2001

Ť Una evaluación hecha en 1993 reveló deficiencias de todo tipo en las intermediarias

Irregularidades en uniones de crédito eran conocidas por las autoridades

Ť La lentitud en reaccionar derivó en un desfalco en Nafin por 13 mil 296 millones de pesos

Ť Fue insuficiente la supervisión y el seguimiento a los acreditados, revela un diagnóstico

ISRAEL RODRIGUEZ

Un año antes de que empezara a acentuarse el deterioro de las uniones de crédito con las que trabajaba Nacional Financiera (Nafin), las autoridades conocían las irregularidades y la débil supervisión con la que operaban estos intermediarios financieros no bancarios, pero la lentitud con la que reaccionaron derivó en un desfalco para la principal banca de desarrollo en México de 13 mil 296 millones de pesos, monto ligeramente inferior a los 13 mil 924 millones de pesos asignados en el presupuesto para 2001 a la educación pública.

De acuerdo a un diagnóstico enviado el 2 de diciembre de 1997 a la Presidencia de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados y firmado por el entonces subsecretario de Hacienda, Martín Werner, se reconoce que en julio de 1993 se realizó un estudio financiero de las uniones de crédito, empresas de factoraje y arrendadoras financieras, intermediarias de Nafin, ''el cual puso de manifiesto que las labores de supervisión y seguimiento de los IFNB a sus acreditados eran muy deficientes, además de que el nivel de preparación de su personal no era el adecuado a las funciones asignadas''.

Ante el resultado de este diagnóstico y el constante crecimiento en los volúmenes de operación con los Intermediarios Financieros no Bancarios (IFNB), en diciembre de 1993 Nafin decidió llevar a cabo, dentro del Programa de Consolidación, evaluaciones integrales a las uniones de crédito a través de despachos externos de auditoría especializados que permitieran establecer un diagnóstico más preciso en los aspectos legal, operativo, financiero y administrativo.

Estas evaluaciones se aplicaron en 221 uniones de crédito de un total de 271 registradas en Nafin, es decir, 82 por ciento y los principales resultados e irregularidades detectadas fueron las siguientes:

Las uniones analizadas no contaban con la infraestructura financiera, operativa y administrativa adecuada.

Existía una fuerte dependencia hacia los recursos de Nafin; además, en la mayoría de los casos se observaron elevados costos financieros por pago de intereses moratorios, sanciones y penalizaciones.

En general no se contaba con políticas y procedimientos formales de evaluación, seguimiento de créditos y cobranza legal. En la mayoría de las uniones analizadas la formalización del crédito era deficiente, los expedientes no estaban debidamente integrados, en algunos casos eran inexistentes y no se tenían garantías o seguros suficientes.

Esta situación se acentúo más a raíz de las modificaciones a la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito, en la que se eliminó la obligación de las uniones de presentar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) su programa anual de trabajo, por lo que gran parte dejó de formularlo.

En lo relativo al personal, en general no tenían la experiencia y capacidad necesarias para desempeñar sus funciones, sobre todo las de financiamiento; asimismo, se observó escasa capacitación que en la mayoría de los casos no satisfacía los requerimientos de la unión.

También se tuvieron altos índices de gastos generales en relación con sus ingresos, debido a que la mayoría de las uniones concentraban sus esfuerzos en el otorgamiento de créditos a sus socios, sin desarrollar la prestación de otros productos y servicios.

El diagnóstico entregado por Martin Werner, que no representa un dictamen jurídico-contable, refiere que tampoco estaban actualizados ni regularizados los registros de accionistas, no se había efectuado la entrega física de los títulos accionarios, las reuniones de consejo y asambleas de accionistas no se celebraban con la periodicidad enunciada en estatutos ni tampoco se integraban los expedientes corporativos. No existían comités de trabajo, principalmente de créditos y admisión de socios. Se carecía de políticas y procedimientos de operación y los manuales respectivos.

Con base en los análisis efectuados con los resultados de las evaluaciones integrales, aunados a la crisis financiera que se presentó a mediados de 1994 y con las irregularidades del Grupo Financiero Havre y Arrendadora Pragma, las autoridades profundizaron en las revisiones de los IFNB, por lo que en el mismo año se puso en operación el Programa de Verificación de Uso y Destino del Crédito, el cual se aplicó a 86 intermediarios con una cobertura de poco más de 45 mil 500 acreditados.

Problemas adicionales

Entre las irregularidades adicionales a las ya expuestas anteriormente se detectaron operaciones que no se tenían debidamente regularizadas.

Los contratos en un alto porcentaje no se encontraban inscritos ante el Registro Público de la Propiedad y el Comercio.

Se detectaron créditos fraccionados orientados al financiamiento de proyectos no elegibles; los acreditados (personas físicas) en ocasiones eran apócrifos, bajo la figura de ''asociación en participación'', así como en los llamados ''grupos vinculados''.

Créditos, además, cuya inversión no era acorde a los términos establecidos en el contrato, así como documentación comprobatoria a nombre diferente del acreditado. En el caso de inmuebles, la inversión era inferior al importe del crédito otorgado.

El estudio signado por el subsecretario de Hacienda admite que ''la institución (Nafin) continuó resintiendo el deterioro de la cartera, y la viabilidad de sus intermediarios se mostraba cada vez más complicada de lograr''.

Ante esta circunstancia y con el objeto de sanear financieramente la situación de Nafin, el 30 de junio de 1996 se constituyó con el apoyo del gobierno federal y con recursos de todos los mexicanos captados a través de impuestos, el Fideicomiso de Recuperación de Cartera (Fiderca), afectando en él la cartera de 317 IFNB, compuesto por 189 uniones de crédito, 91 entidades de fomento, 20 arrendadoras y 17 factoraje, con lo que dicha cartera ascendía a 20 mil 788 millones de pesos.

Posteriormente al 30 de septiembre de 1997, la cartera fideicomitida de los IFNB ascendía a 20 mil 918 millones. En cuanto a su comportamiento, el 3 por ciento se encontraba registrada en cartera vigente y el 97 por ciento restante como cartera vencida.

De los 317 intermediarios cuya cartera fue transferida al Fideicomiso, 37 (11.7 por ciento) han liquidado sus adeudos, a la vez que han sido liquidados 12 mil 779 créditos correspondientes a 4 mil 578 empresas, lo que representó avances de 15.16 y 11.7 por ciento, respectivamente con relación a la cartera original.

El informe turnado a la presidencia de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados clasificado con el número 102-B-260 revela que la cartera fideicomitida pendiente de rescatar ascendía a 13 mil 296 millones de pesos de 1997.

Ante estos resultados las autoridades procedieron a la quiebra de tres intermediarios, Arrendadora Havre, Factoring Havre y Arrendadora Pragma. Asimismo, tres intermediarios, Unicref, Unicreva y Ucimme, fueron sujetos a intervención gerencial por parte de la CNBV, los cuales no han concluido la entrega de cartera por un monto de 2 mil 522 millones de pesos, en virtud de que dicho monto representa el sustento de las denuncias penales correspondientes promovidas por la CNBV. Hasta 1997 había en proceso 36 denuncias.

Estos quebrantos que sufrió la principal banca de fomento de México fueron absorbidos por el erario público ante la orden que dio el entonces secretario de Hacienda, José Angel Gurría, el 27 de octubre de 2000 (Jornada 29/VII/ 2001), a Jonathan Davis, que se desempeñaba como tesorero de la Federación.