Un funcionario tiene el acervo documental más completo del estado

Propietario de la historia morelense

Emiliano Zapata es, por lo menos en el ámbito popular, el mayor héroe de la Revolución Mexicana. Su obra y su leyenda siguen alimentando luchas nuevas -que lo diga el EZLN-; sin embargo, aún no se conocen totalmente sus acciones. Ni siquiera la laureada biografía del historiador estadunidense John Womack da cuenta de hechos e ideas del jefe del Ejército Libertador del Sur registrados en 140 cartas que están, junto con otros documentos de valor histórico, en un archivo privado de Cuernavaca, el cual empieza a ser motivo de una disputa que podría alcanzar las dimensiones de la provocada por la destrucción de los murales del Casino de la Selva, también en la capital morelense.  Es una disputa por el patrimonio.

ARTURO GARCIA HERNANDEZ ENVIADO

Cuernavaca, Mor., 29 de julio. El acervo documental más completo de Morelos es presuntamente propiedad del arqueólogo e historiador morelense Valentín López González, quien durante 25 años ha sido cronista oficial de Cuernavaca, ciudad de la cual fue presidente municipal en los sesenta.

Personaje destacado en el ámbito cultural morelense y considerado toda una autoridad en temas históricos del estado, desde 1995 López González se desempeña como director del Instituto Estatal de Documentación (IED) de Morelos.

En una semblanza biográfica publicada por La Jornada Morelos (15/III/2001), se anota que es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y "autor de muchos de los libros necesarios, considerados clásicos, para indagar sobre la historia morelense. Muchas de las obras de don Valentín forman parte importante de los acervos de bibliotecas de Estados Unidos y Europa..."

Es justamente su dualidad como coleccionista privado y responsable oficial de los acervos documentales, bibliográficos y hemerográficos del estado la que ha dado origen a una serie de reclamos, a los cuales ahora se suma una auditoría de la Contaduría Mayor de Hacienda, que señala, por lo pronto, irregularidades administrativas en el instituto que López González dirige.

El acervo, ¿del estado o del historiador?

El Instituto Estatal de Documentación tiene como antecedente inmediato el Centro de Estudios Históricos del estado de Morelos, del cual también era director Valentín López. En 1995 fue transformado en instituto por la Ley General de Documentación para el Estado de Morelos (LGDEM), publicada en el periódico oficial Tierra y libertad. Desde entonces el IED es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Bienestar Social y tiene como objeto general "normar, regular y preservar acervos, expedientes, registros y en general todos aquellos documentos administrativos e históricos de las dependencias y entidades" del Poder Ejecutivo estatal. Entre sus funciones específicas figuran "seleccionar e incorporar la documentación histórica producida y adquirida por el gobierno del estado", además de coordinar y supervisar el funcionamiento y aprovechamiento de otros archivos históricos de la entidad.

De acuerdo con sus críticos, Valentín López no sólo ha incumplido con sus responsabilidades como director del IED, sino que -presumen- se ha valido de su cargo para incrementar su acervo particular. La presunción se ve reforzada cuando entre las anomalías señaladas por la auditoría destaca que el director sea al mismo tiempo arrendatario de las instalaciones que ocupa el IED. De suyo irregular, el dato implica que en el mismo inmueble o con gran proximidad física López González tiene los acervos del estado y los propios.

Ya una parte de la opinión pública morelense ha externado sus preocupaciones al respecto. Un columnista de una publicación local advertía sobre el deseo de López González de vender el acervo histórico que obra en su poder a la Universidad de Texas, en Austin, de la que tendría una presunta oferta millonaria en dólares. El columnista reconoce la "ilustre labor de don Valentín", pero cuestiona que el instituto opere "como propiedad privada, anexo a su casa con presupuesto del gobierno del Estado".

Ahora con el rumor "de que saldrá a remate la documentación, es hora de un SOS: detengan la venta de nuestro patrimonio histórico; es como si Moisés anduviera vendiendo las tablas de los diez mandamientos".
 

