MARTES Ť 31 Ť JULIO Ť 2001

Ť Habrá recortes de 13 por ciento en jubilaciones y salarios, entre otras medidas

Aprueba Senado de Argentina ajuste económico

Ť La nueva ley también limita las acciones de amparo contra cualquiera de las disposiciones

STELLA CALLONI CORRESPONSAL

Buenos Aires, 30 de julio. Los mercados optaron por la cautela este lunes, ante la imposición de un impopular ajuste en este país, a pesar de que el Senado argentino, bajo una presión inusitada y después de una agotadora sesión que terminó en la madrugada, aprobó el proyecto de ley para lograr un déficit cero, que dispone un piso de 500 pesos (dólares) para recortes de 13 por ciento en jubilaciones y salarios, entre otras medidas.

La bolsa subió en la mañana, pero cerró con una baja de 0.91 por ciento.

Bajo presión del exterior, el gobierno del presidente Fernando de la Rúa a su vez presionó hacia dentro de su propio partido: desde ayer movilizó a todo el gabinete para congregar en la Cámara al mayor número posible de senadores de la oficialista Unión Cívica Radical (UCR).

En arduas negociaciones, el gobierno logró que el opositor Partido Justicialista (PJ) diera el quórum necesario, aunque estos senadores votaron en contra y atacaron el proyecto oficial durante el debate. Pero los hombres del PJ posibilitaron así que la ley saliera finalmente, ignorando la sanción de diputados que disponía un piso de mil pesos (igual en dólares) para los recortes.

El ministro de Economía, Domingo Cavallo, sobre el que cayeron las expresiones más duras en la Cámara, tanto del PJ como de senadores radicales, que finalmente mantuvieron la suficiente disciplina para apenas desempatar el resultado, festejó hoy lo que considera un triunfo: lograr que lo que impuso por decreto se convierta en ley, con lo que tratará de detener la avalancha judicial contra el ajuste, ya declarado ilegal en varios juzgados laborales.

El recorte de salarios se aplicará a la Administración Pública, organismos descentralizados, centralizados y entes autónomos y se extenderá a los Poderes Legislativo, Judicial y Ministerio Público, los cuales tendrán autonomía para definir los alcances de los recortes.

No sólo es impopular esta medida, sino también la de autorizar al Ejecutivo a ampliar el ajuste hacia las cajas de ahorro, y derogar exenciones del impuesto de seis por mil sobre las transacciones de débitos y créditos, y en la que quedan incluidas todas las entidades regidas por la ley de Entidades Financieras, los movimientos de fondos propios o de terceros, aún en efectivo, pese a que el gobierno prometió en la tarde que no tocaría las cajas de ahorro. Quedarán exentas las cuentas en las que se pagan sueldos o jubilaciones, pero sólo en lo referente a estas operaciones, y ahí está la "trampa", ya que se obliga a todos a tener tarjetas de débito que les darán nuevamente ganancias agregadas a los bancos.

También se modifica la Ley del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para que la liquidación se realice sobre el valor de los percibido y no de lo devengado, postergándose hasta 2002 la devolución de ganancias que había sido dispuesta por el gobierno para salarios de más de mil 500 dólares. Aunque se aumentan cuatro puntos las contribuciones patronales, no se derogó el pago a cuenta de ganancias que benefician a las empresas privatizadas de servicios, entre otros.

Se incrementará 21 por ciento la cuota de IVA a la Tv por cable, suspendiéndose hasta el 31 de diciembre de este año la reducción del impuesto a las gasolinas que se había comenzado a aplicar por decreto el mes pasado. Los puntos más duros y que provocaron la inmediata reacción de diversos sectores de la sociedad están en aquellos que indican que cuando los recursos presupuestarios "no fueran suficientes para atender la totalidad de los créditos presupuestarios previstos", se reducirán proporcionalmente los créditos correspondientes a la totalidad del sector público nacional, para mantener el equilibrio entre gastos operativos y recursos de presupuestos".

Otros agregados determinan la dureza de la ley, ya que está previsto afectar sueldos, haberes, adicionales, asignaciones familiares, jubilaciones, pensiones, "así como aquellas transferencias que los organismos y entidades receptoras utilicen para el pago de dichos conceptos."

De esta manera, la absoluta prioridad la tendrá la deuda externa y si no se recauda lo suficiente, se ajustará hacia abajo. La ley también limita las acciones de amparo contra cualquiera de las disposiciones y se dictamina que "serán improcedentes", además de que se advierte que los jueces no podrán dictar medidas cautelares "que perturben los recursos presupuestarios del Estado".

Sin embargo, ya están en marcha numerosos amparos que de no tener respuestas aquí buscarán el camino de la justicia internacional.