La historiadora María Guadalupe García Velazco trabajó durante tres años bajo las órdenes de López González en lo que aún era el Centro de Estudios Históricos del Estado de Morelos (CEHEM). Ya entonces quedaba poco claro qué parte del acervo pertenecía al CEHEM y cuál a López González. En ese tiempo García Velazco se percató de que "él controlaba la historia de Morelos", que en sus manos se encontraban importantes acervos y que nadie podía acceder a ellos si él no está de acuerdo: "Una vez le planteé un proyecto de investigación sobre Manuel Alarcón, gobernador porfirista entre 1895 y 1908, y me dijo que yo no tenía derecho a hacer nada, que primero él publicaba las cosas y que después venían los refriteros. Hay un fondo reservado que los historiadores que ahí trabajamos lo bautizamos como el fondo Morelos; lo tiene bajo llave y sin catalogar, precisamente para controlarlo porque sólo él sabe lo que contiene. También posee libros con sellos de la Biblioteca Central del estado y otra información histórica de primera mano que nadie más tiene".

Precisamente ante la imposibilidad de hacer investigaciones a partir de fuentes documentales, García Velazco optó por la historia oral. De ese modo ha escrito dos libros: Son mis mejores soldados. Testimonios de mujeres jaramillistas y Los señores del gusto, que reúne testimonios de corridistas de Tepoztlán.

La tesis de María Guadalupe García es que en todos sus años de servidor público (también fue jefe de prensa de Rodolfo López Avelar, quien fungía como gobernador de Morelos cuando fue asesinado Rubén Jaramillo), López González ha tenido acceso a documentos y textos de valor histórico que ahora ostenta como propios: libros de historia, códices, máscaras, cuadros y piezas prehispánicas.

Desde su perspectiva, López González tiene virtualmente secuestrada la historia de Morelos: "El decide qué da a conocer y siempre bajo su nombre. Si leemos un libro publicado por él sobre cualquier periodo histórico vemos que no lleva a ningún lado; es como una historia circular en donde incluso las fechas, los meses, están cambiados con toda intención".

Los señalamientos de García Velazco son compartidos por otros historiadores y por trabajadores del IED quienes prefieren conservar el anonimato por temor a sufrir represalias que pongan en riesgo sus respectivas fuentes de trabajo. En su momento eso le ocurrió a la autora de Los señores del gusto, quien fue despedida por cuestionar y no ceñirse a los lineamientos de López González, los cuales contravenían la normatividad vigente y atentaban contra el eficiente funcionamiento de la institución.

De acuerdo con trabajadores del instituto, la dirección no sólo mantiene en deplorables condiciones el acervo bajo su custodia, sino que permite o fomenta acciones que van en perjuicio del buen funcionamiento de la institución. En ese sentido, resaltan el hecho de que Valentín López González a menudo deje la toma de decisiones y labores administrativas de alta responsabilidad en manos de Alma Rosa Pérez Mendoza, quien nominalmente ocupa una de las jefaturas en el organigrama del Instituto, pero que en los hechos, contraviniendo normas y reglamentos, se desempeña prácticamente como subdirectora o directora adjunta. Esta situación -señalan los quejosos- enturbia las relaciones laborales y entorpece o limita las funciones del IED.

Irregularidades administrativas

En octubre de 2000 un grupo de trabajadores manifestó por escrito su queja ante la Secretaría de la Controlaría del estado. En noviembre del mismo año dirigieron un oficio al gobernador del estado, Sergio Estrada Cajigal Ramírez, informándole de la situación y pidiendo su intervención. Ambos documentos señalaban la existencia de privilegios laborales y profesionales para los incondicionales de Valentín López, entre los cuales destacaba Alma Rosa Pérez. También se hacía referencia al hecho de que el inmueble ocupado por la IED fue propiedad de Valentín López.

En marzo de este año la Contraloría respondió a la queja de los trabajadores del IED por medio de Claudia Adriana Vega González, directora general de Prevención. La respuesta reconocía que Alma Rosa Pérez se extralimitaba en sus funciones y maltrataba y actuaba con dolo en contra del personal, con lo cual incurría en "responsabilidad administrativa" en el desempeño de sus funciones. Esto la hacía objeto de una amonestación de parte de su superior.

Por lo que tocaba a las quejas directas contra Valentín López González, la Contraloría consideró que era "asunto totalmente concluido por improcedente". Según los quejosos, la Contraloría no llegó a fondo por la influencia y relaciones que López González tiene con el poder político local, así como en los ámbitos social y cultural del estado. En cambio, a raíz de que hicieron pública su inconformidad sufren continuas represalias.

La controversia en torno al funcionamiento se incrementará en los próximos días, como resultado de la auditoría llevada a cabo por la Contaduría Mayor de Hacienda, dependiente del gobierno federal. En realidad se trata de una auditoría practicada a todas las oficinas, organismos e instituciones del gobierno morelense, de las cuales ninguna presentó las condiciones del IED.

De acuerdo con lo detectado por la auditoría, el IED no lleva un inventario del archivo histórico (libros, revistas, planos catastrales y otros documentos que obran en su poder), tampoco tiene un registro de control de altas y bajas del acervo. El director no acreditó que los documentos que son de su propiedad en realidad lo sean, y éstos no están separados de los que pertenecen al IED. Otras deficiencias son carencia de un reglamento interno y programas de trabajo, aunque tiene manuales de trabajo "que no son observados"; el Comité Técnico que por ley debería sesionar trimestralmente, no lo hace.

Las indagaciones de la Contaduría Mayor de Hacienda hallaron asimismo que el archivo histórico se encuentra en condiciones deplorables, sin catalogación y expuesto a la humedad y a la destrucción de los roedores.

También se detectó que no existen estados financieros de afectación patrimonial, ni estado de contabilidad de activos y patrimonio; además de que indebidamente se perciben ingresos por concepto de fotocopias.

Sin embargo, no fue totalmente ejercido el presupuesto otorgado durante el 2000. De un total de 3 millones 341 mil 949 pesos, se ejercieron 3 millones 148 mil 307 pesos. Lo cual arroja una diferencia de 193 mil 641 pesos no ejercidos.

Y en medio de todo, lo que está en riesgo es el patrimonio documental histórico de la cuna del zapatismo durante la Revolución Mexicana.

Mi archivo lo inicié del baratillo

Valentín López González posee el más completo acervo historiográfico de Morelos. Mucho mayor que el del Instituto Estatal de Documentación, que él dirige. Dice que le ha tomado 50 años reunirlo y asegura que no tiene la menor intención de venderlo a la Universidad de Texas, en Austin. Aunque admite que cinco investigadores de la Universidad de Alburquerque, especializados en la historia de Morelos, le han manifestado su interés en el acervo: "Primero que nada, el gobierno del estado tiene prioridad para comprármelo. Si me dijeran que no les interesa y que estoy en libertad de venderlo a lo mejor no lo vendo porque es un patrimonio familiar, porque no es nada más de Valentín López".

El arqueólogo y cronista oficial de Cuernavaca desde hace 25 años niega haber adquirido indebidamente el acervo de su propiedad donde, calcula, debe haber unos diez mil libros y documentos sobre temas históricos. Además de eso, cuenta con una biblioteca en la que aloja "más de 65 mil volúmenes". Pero ?se apresura a aclarar--"eso es de Valentín López, no del estado. Nosotros estamos tratando de hacer un inventario con la idea de que el gobierno del estado compre esa bilioteca y quede integrada al Instituto Estatal de Documentación".

?¿No hay un conflicto de intereses por el hecho de que usted sea propietario de ese acervo y a la vez director del Instituto?

?Es que está totalmente separado. Lo del gobierno está en una parte y lo mío lo tengo en otra.

López González sostiene que la precariedad de los archivos oficiales data desde los años de la Revolución. Durante el conflicto fueron quemados muchos archivos, oficinas, bibliotecas y palacios municipales con documentación importante: "Cuernavaca fue una ciudad abandonada en 1916, 1917, 1918. La gente fue evacuada por el ejército carrancista y seguramente entre sus cosas personales iban documentos o libros que tuvieron que vender por hambre. Yo en el año de 1949 empiezo a comprar con los libreros de viejo. Y he estado trayendo de todas partes del mundo. Por ejemplo, en el estado no existe el periódico oficial, tuve que ir a Washington y ahí encontré los primeros periódicos oficiales. Ahorita estoy trayendo un microfilme de Inglaterra de un periódico que salió en Cuernavaca en 1845. Luego viene gente que sabe de que pie cojeo y me trae libros, de Zapata, de Morelos o de algún autor morelense y se lleva parte de mi quincena. Porque yo nunca en el tiempo que tengo de funcionario del gobierno he recibido un solo centavo para comprar libros. Esto es un esfuerzo totalmente personal, desde cuando yo era estudiante que me propuse rescatar todo lo que se había perdido en la Revolución".

-¿Puede acreditar debidamente esas adquisiciones?

-Bueno, si me están pidiendo factura, pues no. ¿Crees que voy a conservar la factura de 60 mil volúmenes? Yo empecé a comprar en el baratillo, en aquel entonces había montones de libros; en la calle de Seminario y en la de Guatemala, allá en el centro de la Ciudad de México. Libros de 10 centavos, de un peso, de cinco. Imagínate si voy a tener recibos. Es imposible.

-Algunos historiadores se quejan de que no pueden acceder a esa información.

-Aquí vienen investigadores de Estados Unidos, mexicanos, estudiantes, alumnos, ex alumnos y aquí les ponemos los libros que ellos necesitan. Todos los jueves doy un seminario sobre historia del Estado de Morelos. Les facilito todo lo que tengo. Y si no lo tengo le digo vete a tal biblioteca y doy la clasificación. A Womack sí le negué la vista de un archivo porque viene un extranjero y le abrimos las piernas. No tengo por qué enseñárselo a un investigador estadunidense nada más porque es estadunidense.

-¿Qué archivo es?

-Es el archivo del general Mendoza Palma. Y lo voy a publicar yo porque la persona me lo heredó a mí. El general Mendoza fue jefe de la división oriente en la zona poblana del zapatismo. El hizo la toma de Puebla. A mí me lo entregó él en artículo mortis. Lo sacó debajo de su cama y me dijo: "Valentín, te entrego esto; hazle justicia al jefe". Tengo la obligación ¿no?

El acervo bibliográfico y documental que dice tener Valentín López, contrasta con la exigua biblioteca del IED, en la cual existen aproximadamente 80 títulos, ninguno de gran valor histórico, según reconoce el propio funcionario. ARTURO GARCIA HERNANDEZ

Imputaciones de la Contraloría

Una auditoría reciente de la Contaduría Mayor de Hacienda ha revelado una serie de irregularidades administrativas en el Instituto Estatal de Documentación, encargado de preservar el acervo histórico del estado de Morelos. En su calidad de subdirector técnico de la institución, el historiador Felipe Galván responde a los principales señalamientos contenidos en la auditoría.

a) No existe un inventario del acervo: "Eso tiene una explicación bien lógica. Cuando se crea el Instituto se hace cargo del archivo general del gobierno del estado, que no ha tenido una tradición archivística. Entonces la conformación y clasificación del acervo es muy incipiente. Hay documentación en archivos de otros estados del país que se han ido adquiriendo o recuperando.

b) No se lleva registro de control de altas y bajas del acervo: "Eso está perfectamente bien controlado puesto que cada que se deposita un documento, nosotros inmediatamente hacemos un acta para darlos de alta y se catalogan de acuerdo con el tipo de documento que sea. Y ningún documento puede ser destruido si no está autorizado por nosotros. Hay una comisión depuradora que es la que determina qué documentos pueden ser destruido o conservados bajo custodia.

c) Valentín López González es director-arrendatario y propietario-arrendador del inmueble que ocupa el Instituto Estatal de Documentación: "Eso no es ningún secreto. Ya se consideró que era necesario que ese local fuera desocupado, pero dadas las circunstancias por las que atravesaba el gobierno del estado, no hubo forma de que se nos diera un nuevo local. Entonces se decidió que permaneciera en los locales que venía ocupando y que efectivamente son propiedad del licenciado Valentín López".

-¿No es una circunstancia anómala?

-Normalmente esto no puede ser por ley, pero hay un acuerdo mediante el cual no sólo se prestara el local, sino que don Valentín también abriera su propio acervo para que los investigadores del instituto hagamos publicaciones.

d) El presupuesto asignado al instituto en el año 2000 no fue ejercido en su totalidad: "Que yo sepa se ha ejercido hasta el último centavo porque está de acuerdo con un programa anual, entonces si no se ejerciera no se cumpliría con el programa".

e) La plantilla de personal no fue autorizada por la oficialía mayor del gobierno del estado: "Fue autorizada al momento en que se aprobó la ley. La estructura está aprobada, el problema es que no existe un documento específico al respecto. La plantilla fue autorizada cuando el Instituto era Centro de Documentación".

-La pobreza del acervo del Instituto contrasta con el gran acervo que posee Don Valentín y algunos historiadores señalan que ahí hay una veta por estudiar a la que no se tiene acceso. Como si la historia de Morelos estuviera secuestrada.

-Yo no lo diría así. Quien hace una investigación en un momento dado hace su propio acervo. Don Valentín publica para el gobierno del estado lo que tiene en su propio acervo y decide en un momento dado a quien prestárselo o no prestárselo. El sabrá lo que hace con sus documentos. Creo que está en su derecho. ARTURO GARCIA HERNANDEZ